El Colegio de Registradores informa a sus afiliados que gestionará el Registro Civil

El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió ayer una carta a todos sus afiliados (un millar en toda España) en la que comunica que el Ministerio de Justicia ha adoptado ya la decisión de asignar a los registradores de la propiedad la gestión de los registros civiles. Según apunta en la misiva, “esta decisión se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.

“Esta noticia nos fue comunicada la tarde del lunes”, indica en su escrito Aguilera, quien ya ha mantenido una reunión en el ministerio “para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores”. El decano de los registradores desvela además que la intención de Justicia es la de "reconsiderar" la demarcación registral y que presentarán una nueva propuesta . "Lo mismo cabe decir respecto del tema del registro electrónico, que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio de Registradores", añade.

Fuentes de Justicia han confirmado que existe un principio de acuerdo aunque aún no está cerrado. E insistieron en que no puede hablarse de privatización porque "todos los trámites" que ahora realizan los funcionarios judiciales en el Registro Civil seguirán siendo gratuitos, tanto los que gestionan actualmente como los que les pudieran ser asignados en un futuro.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el traspaso de competencias sí “supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870 y deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España”. Por ello, CSIF está valorando medidas de presión “para intentar frenar una medida injusta”. El Ministerio de Justicia ha replicado que esos puestos de trabajo están "garantizados" y que nadie será despedido.

El anuncio de Justicia de dejar en mano de los registradores (un tipo de funcionario público pero con despacho privado y tarifas) la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros, provocó una fuerte polémica hace un año que el propio ministerio quiso atajar asegurando que la gestión del Registro Civil seguiría siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos seguirían siendo gratuitos. El pasado octubre, y tras mantener aparcado el anteproyecto durante meses, Justicia explicó a este periódico que había renunciado definitivamente a cualquier tarifa y que todos los servicios del nuevo Registro Civil seguirán siendo gratuitos.