El Tribunal de Cuentas alerta de que le falta personal para fiscalizar a los partidos
La Fiscalía ha abierto diligencias a la Administración por retribuir por encima de Presupuestos El PP ataca al PSOE e IU por su financiación y le responden con su tesorero en la cárcel
![Anabel Díez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6a03a8da-a77f-4658-abe7-524da5d9d3a4.png?auth=3852c5380b3aef50545c6c0ffd184b9a56111a1fc7d417bb484bd779ae62222b&width=100&height=100&smart=true)
![Álvarez de Miranda, durante su comparecencia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/YQ74IFJLFOYYHCCGA5IQZB4J6I.jpg?auth=0fe7cc3223278cea2416c7e74184a74cc7243cf6a053c10c5d0469d1f7392cd1&width=414)
Los datos de la fiscalización de los partidos durante los años 2009, 2010 y 2011 llegaron al Congreso hace mes y medio, por lo que la información es conocida y ya se sabe cuáles son los reproches principales del Tribunal de Cuentas. La novedad está en las reflexiones del presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, en la comisión mixta Congreso- Senado para el Tribunal de Cuentas. Este alto cargo, elegido con el acuerdo del PP y del PSOE, ha dejado claro que le falta personal precisamente en el área de fiscalización de los partidos políticos.
El PP ha aprovechado los datos del tribunal para arremeter contra el PSOE, IU y UPyD, y estos le han respondido con que los populares tienen a su tesorero en la cárcel. Álvarez de Miranda ha asistido al cruce de invectivas impertérrito y se ha ajustado a su misión sin entrar “en los argumentos políticos”. No es política sino la ley lo que ha hecho al tribunal abrir diligencias preliminares por irregularidades en la justificación de gastos de seis órganos de la Administración central. La Fiscalía ha emitido un informe preliminar al haber detectado indicios de responsabilidad contable, por la percepción de sueldos por encima de lo marcado por los presupuestos del Estado.
Estas presuntas ilegalidades no correspondían al análisis de la financiación de los partidos sino de la Cuenta General del Estado de 2011 sobre la que también el presidente del Tribunal de Cuentas ha informado. Este ha informado a los diputados y senadores miembros de esta comisión de la apertura de diligencias por irregularidades en la justificación de gastos, en concreto de remuneraciones al personal. “Se trata en el exceso de retribuciones de personal en relación con los presupuestos del Estado y a subidas por encima de esos Presupuestos”, ha dicho Álvarez de Miranda al responder a las preguntas de dónde estaría la posible ilegalidad que ya está en manos de la fiscalía. Los órganos de la administración fiscalizados son la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Universidad Menéndez Pelayo, la Fundación del Teatro Real, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén.
Una vez terminado el análisis de la Cuenta General del Estado se ha abierto la información sobre la financiación de los partidos entre 2009 y 2011. En el Congreso ha quedado la afirmación de Álvarez de Miranda de que la falta de personal hace muy difícil el trabajo del Tribunal de Cuentas. Además, la unidad que fiscaliza a los partidos políticos es la más afectada, de manera que técnicos de otras áreas han tenido que ser transferidos a la de partidos para adelantar el trabajo. La conclusión es que necesita más personal, para cumplir con su obligación. En estos momentos se está en la fiscalización de 2012 lo que supone un salto cualitativo respecto a los usos del Tribunal que venía con un retraso de cinco años.
Ha quedado claro que una veintena de partidos políticos están en “quiebra técnica” porque arrastran deudas desde hace muchos años. La mayoría son partidos pequeñas de carácter regional aunque hay tres fuerzas de mucha entidad: Unió Democrática de Catalunya (UDC), con un saldo negativo en 2011 de 11 millones de euros. Le sigue la coalición CiU, con 10 millones e Izquierda Unida con 8,5 millones. En 2011 las deudas de todos los partidos que concurren a las elecciones ascendían a 275 millones aunque a lo largo de estos años ha habido renegociaciones de la deuda que han conllevado alguna condonación. Esto ya no será posible cuando se apruebe la nueva ley de financiación de partidos porque lo prohíbe expresamente así como las donaciones de las empresas.
Sobre los problemas financieros de IU, reflejados en el Tribunal, así como de algunas irregularidades del PSOE, - no ilegalidades – ha cargado el PP, a través de sus portavoces Esteban Parro y Eloy Suárez. En una intervención muy contenida el portavoz socialista, Ciprià Ciscar, ha sobrevolado por la presunta financiación ilegal del PP, pero todo el mundo sabía a qué se refería.
Sobre lo declarado se han podido cometer “fallos” y “errores” que hay que corregir, ha dicho Ciscar que en nombre del PSOE se ha comprometido a aplicar todas las instrucciones del tribunal. “Pero si lo que ha habido es ocultación y no se ha reflejado en la única contabilidad que debe haber lo que se ingresa ni tampoco lo que se gasta”, entonces nada puede hacer el Tribunal de Cuentas, ha concluido Ciscar. Más directo fue el diputado Ricardo Sixto que nota la ausencia en el dictamen alguna referencia “a la cuenta B del PP”. Se ha regodeado el popular Eloy Suárez sobre las deudas y problemas de IU a lo que Sixto, ya enojado, le ha respondido que “el único partido que tiene a su tesorero en la cárcel es el PP”.
Solo se ha soliviantado el portavoz socialista Cipriá Ciscar ante la intervención del portavoz del PP Esteban Parro que ha consumido su turno sobre la Cuenta General del Estado en hacer un juicio con condena incluida de toda la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Gobierno irresponsable, con poco apego al dinero de los españoles, y que dedicó el último año a la carrera por sustituir a Zapatero”. Ciscar ha considerado del todo intolerable las acusaciones y las expresiones. El PP extendió su rapapolvo a UPyD que no ha tenido ningún representante en esta comisión. Así no se ha podido defender cuando los populares han glosado las dudas contables del Tribunal sobre su financiación muy basada en bonos que los ciudadanos adquieren voluntariamente para ayudar a ese partido. El Tribunal de Cuentas lo ha llamado “forma peculiar de financiación”, sobre la que ha requerido alguna información.
Como quiera que los parlamentarios, sobre todo de IU y en mayor medida el PP, pedían al presidente que opinase sobre algunos temas que concernían al adversario éste ha tenido que recordar sus funciones. “Yo no voy a entrar en el cruce de opiniones encontradas entre partidos; su enfrentamiento es político como es lógico al defender diferentes opciones”. Así lo comprende todo, pero él no ha entrado en la pelea.
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