caso urgandarin

Urdangarin niega delitos fiscales y señala a las empresas de las que fue asesor

Hacienda, fiscalía y Abogacía del Estado le acusan dejar de pagar 337.143 euros en 2007 y 2008

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en 2008.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en 2008.JOSEP LAGO / AFP

“Si se han cometido irregularidades administrativas” ante Hacienda, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, esposo de la Infanta Cristina, asegura que “afrontará, por ser de Justicia”, las cuantías reclamadas, “con cuota, intereses y sanciones que le gire la Agencia Tributaria”. El imputado asume así posibles errores y olvidos -que atribuye a las empresas que le pagaron como consejero-, pero no ve ningún indicio de los delitos que se le achacan.

Hacienda asegura que en 2007 Urdangarin dejó de pagar 182.005 euros, lo que en el escrito del duque se califica de “una cuota no ingresada”. En 2008 la cuota evadida fue de 155.138 euros. Ambas partidas sobrepasan el techo de la irregularidad, los 120.000 euros anuales que marcan la cuota delictiva.

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El yerno del Rey niega ser un defraudador fiscal delictivo -como le acusa la Fiscalía desde enero de 2013- y ha formulado un nuevo escrito de defensa ante el juez del caso Nóos, en que él y su cónyuge están imputados por supuesta corrupción. Urdangarin asume posibles errores pero, mediante un extenso despliegue de sentencias sobre casos semejantes, intenta rebatir los argumentos de los tres representantes del Estado (Fiscalía, Hacienda y Abogacía estatal) que consideran que cometió sendos delitos fiscales, en los años 2007 y 2008. El duque asegura, con sus interpretaciones, que en cada una de las anualidades cuestionadas no supera la cuota delictiva.

La acusación formal nace de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que toma como base los expedientes de la Agencia Tributaria y los análisis jurídicos de los abogados del Estado. Durante varios meses de 2012 e incluso con anterioridad, los inspectores de Hacienda sometieron a procedimientos de inspección las cuentas de Aizoon y de Urdangarin y negociaron con sus representantes. Estos procesos desembocaron en la acusación penal.

El esposo de la Infanta sostiene que "es económicamente inverosímil" que no se le computen gastos deducibles al desarrollar su actividad profesional de asesor, que son "gastos claramente imputables". Evoca el principio constitucional de legalidad, con la garantía material de taxatividad o certeza. Recuerda, en otro sentido, que están "prohibidas" las interpretaciones "contra reo".

La defensa del duque reprocha a Hacienda que utilice un "alambicado argumento" y le exige una interpretación "penal rigurosa". Resalta que fueron las empresas que le pagaron como asesor o consejero al duque las que “debieron” retenerle las cantidades correspondientes del impuesto de la renta o por sus servicios profesionales. Los juristas y fiscalistas que asesoran al exjugador del Barça de balonmano indican a las acusaciones que deben “rectificar sus iniciales denuncias, informes y solicitudes de imputación”.

Urdangarin, con su escrito, “quiere contrarrestar los indicios que se han vertido o aportado” por la administración tributaria para articular una calificación de supuesto delito. Los ingresos que facturó los generaba por la presencia del duque como asesor o consejero de grandes marcas y compañías. Urdangarin facturó esos pagos –que eran rentas personales del trabajo- a través de la empresa familiar Aizoon, compartida con la Infanta, de forma que consignó impuestos societarios y evitó una tributación más alta.

El juez José Castro también mantiene la existencia de indicios ciertos de dos delitos fiscales en el duque de Palma y sopesa en qué medida puede mantener hasta el final su actual imputación contra la infanta Cristina por fraude fiscal y también por un posible (aunque menos) delito de blanqueo de capitales.

En este escrito del duque de Palma -conocido hoy por las partes- se contraatacan las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado y los expedientes de la Agencia Tributaria. Los tres brazos acusadores consideran que el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, sí es presunto autor de sendos delitos fiscales, por sus declaraciones supuestamente fraudulentas del Impuesto de la Renta. Los tres brazos, a la vez, descartan la existencia de indicios de la hija del Rey, la Infanta Cristina.

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