El Gobierno pide a la fiscalía que actúe contra el odio en Twitter

El Gobierno impulsa una ofensiva legal contra los mensajes de Twitter que incitan al odio y la violencia, intensificada a raíz sobre todo de los insultos y amenazas que algunos escribieron en la red social contra dirigentes del PP tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. El Ministerio del Interior ordenó hace un mes una operación para "limpiar la red" de mensajes insultantes que ha derivado en la detención de 23 personas.

Los ministerios de Justicia e Interior han solicitado apoyo y asesoría a la fiscalía para poder actuar contra los autores de mensajes de Twitter en los que el Gobierno considera que se incita a la violencia y al odio. En concreto, los secretarios de Estado de Interior y de Justicia, Francisco Martínez y Fernando Román, respectivamente, se reunieron el pasado lunes por la mañana con la fiscal de sala coordinadora en materia de Criminalidad Informática: Elvira Tejada de la Fuente. Según fuentes oficiales de Justicia y de Interior, la reunión sirvió "para ver el alcance y desarrollo de los casos, con el fin de estudiar si la legislación actual es o no suficiente". Añaden que evaluaron los casos conocidos y las actuaciones de la justicia.

Los responsables de Justicia e Interior plantearon a la fiscal la búsqueda de fórmulas jurídicas con las que actuar contra esos mensajes en la red. La fiscal les expuso la dificultad de actuar de forma generalizada y les pidió prudencia para que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervengan analizando cada uno de los casos de manera aislada, sin mezclar los diferentes contenidos.

En teoría, el catálogo de delitos aplicable es extenso y similar al que se utilizaría para otro tipo de actuaciones fuera de Internet. Incluye las amenazas, las injurias, las vejaciones y, en casos extremos, la apología, que ya son aplicables al margen de las redes sociales.

La representante del ministerio público rechazó ante los secretarios de Estado la posibilidad de que se aplique de forma generalizada el delito de incitación al odio, que en algún momento el Gobierno ha considerado posible utilizar para estos supuestos.

Este delito prevé penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para "quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad". Alguno de los tuiteros detenidos en los últimos días ha sido imputado por un juez por este delito de incitación al odio.

La reforma del Código Penal que se tramita en este momento en el Congreso mantiene esa redacción y sólo introduce como agravante el uso de Internet para difundir estos mensajes, especialmente los que suponen negación del Holocausto.

La tesis de la fiscal fue también que no se puede actuar desde el ministerio público por injurias, porque en esos casos sería necesaria una denuncia de parte, al no ser un delito perseguible de oficio. La otra posibilidad es utilizar el delito de amenazas. En este caso, debería entenderse como amenazas graves, porque si no sería una falta y, como tal, no sería posible practicar detenciones. En todo caso, es precisa también la denuncia de parte. La reforma del Código Penal despenaliza las injurias leves y las amenazas no graves, que ahora son faltas, por lo que las remite a la vía civil o a juicios de conciliación. Varios de los detenidos en los últimos días han sido acusados en algunos casos de apología de asesinato y en otros de delitos contra la integridad moral (vejaciones graves) y de incitación al odio.

El delito de apología del asesinato requiere que haya una relación casi de causa efecto entre el mensaje y el hecho delictivo que se supone que ensalza. En concreto, al artículo 18 del Código Penal lo define como "la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito".

A raíz de los comentarios tras el asesinato de Isabel Carrasco, el Gobierno aseguró que estudiaría la forma de perseguir esos hechos como delitos de odio y apología. "Entendemos que esas conductas, en la medida que incitan al odio, deben ser perseguidas. Por eso vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión, el derecho de información, pero también el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y su seguridad", aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández.

En la reforma del Código Penal que se tramita, el Gobierno no ha incluido ninguna reforma de este tipo de delitos realizados desde las redes sociales. Y ninguno de los más de 20 juristas que han comparecido en el Congreso para hablar de ese proyecto han pedido cambios en esta regulación.