El Gobierno aplaza una semana la ley de seguridad ciudadana por ajustes técnicos

El Gobierno retrasa hasta la próxima semana la aprobación de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana "por ajustes técnicos", según fuentes del propio Ejecutivo, a consecuencia de las aportaciones de los juristas del propio ministerio y de otros departamentos. Ya este jueves por la mañana, el propio presidente, Mariano Rajoy, ha adelantado en una entrevista en RNE la posibilidad de que la nueva normativa no se aprobara hasta el Consejo de Ministros de la próxima semana, aunque él creía que se haría este viernes. "La ley de seguridad irá la semana que viene, aunque yo creo que será mañana", ha sugerido. Sobre las críticas que ha suscitado este proyecto, tanto en la oposición como en otros colectivos, Rajoy ha asegurado que "no es más represora". "Muchas cosas que eran delito pasan a ser faltas y por eso tienen sanciones", ha agregado.

El aplazamiento no obedece, en ningún caso, a una falta de previsión. Fuentes de Interior aseguraron el pasado martes que el departamento viene trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien ha esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas.

El anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera, es una nueva normativa que conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces. Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes, por ejemplo, será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.