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La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’

El tribunal fija indemnizaciones de hasta 40 millones de euros

Julián Muñoz y Juan Antonio Roca suman una nueva pena de cárcel apenas un mes después de ser sentenciados en el caso Malaya. La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de Marbella y al exasesor de Urbanismo de esta ciudad a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el conocido como Saqueo II, que ha enjuiciado el desvío de dinero de las arcas municipales desde principios de los noventa hasta 2001. Se trata de una de las causas centradas en el expolio del Ayuntamiento marbellí durante la etapa del GIL.

El tribunal, que ha tenido en cuenta para todos los implicados la atenuante de dilaciones indebidas, ha dictado otras 11 condenas y ha absuelto a 15 acusados, entre los que están la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exconcejal Tomás Reñones.

El grueso del grupo que ha quedado libre de cargos son exediles. Se fijan, además, indemnizaciones por responsabilidad civil por unos 40 millones de euros que deberán ser abonadas de manera solidaria por varios condenados, incluidos Muñoz y Roca.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal los ha absuelto, en cambio, de los delitos de asociación ilícita (añadido tras la vista oral) y contra la Seguridad Social que les imputaba la fiscalía, que reclamaba para ellos una pena de 15 años y medio y 13 años de prisión, respectivamente. Los dos se encuentran actualmente en la cárcel. Roca fue penado a principios de octubre con 11 años de reclusión en el caso Malaya y el exalcalde, que cumple condena por el caso de blanqueo en el que fue juzgado junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, con dos años de prisión en el mismo proceso.

Saqueo II es la continuación temporal del primer sumario con este nombre, en el que Roca ya fue sentenciado por la Audiencia Nacional a seis años y diez meses de prisión por malversar más de 20 millones de euros públicos entre 1991 y 1995. En este caso también fue condenado José Luis Sierra, antaño asesor jurídico de Jesús Gil y responsable de urdir en los inicios del gilismo el entramado de sociedades municipales a través de las cuales se habrían desviado los fondos públicos.

En este procedimiento se ha juzgado a exconcejales (han sido absueltos 12 exediles) y a gerentes y empleados de las mercantiles creadas alrededor del Ayuntamiento.

El tribunal considera probado que el Consistorio asumió “deudas ficticias” de las sociedades, bien por operaciones ilusorias o por contratos “inexistentes”, mediante transferencias de fondos que no están justificadas. Los seis exconcejales que han sido condenados emitieron esas órdenes de pago.

La sentencia, de 208 páginas, detalla decenas de traspasos de dinero irregulares desde el Ayuntamiento, incluido uno de 2,9 millones de euros autorizado en julio de 1993 por decreto por Pedro Román, también condenado a seis años de prisión por malversación.

La salida irregular de fondos se llevó a cabo, además, a través de seis contratos con una empresa que pretendían simular proyectos que en realidad no existían y con honorarios “ficticios”. El mecanismo de pago se articuló en una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental, que en septiembre de 2000 autorizó que fuera Contratas 2000 la sociedad encargada de cumplir con esas supuestas obligaciones de pago. Esos proyectos eran “una copia” de otros presentados en otras ciudades o ya desarrollados en Marbella. El representante de la empresa era Carlos Monteverde, también condenado en este procedimiento por malversación, y el tribunal señala a Roca como uno de los participantes en esta operación.

El caso Saqueo II, cuya sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar, después de Saqueo I (con sentencia firme) y el conocido como caso Minutas, con Julián Muñoz y el presidente del Sevilla, José María del Nido, como principales implicados. Este procedimiento está pendiente de resolución por parte del Supremo.

El pasado 4 de octubre se hizo pública la sentencia de Malaya, centrada en las irregularidades urbanísticas de este municipio y en los sobornos extendidos durante años para lograr la adjudicación de obras y servicios.

Centrada en el tripartito que lideró Marisol Yagüe, roto en 2006 con el estallido de esta operación, la Audiencia de Málaga concluyó la existencia en el Ayuntamiento de un “sistema de corrupción generalizada” en el que Roca ostentaba “todo el poder” y los concejales estaban en nómina.