“El Gobierno quiere una mayoría silenciosa y minorías silenciadas”

En fila. Colocados frente a la Delegación del Gobierno de Madrid, en el número 25 de la calle de Miguel Ángel. Y con los labios sellados por un papel amarillo que reza: "Ley Mordaza. No pienso callarme". Unos 30 activistas de Amnistía Internacional (AI) se han concentrado este martes contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. "Porque este Gobierno quiere una mayoría silenciosa y minorías silenciadas", ha explicado Eduardo Sanzo, un prejubilado de 61 años que se ha sumado a la protesta. Un acto que se enmarca dentro de la campaña impulsada por la ONG para denunciar la "creciente restricción" en España del derecho a manifestación, como ya apuntó la semana pasada en la presentación del informe El derecho a protestar, amenazado.

Parapetados con pancartas —con el lema Ni leyes, ni políticas, ni prácticas que recriminan la libertad de expresión y reunión— los concentrados han leído un manifiesto contra el Ejecutivo: "Se han aumentado la sanciones administrativas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza [policial] contra personas que se manifestaban pacíficamente". Palabras que se han escuchado minutos antes de que dos de ellos intentaran entregar, sin éxito, el estudio a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. "Como representante en la ciudad del Ministerio del Interior", ha subrayado la presidenta de AI en Madrid, Cecilia Denis, que finalmente se ha dirigido al registro de la institución para dejar el informe.

"El Gobierno no está asegurando la libertad de expresión. Por eso estamos aquí", ha sentenciado la portavoz de Amnistía. A su lado, Oscar Paz, de 48 años. "Esta nueva Ley y las acciones actuales del Ejecutivo son una forma de reprimir a los ciudadanos", sentencia este auditor madrileño: "No quieren que la gente se manifieste y la solución que han encontrado es multarnos".

Con la iniciativa de este martes, convocada de forma paralela en otras tres ciudades —Jaén, Badajoz y Sabadell, ha remachado la ONG—, Amnistía ha comenzado una oleada de protestas que se repetirán en los próximos días en otras 33 localidades. "Exigimos al Gobierno que revise esa nueva Ley, que restringirá derechos y se usará para disuadir a la gente de salir a manifestarse", ha destacado Denis, que ha calificado de "preocupante" las propuestas de cargos públicos de Madrid, como Ana Botella, de limitar las protestas ciudadanas a determinados espacios urbanos. "La gente tiene que poder concentrarse en un lugar visible, donde su mensaje llegue a los medios de comunicación, a la ciudadanía y, por supuesto, a los políticos", ha concluido la presidenta local de AI.

Esta organización ha denunciado un "uso abusivo" de sanciones a los manifestantes. De hecho, en su informe recoge, entre otros datos, que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1.117 sanciones en 2012; que la comisión legal de Sol verificó 957 multas por "más de 300.000 euros" entre mayo de 2011 y abril de 2013; y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acumula más de 40.000 euros en sanciones. Una tendencia que Marina Betete, madrileña de 25 años, considera inaceptable. "Por eso estamos aquí. Porque esta es una reivindicación justa", explica esta joven periodista en paro, mientras sujeta una pancarta y se prepara para sellar sus labios. Pero solo durante unos minutos. Y de forma simbólica.