Andalucía legisla con el apoyo de alcaldes del PP para tumbar la reforma local

La reforma de los Ayuntamientos que el Parlamento aprobó el pasado diciembre se vuelve más y más difusa. Las comunidades de Galicia, Castilla y León, Cataluña y ahora Andalucía levantan sus propios muros de contención para frenar su avance con el apoyo de los alcaldes del Partido Popular. Con ello dejan claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cometido un grave error de cálculo al plantear una medida tan compleja, que recorta competencias locales y traspasa la responsabilidad de su financiación a las autonomías —y que según el Gobierno va a ahorrar 8.000 millones— sin contar con los ediles de sus propias filas.

El Consejo Andaluz de Concertación Local, un organismo consultivo paritario formado por la Junta andaluza y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP) presidida por el PP, respaldó este lunes el proyecto de decreto que protegerá las competencias estatutarias de Andalucía sobre sus Ayuntamientos. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, explicó que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso que su Gobierno ha presentado contra 23 artículos de la ley local, trabajará para que se mantenga la normativa andaluza, basada en una ley propia de Autonomía Local (Laula) y otra de financiación (Patrica). Ambas emanan del Estatuto de Autonomía.

Fuentes municipales constatan el miedo de los alcaldes populares a perder competencias, lo que ha allanado el camino del acuerdo con la Junta firmado ayer. En Andalucía el PP gobierna en las ocho capitales, en cinco diputaciones (excepto Sevilla, Huelva y Jaén), y en 19 de las 20 primeras ciudades (excepto el municipio de Dos Hermanas, del PSOE). Fue la primera comunidad autónoma en recurrir ante los tribunales la reforma local. La Junta cuestiona la imposición de medidas a los Ayuntamientos que no sean financieramente sostenibles; el régimen de fusiones entre dos municipios; el “desapoderamiento” de los plenos para aprobar los presupuestos o la atribución de un mayor poder a las diputaciones provinciales a la hora de coordinar los servicios básicos de los pueblos de menos de 20.000 habitantes.