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El Gobierno descarta limitar las manifestaciones a espacios concretos

Santamaría asegura que el Ejecutivo no ha solicitado informes jurídicos ni trabaja en ese sentido

Interior apoyó ayer la idea de restringir las protestas a "un lugar específico"

Botella propuso cerrar el centro de Madrid a los manifestantes

El Ejecutivo estudiará el informe del CGPJ para adaptar la ley de seguridad

El Gobierno descarta, de momento, limitar las protestas ciudadanas a determinados espacios urbanos como planteó la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, El Ejecutivo no ha solicitado  al Ministerio de Justicia ni al de Interior ningún informe jurídico sobre el derecho a manifestación. Así lo ha asegurado  la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros y un día después de que Botella propusiera cerrar el centro de la capital a los manifestantes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró ayer que resultaría “muy atinado” circunscribir el derecho a manifestarse a “un lugar específico”. 

La Moncloa, ha mantenido en cambio Santamaría, “no ha reclamado ninguna posición jurídica” al respecto ni está trabajando en esa dirección. No obstante, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno siempre defenderá la conciliación de los derechos de quienes se manifiestan y quienes deciden desvincularse de las protestas.

"En este derecho y en su ejercicio vamos a buscar en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, preservamos también los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados posibles", ha señalado la vicepresidenta al recordar que la Delegación del Gobierno tiene en cuenta loa itinerarios de las marchas y que en ocasiones (con el respaldo de los tribunales o sin su apoyo) ha modificado sus recorridos.

Santamaría, que ha rechazado con contundencia cualquier manifestación de violencia, ha pedido además a todas las fuerzas políticas que no hagan “matices” en esta cuestión y que se sumen al Ejecutivo. También se ha pronunciado sobre la ley de seguridad ciudadana después de que el Consejo General del Poder Judicial cuestionara la constitucionalidad de algunos aspectos contemplados por el anteproyecto, dejando claro que el Ejecutivo está dispuesto a moficiar el texto.

El informe del órgano de gobierno de los jueces, por ejemplo, critica la regulación de cacheos a ciudadanos en la calle (“es imprecisa e incompleta”) y cree que estos se puedan hacer con la finalidad de “sancionar infracciones” pero sin delimitar si se persigue un delito o un problema administrativo. Y considera que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas del orden y en ningún caso, en contra de lo que propugna la citada normativa, de los vigilantes de seguridad.

“El Gobierno”, ha señalado, “ha presentado un proyecto de ley de seguridad ciudadana” después de que “los cambios del código penal hayan hecho que algunas conductas con castigo penal hayan dejado de ser consideradas como delitos o faltas y sean consideradas como un reproche inferior, una sanción administrativa”. En cualquier caso, la vicepresidenta ha admitido que si “indudablemente si el CGPJ considera que algunos preceptos deban ser adaptados, lo estudiaremos con el máximo interés y por supuesto siempre dentro del marco de la Constitución”.

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