El Gobierno expulsará por seguridad a dos ex presos islamistas del 11-S

El 17 de septiembre de 2010 era una fecha mágica para Mohamed Zaher, de 43 años, preso en la cárcel granadina de Albolote. Ese día cumplió una pena de ocho años y medio por pertenencia a banda armada (Al Qaeda) y soñó el fin de su pesadilla. Pero la libertad que disfruta desde el pasado viernes se ha convertido en lo que él y su familia consideran una nueva condena: su expulsión a Siria, su país de origen, un territorio que aterroriza a los que han sido condenados por delitos similares.

España acordó la expulsión de Zaher y de Mohamed Needl, otro sirio de 45 años, por "razones de orden público y seguridad ciudadana" pese a que ambos están casados con españolas y los dos tienen hijos nacidos aquí. Ahora, disponen de 35 días para salir del país, pero sus abogados no descartan que antes de que se cumpla ese plazo sean detenidos y llevados por la fuerza al aeropuerto de Damasco.

Ambos están casados con españolas y tienen hijos nacidos aquí

Amnistía Internacional denuncia las entregas a Damasco

Zaher y Needl fueron condenados a la misma pena por su pertenencia a la célula de Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, presunto fundador de Al Qaeda en España. Ellos y otros 12 condenados protagonizaron el primer macrojuicio contra el terrorismo islamista en España por la presunta vinculación de Abu Dahdah con el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El Tribunal Supremo rebajó las penas de la Audiencia Nacional y desestimó que los procesados estuvieran relacionados con el ataque, pero fueron condenados por pertenencia a banda armada. A los dos expulsados se les acusó de viajar a un campo de entrenamiento terrorista en Bosnia.

Zaher, casado con una ceutí y padre de un niño, recibió el pasado jueves su último mazazo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada le comunicó el rechazo a su recurso con el argumento de que impera el orden público y la seguridad ciudadana sobre cualquier otro derecho. "Pedimos que se respete el derecho a la vida de mi defendido, pero no han tenido en cuenta los informes que presentamos de Amnistía Internacional sobre el maltrato que reciben en Siria los presos y detenidos", dice su abogada.

La ley sobre libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE y de otros Estados establece que cuando la expulsión se adopte por razones de orden público o de seguridad ciudadana deberá estar basada en la conducta personal y constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave. La condena penal no es determinante, según argumenta el recurso de la defensa, que asegura no se "acredita por qué motivo hoy en día sigue siendo peligrosa su permanencia en nuestro país".

Mohamed Zaher obtuvo el segundo grado penitenciario en 2008; entonces salió de la prisión de Albolote para trabajar en Coema, una cooperativa, donde era carpintero antes de ser detenido en 2001. Para obtener ese beneficio firmó una declaración de rechazo a la violencia. "Se la entregué al juez Baltasar Garzón que fue quien instruyó el caso", recuerda.

Desde hace un año Zaher ha dormido en el Centro de Inserción Social de Granada; durante el Ramadán regresaba a medianoche. "¿Qué pesquisas se han realizado y dónde constan para concluir que no se ha reinsertado?", pregunta el recurso rechazado. La defensa del ex preso recurrirá el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La esposa de Needl y sus cuatro hijos viven en Madrid una inquietud similar a la de Zaher. "A mi marido le comunicaron la expulsión hace tres semanas en prisión. Estamos esperando", se lamenta.

La célula islamista a la que pertenecían Zaher y Needl fue investigada por Garzón. Según la sentencia, sus actividades se centraban en el proselitismo, la captación en España de muyahidin para enviarlos a campos de entrenamiento terrorista en Bosnia. Chechenia y Afganistán, y la financiación de la yihad.