La oposición intenta acorralar al Gobierno con 10 peticiones de comparecencia

Entre diciembre y enero se han acumulado acontecimientos por los que la oposición reclama explicaciones al Gobierno y, por tanto, que comparezca en el Congreso. La Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno en tiempo de vacación obligatoria de enero, votará la comparecencia de diez de los trece ministros del gabinete de Mariano Rajoy, incluida la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El rechazo tajante del PSOE e Izquierda Plural a la modificación prevista por el Gobierno en la ley del aborto les lleva a pedir la comparecencia de la vicepresidenta y de los titulares de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Mato, respectivamente. La detención de presuntos colaboradores de ETA lleva a PNV, CiU y Amaiur a interrogar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "El PNV no tiene valor para enfrentarse a Sortu", ha dicho Alfonso Alonso, del PP. "El Gobierno español boicotea el camino por la paz de la sociedad vasca".

Casi todas las peticiones serán rechazadas por el Grupo Popular toda vez que su mayoría absoluta le permite administrar sus tiempos y su estrategia. Esta capacidad de rechazo es compatible con la persistencia de la oposición de plantear los mismos asuntos una y otra vez. El debate de hoy va a registrar una fuerte contestación a los planes del Gobierno sobre el aborto. PSOE e Izquierda Plural van a competir en dureza. No tiene intención el Grupo Popular de facilitar la presencia de estos ministros porque lo único que hay aún es "un anteproyecto", ha anticipado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso.

Pero no solo del aborto interpelará el PSOE, aunque es un asunto esencial para este partido, sino que añaden los siguientes temas: La subida de la luz, "la inaceptable utilización de Caja Madrid por parte del PP", la ley de Seguridad Ciudadana y las denuncias de agresiones en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la zona franca de Barcelona.

El catálogo de los socialistas no incluye ni la detención de abogados presuntamente vinculados a ETA ni la peripecia judicial de la infanta Cristina por el caso Nóos. “Espero que la declaración de la Infanta se haga con la máxima normalidad y que no se haga un espectáculo de la misma”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, a la pregunta de si es partidario de que la infanta haga “el paseíllo” hasta su entrada en el juzgado el Palma cuando vaya a declarar el 8 de febrero. Aitor Esteban, PNV. Infanta: “ A ella le tocará también hacer el paseíllo como a su marido, hay momentos duros para todo el mundo”, ha sido la respuesta de Aitor Esteban, portavoz del PNV.

Precisamente el PNV, CiU y también Amaiur, a través del Grupo Mixto, quienes preguntan por “el sentido, interés y circunstancias de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil los días 8 y 9 de enero que culminó con la detención de abogados y miembros del entorno de la denominada Izquierda Abertzale”, han escrito en su petición. La respuesta antes del debate de Alfonso Alonso, responsable del Grupo Popular, ha sido de reproche a los peneuvistas. “Al PNV le falta valor para enfrentarse a los radicales; ellos son los que amenazan las libertades y el PNV se ha equivocado al apoyar la manifestación del pasado sábado” y al pedir explicaciones por las detenciones. os que siguen amenazando la libertad son ellos. “Todo lo que no sea rectificar es hacer el juego a Sortu”.

En las antípodas de esta opinión se ha situado Sortu cuyos diputados han comparecido en el Congreso para resaltar “el éxito “ de la manifestación del sábado y la condena por las detenciones de los abogados.. “El PP no está por la paz. Del Estado español solo podemos esperar políticas de negación y recorte de las libertades así que corresponde a la sociedad vasca seguir el camino hacia la paz porque tiene fuerza para hacerlo como se demostró en la manifestación del sábado”, ha anunciado el diputado Rafael Larreina, flanqueado por sus compañeros de escaño Jon Iñarritu y Mikel Errekondo. La situación no es otra que “el intento del Gobierno de boicotear el proceso de paz”, han sentenciado.