El Supremo confirma la pena de 16 años al exconseller balear José Juan Cardona
El exdirigente del PP se quedó con patrimonio público del Consorcio de Desarrollo Económico Es la pena más alta a un político condenado por corrupción en las Islas Baleares
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este jueves la condena de 16 años de cárcel a José Juan Cardona, antiguo hombre fuerte del PP en Ibiza y Formentera y consejero de Comercio, Industria y Energía de dos ejecutivos de Jaume Matas en dos legislaturas distintas (2003-2007). Es la pena más alta que se ha dictado en Baleares contra un político por un escándalo de corrupción. Cardona fue condenado el 30 de julio de 2013 por varios delitos de corrupción por liderar una trama por la que fueron desviados más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas. El político del PP tendrá que pagar además 2,2 millones de euros.
La condena fue dictada por delitos de asociación ilícita, cohecho, cobro de comisiones en metálico y en facturas falsas, malversación de caudales, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad de documento mercantil y fraude a la Administración. Un día después de que la Audiencia Provincial de Baleares hiciese pública su sentencia el tribunal decretó, a petición de la Fiscalía, prisión provisional sin fianza para Cardona. Desde entonces está ingresado en la cárcel de Ibiza.
El alto tribunal recuerda que la Audiencia actuó de forma correcta al aplicar la ley, y considera proporcionada la pena porque Cardona formó una "estrategia de acecho al patrimonio público" para incorporarlo "a su patrimonio personal y al de sus colaboradores".
Ninguno de los otros 15 condenados recurrió
Otras 15 personas fueron condenadas por el caso y ninguna de ellas recurrió al Supremo. En el juicio el fiscal Pedro Horrach declaró que el exconsejero de Comercio "era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas". También fueron condenados el exdirector general de Promoción Industrial del Gobierno balear Kurt Viaene (a cinco años y cinco meses de prisión), la exgerente del Consorcio Antònia Ordinas (a cuatro años y dos meses), y el empresario, exconcejal de Lloseta y sobrino político de Matas, Felipe Ferré (tres años y nueve meses). También están en prisión cumpliendo sus condenas.
Los exaltos cargos urdieron el expolio del Consorcio de Desarrollo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales colocaban a testaferros, y a las que otorgaban numerosos contratos. Utilizaban empresas existentes que pasaron a controlar; exigían y cobraban comisiones a proveedores de la institución, y organizaban fiestas en las que participaba el propio Consorcio.
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