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Portazo del PP al plan secesionista de Mas

El presidente rechaza acercar presos etarras y dialogar sobre la consulta catalana

El Congreso aprobará una resolución popular contra el desafío independentista

No y no. Por más que diferentes portavoces parlamentarios hayan pedido en los últimos dos días a Mariano Rajoy algún movimiento en relación a la propuesta soberanista en Cataluña y sobre el final de ETA, la respuesta del presidente del Gobierno ha sido siempre la misma, con distinto nivel de contundencia: no.El portazo se extiende al diálogo que le pide el PSOE sobre la reforma de la Constitución.

Rajoy cerró este miércoles su segundo debate sobre el estado de la nación con una larga e insólita intervención en la que reiteró la idea de la víspera sobre el optimismo por el final de la crisis. Autocomplaciente y satisfecho aunque todos los demás grupos le hayan dicho durante dos días que aún hay muchos españoles en paro o que sufren recortes y sacrificios. La prima de riesgo y cifras como las de la exportación le han servido para sostener su tesis durante dos días y augurar que en breve se creará empleo neto y se revisarán al alza todas las previsiones.

El presidente del Gobierno, huidizo al final de otros debates, se mostró atento con los periodistas y con imagen impostada de felicidad. Y los suyos se fueron del hemiciclo disfrutando por no tener que justificar en esta ocasión medidas de recorte.

Este miércoles terminó el debate con los grupos minoritarios y hoy seguirá con las propuestas de resolución y, de nuevo, el presidente orilló asuntos que le resultan incómodos, como la inmigración irregular o el aborto, para seguir disfrutando por haber concluido el tormentoso viaje al cabo de Hornos, según su propia descripción. Las únicas excepciones han sido Cataluña y sus circunstancias y el final de ETA, asuntos para los que tuvo idéntica respuesta, que los demás grupos identificaron como “inmovilismo” y el PP vio como firmeza y contundencia.

Le pidieron diálogo sobre la consulta en Cataluña Josep Antoni Duran Lleida (CiU), Alfred Bosch (ERC) y Joan Coscubiela (ICV), y a todos ellos les contestó que no es posible hablar con una convocatoria que considera ilegal sobre la mesa.

La tesis de Rajoy, repetida en varios momentos del debate, sigue siendo que la soberanía no se puede trocear y corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro de Cataluña. Dio a entender su malestar por haberse encontrado ante los hechos consumados de una consulta convocada que considera ilegal, pero ha intentado en lo posible una dura confrontación con los portavoces de los partidos catalanes.

Los hitos de desafío independentista catalán

27 de septiembre de 2012, el derecho a decidir el futuro. El Parlamento catalán aprobó una resolución por 84 votos a favor (CiU, ERC, ICV, Solidaritat), 21 en contra (Ciutadans y PP) y 25 abstenciones (PSC) sobre “la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiera determinar libremente y democráticamente su futuro mediante una consulta” ciudadana.

Enero de 2013. Cataluña, sujeto político y jurídico soberano. El Parlamento de Cataluña refrenda una declaración soberanista con 85 votos a favor (CiU, ERC, Iniciativa y CUP), 41 en contra (PP, PSC y Ciutadans) y dos abstenciones. “El Parlament de Catalunya acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con el principio siguiente: soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

Mayo de 2013. Impugnación del Gobierno central. El Gobierno central impugna ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del parlamento catalán.

12 diciembre de 2013. Dos preguntas, una consulta, una fecha. El Gobierno de Cataluña anuncia la fecha para celebrar el referéndum sobre la independencia de la región —el 9 de noviembre del año 2014—, con dos preguntas: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un Estado?” y “si está de acuerdo, ¿desea usted que Cataluña sea un Estado independiente?”.

16 de enero de 2014. Delegación de competencias para realizar la consulta. Resolución del Parlamento de Cataluña para solicitar al Congreso la delegación a la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

“Asuma que en Cataluña quieren votar y que la consulta se hará el 9 de noviembre. Y usted despertará y la república catalana estará allí”, le dijo Bosch, emulando el despetar de la película Matrix.

Ni siquiera se ha movido Rajoy en dirección a la reforma de la Constitución que le propuso el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para salir del empate infinito con Cataluña.

“La Constitución se puede reformar pero conviene ser prudente y saber qué es lo que se quiere hacer y las posibilidades de consenso, además de definir a dónde se quiere ir”, respondió Rajoy para dejar claro que no tiene la más mínima intención de abordar esa reforma.

Esa posición se mantendrá este jueves en la votación de las resoluciones que cierran el debate. Saldrá adelante la del PP en la que se mantiene la posición más ortodoxa de defensa de la Constitución y el modelo de Estado. “El Congreso respalda al Gobierno para que siga tomando, desde los principios de la defensa del interés general, la responsabilidad, la estabilidad y la moderación y en el ejercicio de su disposición al diálogo, cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico, para preservar la unidad de España, como una nación de ciudadanos libres e iguales sometidos únicamente al imperio de la ley”, concluye el texto presentado por el PP que se someterá hoy a votación. Se rechazará la del PSOE que pide la creación de una subcomisión parlamentaria que estudie el funcionamiento del modelo territorial y, por supuesto, las de CiU, ERC e ICV que hablan de la consulta ciudadana.

CiU ha presentado la misma que fue rechazada hace un año sobre el derecho a decidir que provocó la división entre el PSOE y PSC. Esta vez, los socialistas catalanes y el resto del grupo votarán lo mismo porque Rubalcaba ya advirtió la semana pasada que no apoyarían ninguna propuesta que no fuera previamente consensuada. La conclusión es que solo saldrá la del PP que ensalza la Constitución y su cumplimiento.

Algo parecido pasó sobre el final de ETA: Aitor Esteban (PNV) y Mikel Errekondo (Amaiur) le pidieron en distinto grado movimientos para favorecer el final de la organización terrorista, especialmente en relación a los presos. Y él respondió con el no.

“¿Por qué tengo yo que darle algo a ETA por que se disuelva? Yo no he dicho que nada haya cambiado desde que ETA anunció que dejaba de matar; claro que algo ha cambiado y lo dije, desde la oposición, cuando lo anunciaron. No les tenemos que dar nada a cambio por que se disuelvan”, aseguró Rajoy.

“Como todos los vascos y todos los españoles, estamos esperando que se produzca el anuncio de ETA de que deja de existir como organización terrorista”, remachó para dejar claro que solo espera la disolución y sin contrapartidas. El presidente eludió referirse a los verificadores internacionales y al acto de supuesto desarme parcial de ETA que tanto han criticado estos días el Gobierno y el PP. Al portavoz de Amaiur solo le pidió que haga “examen de conciencia”, al del PNV no le reprochó el apoyo del lehendakari, Íñigo Urkullu, a los verificadores y a ambos les exigió que pidan a ETA que se disuelva.

La posición más explícita y dura la dejó al portavoz del PP, Alfonso Alonso, quien aseguró: “No vamos a permitir que los terroristas y los que les han ayudado escriban la historia de lo que ha ocurrido. Los jueces deben mantener bien cerradas las puertas de las cárceles hasta que los condenados cumplan sus penas con arreglo a la ley”.

Esa posición quedará también de manifiesto en el rechazo de las propuestas de resolución de otros grupos sobre ETA, para que salga adelante únicamente la suya que habla de las víctimas del terrorismo. El texto “insta al Gobierno a defender la memoria de las víctimas del terrorismo, como ejemplo de dignidad y convivencia en paz y en libertad” y asegura que su reconocimiento es “un compromiso ético y moral para todos los demócratas y, en especial, para el Gobierno”.
La iniciativa habla de “ los principios de memoria, dignidad y justicia”, pide medidas de “atención y protección de las víctimas del terrorismo y sus familias, con especial incidencia en los derechos laborales, educativos o de carácter sanitario”. Reclama que se construya “un relato basado en la verdad sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas” y el impulso del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

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