Las claves de la catástrofe del ‘Prestige’

La sentencia de la catástrofe del 'Prestige' ha llegado puntualmente en el undécimo aniversario de que el petrolero dejara su nocivo cargamento en las aguas de Galicia y repartiese el chapapote por la costa cantábrica y atlántica. Estas son las claves de la mayor tragedia medioambiental ocurrida en España. 

Los hechos

El petrolero Prestige, un monocasco cargado con 77.033 toneladas de fueloil, con bandera de Bahamas, navegaba en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. Procedía de San Petesburgo (Rusia) y se dirigía a Gibraltar, rodeando la península. Pero una tormenta lo pone en apuros a escasas millas de la Costa de la Morte. El buque lanza la señal de alarma: se ha roto uno de los tanques.

Dos helicópteros acuden y evacúan a 24 de los 27 tripulantes. A bordo permanecen el capitán, el griego Apostolos Mangouras, que fue detenido y posteriormente liberado tras ser depositada una fianza de tres millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas. El buque termina por partirse en dos y es remolcado tras el accidente lejos de la costa gallega.

Pero la marea negra desprendida alcanza las costas gallegas, que quedaron inundadas de fueloil. También perjudicó, aunque en menor medida, a otras zonas del litoral de España y de Francia. Durante meses, hordas de voluntarios, se suman desde toda España a los marineros locales que con sus propias manos tratan de repeler el chapapote y a los militares enviados con retraso para paliar la catástrofe.

Investigación

El Juzgado de Corcubión, pequeño y casi sin medios, llevó a cabo una larga, compleja y enmarañada investigación. En julio de 2010 abrió la fase de juicio oral en el procedimiento por la catástrofe ecológica que provocó el petrolero Prestige. En el auto dictado por el Juzgado, su titular, Carmen Vieiras, delimitó los delitos objeto de acusación, los responsables civiles directos y subsidiarios, y exigió una fianza de 1.200 millones de euros como medida cautelar a los acusados y por extensión a los responsables civiles.

En el banquillo

Cuatro personas se han sentado en el banquillo de los acusados, pero todo el peso de las acusaciones cae sobre el anciano capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, de 76 años, para el que se piden 12 años de cárcel por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por daños, así como por desobediencia. Además, en su caso, deberá pagar una multa de 43.200 euros y, junto a la aseguradora del buque, The London P&I, una indemnización de 2.233,76 millones de euros, para compensar los daños. Aunque es bastante probable que la cifra, que ya supone todo un récord, aumente cuando se inicie el juicio, pues en ese cálculo la Fiscalía no incluyó los efectos a largo plazo que pudo provocar en el medio ambiente la catástrofe.

También se juzga al que era el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors (el único representante del Estado iputado), por "indicios de criminalidad por imprudencia grave", según la fiscalía, en el rumbo errático que se impuso al petrolero, que durante seis días estuvo perdiendo miles de toneladas de fuel.

Igualmente el tribunal se pronunciará sobre el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, que fue localizado hace unos meses en su domicilio en Grecia, después de llevar años en paradero desconocido, al igual que el último imputado, el primer oficial del Prestige, el filipino Ireneo Maloto. Ambos están acusados de los mismos delitos que el capitán.

Sobre la responsabilidad civil del accidente, el juez se pronunciará sobre la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD y el Estado español.

Macrojuicio en cuatro idiomas

En la vista oral se personaron 2.090 partes, además de 2.300 perjudicados por la reclamación civil. Esto ofrece la magnitud del juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña. Además de la fiscalía y la Abogacía del Estado, han participado más de 70 abogados, letrados de la Xunta y de la Diputación provincial de A Coruña. Y se personaron el Estado francés y ocho municipios galos.

Durante el proceso judicial fueron llamados a declarar numerosos testigos, muchos residentes en otros países, en un juicio celebrado en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y griego). Por eso, parte de los interrogatorios se han realizado a través de videoconferencia para recortar gastos.

Indemnizaciones

Los afectados reclaman indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros, de los cuales más de 1.000 millones corresponden a personas, organizaciones y empresas perjudicadas en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y de comunidades autónomas y el Estado español, y más de 200 millones de euros de peticiones cursadas por Francia.

11 años de demora

El juicio de la mayor catástrofe ecológica de España culminará en su undécimo aniversario. La demora tiene múltiples causas: una investigación lenta y alambicada, la inesperada localización en  verano de 2009 del jefe de máquinas, que estaba en paradero desconocido, el envío de comisiones rogatorias "por trámites de responsabilidades civiles" a Grecia, país del armador del Prestige, y Gran Bretaña, donde está su aseguradora, y el bloqueo de la Justicia en Galicia por las decenas de miles de causas pendientes, son algunas de estas razones.