El PP trata de demostrar la eficacia de los recortes de la Administración

Tras dos años de recortes por parte del Gobierno central y dos años y medio de ajustes de las comunidades autónomas, el PP se esforzará este fin de semana por demostrar que ese ejercicio de "contención del gasto" era y sigue siendo necesario para garantizar la eficiencia de la Administración y la "prestación de servicios esenciales de calidad".

Este es el principal mensaje que la cúpula de los populares pretende lanzar en el cónclave interparlamentario que se celebra durante este jueves y viernes en Córdoba, tan solo tres días después de que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunciara el cierre de televisión autonómica, Canal 9. Así, tras la inauguración de la número dos del partido mayoritario, María Dolores de Cospedal, y la intervención de los tres portavoces parlamentarios (Alfonso Alonso, José Manuel Barreiro y Jaime Mayor Oreja), el cónclave del PP se centrará en analizar las "buenas prácticas de gestión pública en las comunidades autónomas", en referencia a la prestación de servicios esenciales básicos y algunas reformas sanitarias del Gobierno.

Los dirigentes populares debatirán también de las que califican de "buenas prácticas de gestión popular en las comunidades autónomas", con relación a la "eficiencia, el control de gasto y la modernización de las estructuras administrativas". En esta mesa se destacarán algunas medidas del Gobierno para controlar el déficit o se analizará alguna de las 218 propuestas de la reforma de la Administración, proyecto estrella de Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP destaca, entre los recortes acometidos por los Gobiernos autónomos del partido, la propuesta de reducción del número de diputados regionales en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid y en la Galicia. La mayoría de las autonomías, además, redujo desde las elecciones de mayo de 2011 más de 50 consejerías, así como el sueldo de los altos cargos públicos. En Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal aprobó una polémica supresión del sueldo de los parlamentarios autonómicos. 

"En las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y La Rioja", recuerda el PP, "se ha procedido a suprimir la figura del Defensor del Pueblo". En Castilla-La Mancha, además, también se suprimió el Consejo Económico y Social y en Murcia "se disminuyó un 50% de su presupuesto". "La reducción y en algunos casos la eliminación de empresas públicas ha sido una norma casi general en todas las comunidades", apuntan fuentes populares, que desatacan también "la centralización de servicios, la gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres, el ahorro energético y la reducción de los gastos de representación"