Andalucía y Cataluña se plantan contra la reforma de la ley del aborto

La ley del aborto sigue siendo un tema de enorme fricción para el Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente no ha conseguido acallar el avispero que se ha generado en su propio partido por la reforma más restrictiva de la democracia en la materia. Una apuesta que le está costando cara —sobre todo a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón— en las encuestas. Ahora, tras el huracán —hasta la manifestación del día de la mujer ha sido histórica, por multitudinaria—, prepara algunos cambios apoyándose en los informes que ha encargado para recoger la visión de distintos organismos, y que están empezando a llegar a la mesa de Ruiz-Gallardón. Las dos comunidades más pobladas, Andalucía (gobierno socialista) y Cataluña (CiU) reclaman al Ministerio de Justicia la retirada del texto. Gallardón prepara cambios leves en el anteproyecto en relación al aborto por malformación. El ministro defendía que no pudiera alegarse específicamente esa razón para abortar pues la nueva norma la supedita a que la anomalía fetal suponga un riesgo para la salud psicológica de la mujer. Ese recorte es el que más críticas, y más duras, ha reunido.

El propio presidente del Gobierno ya abrió la puerta a esa opción hace unas semanas en el Congreso cuando argumentó que la nueva ley será “en lo sustancial” similar a la de 1985; una norma que incluía el supuesto de aborto por malformación fetal grave. Ahora, fuentes del Ejecutivo también apuntan en esa dirección, aunque añaden que todavía no se ha definido cómo se estructurará ese cambio.

Pero el retoque, que puede ser una fórmula para escenificar cierto consenso, no modificará en realidad la parte esencial de la ley. Esta seguirá siendo un modelo de supuestos muy restrictivo: elimina el derecho de la mujer a abortar sin alegar ninguna razón (permitido ahora hasta la semana 14 de gestación). Y eso es algo que elimina toda posibilidad de acuerdo con otros grupos parlamentarios. Ninguno, a excepción del PP —y algunos diputados de Uniò—, apoyará esa vuelta atrás.

Paso atrás. Esas críticas al retroceso que llegará nutren ya los informes de alegaciones al anteproyecto de ley que han elaborado las autonomías no gobernadas por el PP. Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña piden directamente su retirada. En los documentos que han llegado o llegarán a Justicia, las tres primeras rechazan la reforma por el “recorte” y la “regresión” que supondría en los derechos de la mujer. La última incide en que una ley de este tipo necesita un amplio consenso, y en que el aborto no puede utilizarse como herramienta de disputa partidista. Una visión similar a la del Gobierno vasco, cuyo portavoz la ha definido varias veces como “un paso atrás francamente incomprensible”.

Además de a las comunidades, Justicia ha remitido su Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada a organismos como el Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal —que han pedido prórroga para elaborar sus alegaciones—. También a los ministerios de Sanidad y de Educación, que no parecen tener prisa para pronunciarse pues aún no han enviado sus observaciones. Sí lo han hecho las organizaciones sociales, de mujeres y sanitarias a las que el departamento de Gallardón también preguntó (unas 30). Los informes de la mayoría de ellas son muy críticos.

Anomalías fetales. Casi todos los informes encargados, a excepción de los de las asociaciones contrarias al aborto, coinciden en la necesidad de recuperar el supuesto de malformación —que la ley actual recoge hasta la semana 22 para patologías graves y sin plazo para las extremas o incompatibles con la vida—. Este es también uno de los puntos más delicados tanto dentro del PP como del Gobierno. Pese a que en público el equipo de Rajoy mantiene que la norma, elaborada por Justicia, es “de todo el Gobierno” —al fin y al cabo fue aprobada por el Consejo de Ministros—, ya el anuncio de Gallardón en 2012 de que suprimiría el supuesto de malformación generó gran disgusto entre varios miembros del Ejecutivo.

También en la cúpula de Sanidad, donde se criticó que tocase un tema tan delicado —suponen el 3% de los más de 112.000 abortos al año y son casos muy angustiosos—. La desazón fue mayor cuando se vio que la ley eliminaba el supuesto de aborto por anomalías fetales extremas pero no mortales en el segundo trimestre de gestación.

Algo que también critica duramente el informe que la Organización Médica Colegial —que agrupa a todos los médicos de todas las especialidades colegiados en España— ha remitido a Justicia. En él reclama que el supuesto de aborto por anomalía fetal se quede como en la actual ley.

El Gobierno gallego no ha hecho públicas sus alegaciones, aunque ya anunció que irían en la línea de recuperar el espíritu de la norma de 1985, lo que da a entender que la Xunta se pronunciará en contra de penalizar los abortos por malformación fetal. De hecho, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los barones del PP —junto con el extremeño, José Antonio Monago— que con más insistencia ha pedido al Ejecutivo central que no apruebe la ley sin alcanzar un acuerdo con la oposición.

Derecho de la mujer. La reforma de la ley del aborto ha espoleado una inmensa marea violeta de oposición. Con ese impulso, las organizaciones de mujeres consultadas han exigido al Gobierno que retire un texto que consideran “insalvable”. En sus duras alegaciones, en las que recuerdan que con la reforma España se aleja del modelo de plazos vigente en la mayoría de la UE, las asociaciones claman contra una norma que elimina el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Piden que no se derogue la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva (de 2010). “La nueva norma devolverá a las mujeres a una situación de siervas y esclavas”, dice la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. La asociación de mujeres juristas Themis —y las 13 entidades del Consejo de Participación de la Mujer— defiende además la constitucionalidad de la actual ley, frente a los argumentos del Gobierno, que asegura que emprende la reforma para proteger los derechos del no nacido, en consonancia con la doctrina del alto tribunal. “La Constitución define al no nacido como un bien jurídico protegido, pero no sujeto de derechos hasta el nacimiento. La titular de derechos fundamentales es la mujer”, dicen.

Delito. El anteproyecto de ley despenaliza el aborto en dos supuestos, aunque también determina que la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo fuera de ellos no tendrá pena. La Fundación Mujeres reclama que el aborto salga del Código Penal. “Ese no es el instrumento adecuado para regular temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con procedimientos sanitarios”, señalan.

Salud mental. “La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental”, dice el texto aprobado por la Asamblea de la Organización Médica Colegial. Estos facultativos, al igual que los profesionales de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), critican el papel que les otorga la reforma. Son ellos quienes deben dictaminar que la mujer padece ese riesgo “permanente y duradero en el tiempo” que le permitirá abortar. Y piden cambios. Sostienen que la decisión debe ser de la mujer

El informe del Gobierno andaluz también habla de salud mental. Y menciona las consecuencias que las restricciones en el aborto pueden provocar a la mujer. Cita varios estudios que revelan un aumento de suicidios en mujeres a las que no se les ha permitido interrumpir el embarazo, y otros que enumeran los problemas que se pueden presentar cuando se le niega el derecho a una mujer a abortar: trastornos de ansiedad, angustia, pensamientos negativos hacia el bebé e incapacitación para la toma de decisiones.

Objeción. El anteproyecto impulsado por Gallardón establece que todos los profesionales sanitarios puedan objetar en relación con el aborto. De las organizaciones sanitarias consultadas, solo el Consejo General de Enfermería está satisfecho con esta idea. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) —a quien Justicia no consultó en un primer momento—, cree que solo aquellos profesionales que participen de manera directa en la intervención deben poder inhibirse alegando razones de conciencia. La SEGO critica además que la ley no se sometió a un debate riguroso desde el punto de vista médico.

Barreras de acceso. El informe de las clínicas —donde se realizan más del 90% de las intervenciones— exige la retirada de la ley. Acai cree que el Gobierno “desconfía” de la ética y la profesionalidad de los profesionales porque exige que dos firmen el dictamen que autoriza a la mujer a abortar. Dos médicos, además, que no trabajen en el centro donde se hará la intervención. Esto, además de ser una barrera puede tener consecuencias: si el aborto se hiciera en un hospital, la mujer no podría contar con los especialistas de ese centro.También Andalucía, Canarias, Asturias, así como las organizaciones de mujeres y las médicas alegan que el camino burocrático y administrativo que ha trazado la nueva ley —visita a dos médicos, asesoramiento social, siete días de espera— es un obstáculo.

Ayudas a la maternidad. La mayoría de los informes inciden en que la ley está vacía de contenido social. La OMC, Acai, las organizaciones de mujeres e incluso las organizaciones contrarias a esta intervención —piden una ley de “aborto cero”— reclaman más ayudas para quienes decidan seguir adelante con el embarazo. El documento enviado por Red Madre, por ejemplo, va en esa línea y pide no solo ayudas económicas sino también beneficios fiscales y reformas en las políticas empresariales.

Con información de Reyes Rincón, Miquel Noguer y Xosé Hermida.