Navarra se compromete por ley a pagar la apertura de fosas del franquismo

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con la abstención del partido en el Gobierno (UPN), y el único voto en contra del PP, una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo que corrige las deficiencias de la ley estatal de Memoria Histórica tantas veces denunciadas por los represaliados. Unas 200 personas, entre ellas muchos familiares de desaparecidos, han seguido el debate y la votación desde la tribuna de invitados del Parlamento y en una sala contigua con una pantalla. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido a cero la partida para la apertura de fosas y derogado de facto la ley aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada hoy en Navarra compromete al Gobierno autonómico a asumir en su totalidad el coste de las exhumaciones de fusilados que se soliciten a partir de ahora. De momento, ya tienen 40 solicitudes.

El Gobierno navarro financiará la apertura de las fosas de la Guerra Civil en su territorio y también las que se encuentren fuera de la comunidad siempre que un familiar navarro lo solicite. "No se ha hecho una estimación del gasto que puede suponer, porque sabemos que en Navarra hay cerca de 1.000 desaparecidos, pero desconocemos cuántos familiares quieren recuperar los restos. En cualquier caso, no sería un gasto desorbitado, es una cuestión más de voluntad política, porque además, podemos se puede hacer convenios con las universidades navarras para reducir al máximo el coste", explica Ioseba Eceolaza, de Batzarre y portavoz de la asociación de familiares de fusilados.

La ley aprobada este jueves en Navarra obliga al Gobierno autonómico a "dar apoyo económico, técnico y acompañamiento psicológico" a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso, también en la fase de investigación y localización de fosas, y a crear un banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conserven muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones de forma que cualquier familiar de desaparecido pueda acudir a él para cotejar su perfil genético. Esas pruebas de cotejo deben realizarse, según establece la ley aprobada hoy, en un plazo máximo de tres meses después de la solicitud. 

Además, se habilitará un espacio en el cementerio de Pamplona para inhumar los restos de los fusilados recuperados de fosas comunes que no haya reclamado ningún familiar. Para este fin ya se ha aprobado una partida presupuestaria de 35.000 euros y en unas dos semanas se convocará un concurso público para la construcción de este espacio, que contará con una placa que explique "los hechos acaecidos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo".

La ley también obliga a las Administraciones públicas de Navarra a "revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista" en el plazo de un año. Por ejemplo, para comprobar que ningún cargo franquista tiene calles o colegios a su nombre o es hijo predilecto de algún Ayuntamiento. Paralelamente, el Gobierno navarro elaborará un censo de vestigios para retirar todos los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", algo que ya preveía la ley estatal de memoria histórica de 2007 pero que nunca ha terminado de ejecutarse.

Nulidad de los juicios sumarísimos y revisión de textos escolares

El Gobierno de Navarra se compromete por la ley aprobada este viernes a solicitar al Estado central "la nulidad de todos los juicios a ciudadanos navarros realizados por tribunales militares o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la Transición, incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la masonería y el comunismo y Tribunal de Orden Público". El Gobierno navarro no tiene competencias para anular esos juicios, por eso solicitará al Ejecutivo central que dé ese paso más en la ley de memoria histórica de 2007, que declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no se atrevió a anular las condenas.

La ley obliga al Gobierno navarro a que el departamento competente en materia de educación para a "revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo".

"Buenos y malos"

Durante el debate de la ley, Javier Caballero, de UPN, ha explicado que su partido había decidido abstenerse por considerar que la norma "sigue hablando de buenos y malos", "algo que todos debemos superar", ha añadido, tras insistir en que UPN siente "una especial empatía" por los familiares de las víctimas. 

El PP ha sido el único partido en votar en contra. "Votamos en contra no porque no tengamos la humanidad necesaria", ha asegurado Eloy Villanueva, "si no porque no vamos a caer en la trampa que plantean de hacer bandera de algo que debería ser motivo de reconciliación y comprensión mutua". Para Villanueva quienes impulsaban la ley perseguían en realidad "un interés partidista".

El portavoz del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez, ha asegurado que la recuperación de la memoria histórica "siempre ha sido una prioridad" para los socialistas. Jiménez ha defendido el "espíritu de reconciliación" de la Transición y el especial "esfuerzo y generosidad de los partidos de izquierdas", pero ha admitido que la ley de memoria aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era "una tarea inacabada" que además, se había visto "interrumpida" por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Jiménez ha defendido la necesidad no solo de declarar, como ya hacía la ley estatal, la ilegitimidad de los tribunales franquistas sino de anular también las sentencias que impusieron y ha insistido en que el dinero necesario para reparar a las víctimas del franquismo es una cuantía "asumible y de justicia".

Desde Bildu, Víctor Rubio ha defendido que esta ley "tiene más vigencia que nunca" porque en muchos hogares navarros "sigue supurando la herida" abierta en la Guerra Civil y la dictadura. "Esta ley, de 18 artículos, está cargada de memoria, de verdad, de reparación y de cariño a las víctimas. ¿Tan difícil es votar a favor de eso?", ha preguntado dirigiéndose a la bancada del PP.

Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa ha recordado "la desgarradora realidad de las cunetas" en las que siguen enterrados centenares de fusilados y ha lamentado que la norma no incluyera a algunos colectivos, como las mujeres a las que los falangistas raparon la cabeza o obligaron a tomar aceite de ricino.

Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que la ley, que llegaba "35 años tarde", iba a ser "un elemento fundamental para la reconciliación" porque "llena un vacío de justicia y rectificar años de olvido y pasividad institucional".