La oposición abre tres frentes para que el Constitucional tumbe la reforma local

Fracasado su intento de que el PP retirase la reforma local, una ley de gran calado que entró en vigor el pasado enero tras una breve tramitación, la oposición se ha propuesto levantar a más de mil Ayuntamientos contra el Gobierno. PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC UPyD, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Compromís-Equo han acordado una estrategia común para armar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma aprobada por el PP con los únicos apoyos de PNV y UPN. Utilizarán las tres posibilidades que ofrece la ley para recurrir: objetando a través de las Comunidades Autónomas; con el apoyo de 50 diputados o 50 senadores y desde los propios municipios.

La vía local, que ha sido explicada por los grupos este viernes en el Congreso de los Diputados, consiste en presentación del llamado "conflicto de defensa de la autonomía local", una figura recogida en el artículo 75 Ter. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para utilizar esa herramienta necesitan el respaldo de la séptima parte de los municipios (1.160 consistorios) que representen a una sexta parte de la población, 7.854.963 habitantes. Ese el número mínimo que exige la ley para intentar tumbar la norma en los tribunales, un objetivo que los firmantes del pacto creen que conseguirán holgadamente. "Sería el primer recurso de estas características que se presenta en España, tras un intento en 2002 que fracasó por motivos de procedimiento. Los partidos que estamos aquí representamos a más de 15 millones de ciudadanos y alrededor de 3.500 Ayuntamientos. No queremos que el Gobierno las convierta en meras oficinas administrativas bajo la tutela del ministro de turno", señaló el diputado socialista Gaspar Zarrías. Explicó que la reforma ataca los artículos 137 y 140 de la constitución con el "desempoderamiento", de los Ayuntamientos.

Si alcanzan esas adhesiones a lo largo del mes de febrero se dirigirán al Ministerio de Hacienda para instarle a que solicite que el Consejo de Estado emita un informe no vinculante. Tras la contestación del órgano consultivo, los municipios tendrán un mes para hacer efectiva la interposición del recurso ante el Constitucional. Será Barcelona, el consistorio de los firmantes con un mayor número de habitantes, quien presente la impugnación en nombre de todas las corporaciones. El Consejo de Estado y ha advirtió en julio de 2013 de que la constitucionalidad del anteproyecto de ley de la administración local estaba en entredicho. Lo que entonces era un proyecto sin pulir planteaba dos grandes problemas: la regulación del llamado "coste estándar", un concepto que fue retirado durante la tramitación parlamentaria, y la posible vulneración el principio de "autonomía local", por la reducción de competencias de los Ayuntamientos.

 El Secretario de Política Municipal socialista, Gaspar Zarrías, está convencido de que cuentan con un respaldo más que suficiente de los alcaldes españoles para forzar un pronunciamiento del Constitucional. Barcelona, Zaragoza, Vigo, Hospitalet, El Prat de Llobregat o Rivas Vaciamadrid son algunas de las mayores localidades españolas que se oponen frontalmente a la ley. En otros núcleos importantes, como Badalona, Getafe o Alcalá de Henares, el PP no gobierna en mayoría. El PSOE de Valladolid fue el primero en ponerse al frente de la ofensiva judicial contra la norma apadrinada por el ministro Cristóbal Montoro: en enero Tordesillas se convirtió en el primer Ayuntamiento español en aprobar una moción por la que se sumaría un posible recurso de inconstitucionalidad. Fue antes de que la dirección nacional del partido decidiese sobre la estrategia a seguir.

"No nos vamos a quedar parados. La mayoría absoluta del PP ha provocado una cerrazón que le ha vuelto sordo y ciego", denunció Ascensión de las Heras,(IU). "Estamos en un Estado de democracia anoréxica. Con este recurso vamos a dejar patente la movilización en contra de miles de Ayuntamientos y el firme rechazo de millones de personas". Los grupos atacan que la norma refuerce el poder de las Diputaciones y "abra el camino para la privatización de servicios básicos, lo que encarecerá lo que pagan los ciudadanos".

Los diputados que presentaron la propuesta pusieron varios ejemplos prácticos de lo que piensan que ocurrirá con la entrada en vigor de la ley: "El Ayuntamiento de Granollers ejerce más de 9.000 servicios sociales. ¿Quién los van a ofrecer ahora? Lo mismo ocurrirá con la promoción del empleo, promoción económica, escuelas de música, planes de ocupación, todo lo que hace referencia a la promoción de la mujer... Las diputaciones no tienen los recursos humanos suficientes ni están capacitadas. O se dejan de prestar, o se privatizan esos servicios", destacaron. Aunque en realidad el primer conflicto que ha surgido tiene que ver con la reducción del sueldo de los alcaldes.

Desde CiU, su diputada Carme Sayós aseguró este viernes que su partido "no se lo ha pensado dos veces" a la hora de recurrir. "La ley no aporta nada, responde a la obsesión del PP de acaparar cualquier competencia que le plazca. No aporta ninguna mejora a la administración local". CiU gobierna en cerca de 500 municipios con unos 4 millones de habitantes y quiere ser parte activa en esta iniciativa. La Generalitat también planteará un recurso ante el Constitucional por invasión de competencias, al igual que las comunidades autónomas no gobernadas por el PP.

Protesta por el corte de la señal

Poco después de comenzar la rueda de prensa en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, la señal que utilizan los medios de comunicación para la retransmisión del acto se ha cortado, lo que ha provocado la indignación de la veintena de diputados y alcaldes presentes. "Hoy la presidencia del Congreso ha hecho el ridículo con la señal, es difícil explicar lo que ha ocurrido con esta rueda de prensa, pero tendrán que explicarlo", señaló el diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste. "Es absolutamente increíble", insistieron varios de los presentes. Por la tarde remitieron un escrito a la mesa del Congreso expresando su "enérgica protesta" por lo ocurrido. "En la primera intervención se ha producido, sin causa justificada, el corte de la señal de imagen y sonido que los servicios de la Cámara estaban difundiendo, impidiendo de esta forma el seguimiento por los medios de comunicación de las declaraciones del resto de grupos. Esta actuación es inadmisible en un Parlamento democrático".