Extranjerizar

Los rusófilos de Crimea no reivindican ni han votado la independencia sino, casi al revés, la dependencia-protección de Rusia ante la crisis de Ucrania, donde lo primero que hizo el nuevo Gobierno fue suprimir la cooficialidad de la lengua rusa. Esa crisis dio a Putin el pretexto para intervenir en defensa de la minoría rusa de Ucrania, que es mayoría en Crimea. Pero ningún otro país ha reconocido el referéndum del domingo por considerar que viola la Constitución de Ucrania, que no admite la divisibilidad del Estado.

Aquí, frente a las pretensiones del soberanismo catalán se recomendó al Gobierno que no se limitara a invocar la Constitución como barrera insalvable sino que defendiera las ventajas del sistema autonómico, capaz de dar satisfacción a más ciudadanos, evitar fracturas sociales traumáticas y favorecer la prosperidad económica. Pero el consejo se interpretó, y no solo por los soberanistas, en el sentido de que el Gobierno debería facilitar el referéndum de autodeterminación, salvando el obstáculo constitucional. Algo que puso fácil la respuesta de Rajoy: un presidente de España nunca podría hacer tal cosa.

Pero el prestigio de quienes idearon fórmulas jurídicas para hacerlo convenció a Mas de que la eliminación de ese obstáculo era un derecho, y sus asesores le prepararon un surtido de vías para conseguirlo. Estos días ha dicho que si el Estado sigue sin ceder utilizará la ley catalana de consultas, en tramitación, a fin de contar con un marco legal que ampare la consulta que se compromete a convocar (y a “sacar las urnas a la calle”) el 9 de noviembre. Sin descartar una proclamación unilateral de independencia.

Ambas posibilidades se sitúan en la órbita rupturista, pero así como su socio Junqueras, en la estela de la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), es favorable a la revolución instantánea, Artur Mas parece serlo de la revolución por etapas. La vía rápida de la ANC, que deberá culminar en un año, incluye movilizaciones que centren la “atención del mundo” y, tras la declaración de independencia, actos “de soberanía” como el control de “grandes infraestructuras y fronteras —puertos, aeropuertos—”, que se diría inspirados en Técnica del golpe de Estado, de Malaparte.

Sin renunciar a la presión en la calle, el proyecto de Mas sería agotar las posibilidades de legalización de la consulta y, con o sin autorización, convocarla de todas formas, a sabiendas de que será impugnada. Con ello sentaría un precedente (la convocatoria) y canalizaría el descontento contra el Gobierno y el Parlamento español con vistas a un próximo intento.

Entre las ideas que ha dejado estos días el exministro canadiense Stéphane Dion (el padre de la Ley de Claridad), de visita en España, figura que su país y el Reino Unido son casi los dos únicos Estados que admiten, por razones históricas propias, su divisibilidad; y que ello no significa que sean más o menos democráticos. Y tampoco que otorgue un derecho unilateral de secesión, que ningún país democrático reconocería. Y definió tal derecho como el que se arroga un sector de la población a considerar extranjeros a una parte —casi nunca menor del 40%— de sus ciudadanos.