El Tribunal de Estrasburgo cuestiona el sistema de asilo vigente en España

"Ha habido una violación del artículo 13 de la convención europea de Derechos Humanos". Con estas contundentes palabras, el Tribunal de Estrasburgo ha cuestionado el sistema legal de asilo vigente en España. Y lo ha hecho con una sentencia emitida este martes y tras abordar el caso de 30 saharauis para los que se decretó su expulsión tras llegar en patera a Canarias en 2011 y 2012. Los magistrados han considerado probado que la administración vulneró entonces el derecho de recurrir la decisión por parte de los inmigrantes, que habían solicitado quedarse en el país ante el temor de sufrir la represión de Marruecos. Es la primera vez que la corte reprende a España por las devoluciones de extranjeros.

"Los jueces han dictado este fallo por la inexistencia en nuestra legislación de una fórmula que, con efecto automático, paralice la devolución de este tipo de demandantes hasta que la decisión sobre su caso sea definitivo", ha explicado Paloma Favieres, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización que impulsó esta demanda en España y Europa. La letrada, que considera esta sentencia un "tirón de orejas al sistema legal de nuestro país", subraya que esta resolución del Tribunal debe "tener un impacto e incidir, desde ahora, en la práctica de la administración" en estos procesos.

Porque Estrasburgo —que ha insistido en que España debe garantizar la permanencia de los 30 saharauis en el país hasta que se resuelva su caso— también ha remachado que "el carácter acelerado del procedimiento no permitió a los demandantes aportar", antes de rubricar su expulsión, las pruebas que evidenciaran que se encontraban en una situación de urgencia que justificara la suspensión de esta devolución. 

El Tribunal ha sentenciado que España vulneró el artículo 13 de la convención comunitaria (el derecho a un recurso efectivo), en combinación con los 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes). "Aunque no entra a valorar si estos dos últimos preceptos se violaron o no", recalca Favieres. Pese a ello, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, remarca que esta resolución evidencia que "en las fronteras no se están garantizando los derechos de las personas solicitantes de asilo". Y, de hecho, la sentencia llega después de las críticas de las ONG al Gobierno de Rajoy por las devoluciones en caliente que se realizan en Melilla.

En las fronteras no se están garantizando los derechos de las personas solicitantes de asilo Estrella Galán, portavoz de CEAR

Los 30 saharauis, en dos grupos de 13 y 17 personas, alcanzaron Canarias en patera entre enero de 2011 y agosto de 2012. Estos habían huido del desmantelado campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún. "Temían que la policía marroquí los persiguiera tras su participación en los hechos ocurridos en 2010", apunta CEAR. Más de 20.000 personas se concentraron para exigir mejoras sociales, hasta que se desmontó el campamento con una intervención que acabó con la muerte de 11 agentes y una violenta represión.

Una vez en suelo español, los saharauis solicitaron asilo en el país, pero Interior rechazó esta petición tras calificarla de "contradictoria e insuficiente" —el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló, en cambio, que era "coherente" y contenía "indicios suficientes" para aceptarla—. Una decisión que CEAR recurrió ante la Audiencia Nacional, para que se suspendiera la devolución hasta que se estudiaran los casos. Pero el tribunal tampoco admitió sus alegaciones. Solo entonces, con la entrada en juego de la Corte europea, se impidió que se ejecutaran las expulsiones, ya que decretó su paralización.