La comisión jurídica del 22-M exige la puesta en libertad del único preso

Los organizadores de la Marcha de la Dignidad no piensan rendirse. La Comisión de Coordinación del 22-M defiende cuatro ideas principales que reflejan la estela que ha dejado la manifestación del pasado sábado en Madrid, que concluyó con disturbios violentos: exige la libertad del único de los 24 detenidos que sigue en prisión preventiva; demanda que se investigue la actuación policial; condena la violencia, y pide que los altercados no distorsionen el verdadero objetivo de su movilización: reclamar pan, comida y techo.

Jesús Calpe, abogado del encarcelado -Miguel M. S.-, asegura que no existen pruebas claras de las supuestas palabras de su cliente: "Voy todo de subidón porque en las cargas de Recoletos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo...". El letrado no niega que un policía fuera herido y tuviera que ser atendido de una gran brecha en la cabeza, pero asegura que no existe ninguna prueba videográfica de que el culpable haya sido su defendido. "Hoy en día todos tienen un móvil, cualquiera pudo tomar una foto inculpándolo, y hasta ahora nadie ha presentado ninguna imagen", asegura el abogado. "Estoy convencido de su inocencia. Creo y espero que Miguel salga libre lo antes posible", puntualiza.

Junto al letrado, en una rueda de prensa convocada este viernes, la Comisión Jurídica del 22-M ha exigido que se investigue la actuación de las fuerzas de seguridad más amplia que la que ha ordenado el Ministerio del Interior. "Los fallos en el dispositivo policial fueron evidentes desde antes de las primeras cargas en Colón. La actuación policial posterior fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra los manifestantes. Un total de 108 personas fueron asistidas por los servicios sanitarios con heridas de considerable gravedad", ha denunciado Libertad Jiménez, una de las abogadas del movimiento.

Los letrados del movimiento han mostrado su malestar por la difusión de imágenes de supuestas armas incautadas a los manifestantes, como una muleta espada; y ha asegurado que en torno a las 20.40 del sábado pasado, unidades de Antidisturbios irrumpieron en la madrileña Plaza de Colón, pese a que la protesta tenía permiso para estar en la calle hasta las 21.30. "La totalidad de personas que se encontraban en ese momento mantenían una actitud tranquila y pacífica", aseguran los abogados. También denuncian el uso de gases lacrimógenos "inusuales en movilizaciones sociales en la ciudad y utilizadas por primera vez desde hace dos años", y de las pelotas de goma, "prohibidas en la mayor parte de la Unión Europea".

Por último, la Marcha de la Dignidad pide una investigación para esclarecer el trato recibido por los arrestados en comisaría, que aseguran, fueron obligados a pasar hasta siete horas de pie y con los brazos en alto, sin poder ir al baño en las primeras 24 horas, y sin comida.

Rafael Escudero, miembro de la Comisión de Coordinación de la Marcha, ha condenado la violencia. "Pero toda la violencia, la de los policías, la de aquellos que iniciaron los altercados, y también la del Estado: dejar a personas sin pan, sin casa, sin educación y sin servicio sanitario, también es violencia", asevera. La teoría de esta comisión respecto al inicio de los disturbios violentos es la de "un montaje elaborado por el Gobierno". 

Las cargas se iniciaron, según explica Escudero, cuando tres personas llegaron a la plaza de Colón con una bandera negra que no se había visto durante la protesta. "Estos hombres tiraron tres petardos y entonces seis coches de policía bajaron hacia nosotros. Estos no se dirigieron contra los tres encapuchados, sino contra todos los que nos manifestábamos pacíficamente. Esta fue la chispa que desató todo. Aquellos que la hayan producido, son los culpables", deja caer.