El Gobierno ha expulsado desde 2004 a 100 yihadistas por “seguridad nacional”

El Gobierno ha expulsado de España por motivos de “seguridad nacional” a un centenar de yihadistas de cinco nacionalidades detenidos y condenados por financiar y colaborar con Al Qaeda y otros grupos salafistas vinculados a la yihad global. A todos ellos se les considera una “amenaza” y se les ha prohibido volver a pisar territorio nacional durante un periodo de 10 años. Ninguno ha regresado.

La política de expulsiones, gota a gota y en silencio, se inició tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que causaron 192 muertos y 1.852 heridos en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. Pretende alejar de España a personas consideradas “muy peligrosas” y prevenir nuevos ataques y atentados, según asegura una fuente autorizada del Ministerio del Interior. Solo en 2013 y 2014 se ha expulsado a 29 personas vinculadas a Al Qaeda.

Los yihadistas expulsados son marroquíes, argelinos, sirios, tunecinos y paquistaníes que vivían en España, algunos casados con españolas. Han sido conducidos a un avión y trasladados a sus países de origen tras cumplir su sentencia o archivarse su causa. “No hay constancia de que ningún expulsado por terrorismo yihadista haya regresado”, afirman fuentes del Gobierno.

También se han producido expulsiones por sustitución de penas de prisión. En esta modalidad, los reclusos han aceptado abandonar el país a cambio de dejar de cumplir una parte de su condena. “Preferimos que se vayan a miles de kilómetros a que sigan aquí pergeñando cosas nada buenas”, asegura un juez de la Audiencia Nacional. El Código Penal establece que las condenas de menos de seis años se pueden sustituir por la expulsión cuando el recluso ha cumplido las dos terceras partes de su pena. Otro grupo menos numeroso ha salido de España al ser objeto de una petición de extradición.

La ley sobre libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE y de otros Estados establece que cuando la expulsión se adopte por razones de orden público o de seguridad ciudadana deberá estar basada en la conducta personal y constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave. El Gobierno y los jueces apoyan sus decisiones en informes del Centro Nacional de Inteligencia o del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la policía.

Las expulsiones se producen no sólo en los casos en los que el yihadista ha cumplido su condena. También hay casos en los que los jueces acuerdan un sobreseimiento provisional, pero el yihadista permanece en España de manera irregular y se le ha incoado un procedimiento de expulsión por la Delegación del Gobierno.

Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional y responsable de las investigaciones sobre terrorismo yihadista, explica por qué la fiscalía apoya, en ocasiones muy concretas, las peticiones de expulsión: “Como política preventiva no estoy de acuerdo. Como respuesta a una actividad que puede conllevar un peligro para la seguridad nacional sí estoy a favor. Hay casos en los que no logramos las pruebas, pero sí los indicios de que una persona mantiene una actividad que puede ser peligrosa. Intentamos establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales y esta medida tan severa. Lo valoramos con mucho cuidado y apoyamos la expulsión solo si hay un procedimiento administrativo y concurren determinadas circunstancias”.

Interior es taxativo en su defensa de las expulsiones. “Si después de cumplir condena no se les expulsara cabe el riesgo de que vuelva a su actividad terrorista anterior, posiblemente más radicalizado y adoptando medidas de seguridad lo que dificultaría su posterior control en el supuesto de que se reintegrara en una organización terrorista”, explica la fuente.

Sobre los yihadistas que quedan en libertad por falta de pruebas el funcionario de Interior añade: “Son controlados por las fuerzas de seguridad que comprueban cómo llevan a cabo una serie de actuaciones que muchas veces son difíciles de encuadrar en una modalidad delictiva: recaudan dinero, lo envían al exterior, hacen proselitismo, reclutan adeptos, pero pese a ello es complicado obtener los elementos probatorios para conseguir una condena. Si estos hechos se prolongan en el tiempo, el grupo cada vez es más fuerte y la situación irá a peor cuanto más perdure”.

Los trámites de expulsión pueden durar años. Mohamed Needl, sirio de 48 años, casado con Nayat, una ceutí dueña de la casa de Morata de Tajuña donde los terroristas montaron las bombas que explotaron en Atocha, teme su expulsión. Es padre de cinco hijos españoles, vive aquí desde hace 20 años y dirigía una empresa de reformas. Cumplió ocho años de prisión por pertenencia a una célula yihadista de sirios a la que se vinculó con el 11-S. Ahora, el juez le considera “un individuo altamente peligroso” para la seguridad nacional. “No sé que va a ocurrir. Sobrevivimos sin ayudas. Mis hijos están integrados. Enviarme a Siria es mandarme a la muerte”, asegura Needl. “Hemos pedido la suspensión”, dice su abogado, José Luis Abascal. Interior responde que en los casos de personas expulsadas a países donde no se respetan los derechos humanos “siempre tienen la opción de solicitar el asilo”.

La expulsión de Nouh Mediouni, un argelino de 24 años que vivía en Zaragoza, fue inmediata pese a que el juez Santiago Pedraz sobreseyó su causa. El joven manifestó en su cuenta de Facebook su deseo de convertirse en mártir de la yihad e intentó, sin conseguirlo, integrarse en una célula de Al Qaeda en el Magreb Islámico.