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Cospedal transfiere por banco un céntimo a La Solana

El municipio tacha de “broma pesada" el pago y reclama a la Junta 8,3 millones

El Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real, 16.201 habitantes) recibió el pasado 4 de octubre una curiosa transferencia bancaria de la Junta de Castilla-La Mancha. Su importe era de solo un céntimo de euro. El asunto no habría tenido mayor importancia si el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal no adeudase 7,7 millones a ese pueblo por diversos programas sociales, según consta en los informes que el Ayuntamiento ha colgado en su página web, bien visibles para los vecinos.

El alcalde, Luis Díaz Cacho (PSOE), eleva la deuda global de la Junta por otros programas a 8,3 millones de euros. “Estábamos esperando que comenzasen a desbloquear la situación. Por eso, cuando los funcionarios me lo comunicaron pensé que era un error. Decidimos esperar unos días para ver si lo corregían”. Pero no había ningún fallo. La Junta asegura que se trata de un “ajuste técnico por la liquidación de un programa” que no tiene que ver con ningún servicio social. La ridiculez de la cantidad es, para la Junta, mera burocracia contable. Sin embargo, el regidor lo consideró una tomadura de pelo e hizo público el caso el pasado jueves, el mismo día que el Congreso debatía en Madrid la reforma local. Para Díaz Cacho, la nueva ley que tramita la Cámara añadirá dramatismo a la situación de miles de Ayuntamientos que, como el suyo, ya sufren enormes dificultades para financiar servicios sociales porque las comunidades no responden.

En la Cámara, la práctica totalidad de la oposición exigió ese día la retirada del texto alegando que supondrá un brutal recorte de los programas sociales. La mayoría absoluta del Partido Popular, que por ahora solo suma el apoyo explícito de UPN, ha allanado con sus votos el camino parlamentario de la ley, que debería de aprobarse antes de que termine este año.

“Quieren provocar la defunción de los pueblos de menos de 20.000 habitantes”, reflexiona el regidor de La Solana, que desde que llegó a la alcaldía en 2011 envía todos los días un fax al Gobierno de Cospedal para pedir una reunión que desbloquee el problema de los pagos. Asegura que nadie le ha contestado. “De los 23 municipios de más de 15.000 habitantes de Castilla-La Mancha, La Solana es el mayor acreedor de la Junta, que nos debe 473 euros por habitante”. Añade que el Gobierno de Cospedal hace un “un uso político de los recursos, discrimina a quienes no son del PP”. Cuando la reforma entre en vigor, “los pueblos pequeños, el 87% de los 8.117 que hay en España, empezarán a decaer”, dice. Lo mismo temen los más de 2.000 alcaldes españoles que hace una semana se manifestaban en Madrid contra la medida. Creen que las autonomías no tienen dinero para abonar los servicios asistenciales y que los ciudadanos terminarán pagando las consecuencias. Comunidades autónomas como Castilla y León (PP), han presentado duras alegaciones al proyecto y aventuran que el traspaso de competencias duplicará el coste de los servicios. Pero parece que nada va a cambiar el parecer del Ejecutivo, que sostiene que hay demasiadas administraciones distintas haciendo cosas parecidas.

Cospedal, el pasado día 14 de octubre. EFE

En el último informe que España envió a Bruselas sobre el seguimiento del plan de reformas, el Gobierno asegura que la ley conllevará un ahorro de más de 8.000 millones. De ellos, 3.422 por eliminar servicios por las consabidas duplicidades. “Saben que eso no es cierto”, protesta Díaz Cacho. Su Ayuntamiento cuenta con un amplio catálogo de servicios sociales. Tiene un presupuesto de 13 millones y una abultada deuda de otros 11 con entidades financieras y acreedores comerciales. El regidor cree que los números rojos son manejables. “Son menos de seis euros al mes por habitante”. A cambio La Solana tiene un centro de atención a la mujer; otro ocupacional; tres viviendas tuteladas; dos centros de día; otro de atención temprana para niños de cero a seis años; ayuda a domicilio y una escuela infantil.

Desde 2014, los municipios con déficit dejarán de prestar servicios sociales (con algunas excepciones) y serán las comunidades las que decidan qué financian. ¿Qué hará entonces la Junta de Castilla-La Mancha? se preguntan en La Solana. No lo saben. Ni siquiera han preguntado a qué venía la dichosa transferencia. “La llamada a Toledo para averiguarlo nos habría costado más cara que el ingreso ridículo de ese céntimo”.