La Europa del Sur pide apoyo financiero a la UE para frenar la inmigración ilegal

Siete ministros de Asuntos Exteriores dieron este miércoles en Alicante un “toque de atención” a la Unión Europea para exigirle “más dinero, más recursos y orden en las fronteras” para controlar la inmigración irregular, según resumió el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

En una reunión informal, que busca resucitar el antiguo Grupo del Olivo, los ministros de Francia, Italia, Grecia, Chipre, Malta, Portugal y España, aprobaron, por unanimidad una declaración en la que piden a Bruselas “apoyo institucional y financiero para ayudar a los terceros países a devolver a los inmigrantes irregulares” y solicitan un “refuerzo” del control de las fronteras externas a la Unión Europea y “una mayor participación de los Estados miembros” contra este problema.

Tras el encuentro, celebrado durante unas dos horas en la sede de Casa Mediterráneo de Alicante, los responsables de la diplomacia en los países ribereños del sur de Europa, que ahora pasan a denominarse Grupo del Mediterráneo, consideran que Bruselas debe adoptar los instrumentos financieros necesarios que “actúen simultáneamente contra la presión migratoria y promuevan el desarrollo económico y social de los países de origen y de tránsito”.

La ministra de Asuntos Exteriores italiana, Federica Mogherini, retó a todos los países de la Unión de Europea a “hacer frente a este problema desde la raíz, dando estabilidad a los países de origen y de tránsito”. “La pobreza es la clave del problema, y es muy importante que todos los países europeos trabajemos juntos y no cada país por su cuenta”, dijo la ministra italiana. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, recalcó “el interés de toda Europa” en que estos países se estabilicen.

La declaración institucional arranca recordando “los trágicos acontecimientos que han tenido lugar recientemente en el Mediterráneo”, en alusión a la muerte de cientos de inmigrantes en octubre pasado cuando intentaban alcanzar la isla italiana de Lampedusa, y advierte de que la presión migratoria “lejos de disminuir, está aumentando”.

Tras recordar que los países del sur de Europa hacen “grandes esfuerzos” para afrontar este problema “en beneficio de toda la Unión Europea” y que los inmigrantes no pretenden quedarse en dichos países, sino trasladarse a otros Estados de la UE, reclaman “una mayor participación” de toda la Unión Europea.

Los ministros plantean una amplia batería de medidas concretas, “tanto a corto como a medio plazo”. Y proponen mantener y reforzar las fronteras externas de la UE, a través de la agencia Frontex; potenciar las capacidades de los países de origen y tránsito de la inmigración para controlar sus propias fronteras; luchar contra las redes de trata de seres humanos, potenciando la cooperación con terceros países; y potenciar “todas las formas de retorno y readmisión” de los inmigrantes irregulares, “en el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.

Además, los ministros abogan por apoyar a los países de tránsito para que puedan devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen; potenciar la migración legal con fórmulas como la “migración circular” (o migración de ida y vuelta); integrar la inmigración en la política exterior; dotar de financiación suficiente a las asociaciones de movilidad ya firmadas con Marruecos y Túnez y extenderlas a otros países africanos; y abordar las causas profundas de la inmigración, asociadas a la pobreza, la inestabilidad y la falta de respeto a los derechos humanos.

Los ministros mediterráneos piden que se promuevan acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito y reclaman a la Comisión Europea que haga “los esfuerzos necesarios para garantizar que los Estados africanos cumplen sus compromisos en materia de readmisión”.

Para que todas estas propuestas no queden ad calendas graecas, los ministros reclaman que sean abordadas en la cumbre europea de junio próximo, cuando debe definirse las orientaciones de la nueva legislación en materia de libertad, seguridad y justicia.

Durante la reunión también analizaron la crisis en Crimea, donde Rusia debe ser un “socio y no un adversario de la Unión Europea”, según el ministro García- Margallo.