Cárcel sin barrotes en Freetown

Luis María Huerta (50 años), transportista vasco, confiaba en hacer un buen negocio en Sierra Leona. Compró dos camiones y viajó al país con un contrato para trabajar en una mina transportando hierro. Ahora puede perderlo todo. Lleva 10 meses sin salir de Freetown porque las autoridades no saben qué ha ocurrido con su pasaporte. Ha estado tres veces enfermo de malaria y no ha cobrado los dos únicos meses que él y sus cinco compañeros españoles han podido trabajar. José Mocholí, Enrique Mocholí, Ramiro González, Antonio Valenzuela y Juan Carlos Gafo: todos esperan a 5.000 kilómetros de casa. Con una economía horadada por la crisis, aceptaron la que consideraron una buena oportunidad: trabajar durante tres años en Sierra Leona contratados por una empresa valenciana. Sus familias ya no pueden enviar más dinero para mantenerlos. “A veces siento que esto es irreal”, dice Ramiro González desde el hostal de Freetown que se ha convertido en su cárcel sin barrotes.

El pasado 20 de enero, los seis trabajadores autónomos aterrizaron en Sierra Leona. La compañía valenciana Aznar Quarrying Logistics les había alquilado los camiones por tres años a 370 dólares al día y ellos tenían la tarea de supervisar su funcionamiento. “La empresa contactó conmigo. Me explicó que tenía la idea de reclutar 40 o 50 máquinas de gran tonelaje, alrededor de 200 camiones y muchos trabajadores”, explica desde Freetown José Mocholí (44 años), transportista valenciano. Mocholí, que se había cansado en su tierra de trabajos que nunca llegaba a cobrar, trasladó la propuesta a su hermano Enrique (42 años), y este aceptó. “No sabía inglés, pero por un asunto de impagos necesitaba trabajar. Donde fuese”, cuenta Enrique. Luis María Huerta, que hasta entonces solo poseía un camión pequeño, pidió un préstamo de 50.000 euros para comprar los dos que llevó a Sierra Leona: “Con los ingresos esperaba poder pagar el préstamo y sacar adelante a mi familia”.

Los camioneros se quejan de que la empresa valenciana se desentendió de su situación hace meses

Además de los Mocholí y de Huerta, los tres residentes en Valencia, a la oferta se sumaron transportistas de distintos puntos de España. Ramiro González (54 años) la encontró en Internet: “He llegado a tener varios vehículos, pero los impagos han hecho que mi flota se haya reducido a los dos que traje a África. Vine para intentar salir adelante y pagar las deudas que tengo”, explica.

La firma valenciana había creado una sociedad con una empresa de Sierra Leona: la primera ponía los camiones y la segunda se ocupaba de los trabajos en la mina. “Cuando llegamos al país, entregamos los pasaportes para que nos expidieran los visados y los permisos de trabajo. Habíamos pagado en España 450 euros. Desde entonces, no los hemos vuelto a ver”, cuenta Mocholí. “Los camiones estuvieron 55 días en la aduana porque las empresas no se ponían de acuerdo sobre quién debía asumir las tasas”.

Recuperar los camiones, su única herramienta de trabajo, se convirtió en su prioridad. Ellos mismos abonaron la aduana, pero en los vehículos encontraron una sorpresa. “Faltaban las emisoras, el gasoil, piezas importantes, ruedas... ¡hasta las alfombrillas! Y unas maletas con ropa nueva que me había comprado mi mujer”, sonríe González, resignado.

Repusieron las piezas que faltaban y, sin pasaporte ni permiso de trabajo o residencia, empezaron a trabajar. “Nos dijeron que los camiones debían ser rematriculados a nombre de la filial local por temas puramente operativos”, cuenta Mocholí. “Cuando llevábamos un mes y medio trabajando, la empresa de Valencia se plantó aquí con un abogado y le puso un pleito a su socio de Sierra Leona [por la rematriculación]. El juez intervino y repartió entre los dos litigantes el dinero de nuestro trabajo: la firma de Valencia recuperó 96.000 dólares, y el resto, hasta 181.000, se lo quedó el socio de aquí”, concluye. El juez también ordenó paralizar los vehículos pero los camioneros aseguran que sus máquinas siguen trabajando en la mina mientras ellos gestionan su salida del país.

Jesús Prieto (34 años) consiguió marcharse en mayo. Desde su pueblo, Bembibre (León), explica cómo lo hizo. “Para recuperar mi pasaporte pagué 450 euros al socio local diciéndole que venía a por más camiones. No sé para quién era el dinero, pero cuando llegué al aeropuerto mi pasaporte estaba en extranjería”. Prieto calcula cuánto ha perdido: “Sin los casi 100.000 euros que hemos dejado de ingresar, habremos gastado 15.000 euros entre gastos de avión, manutención...”.

Los camioneros se quejan de que la empresa valenciana se desentendió de su situación hace meses. Josefa Aznar, una de sus administradoras, no quiere hacer declaraciones alegando que hay un proceso judicial abierto. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores español no contempla este tipo de conflictos administrativos en sus recomendaciones de viaje a Sierra Leona, que se ciñen a las básicas de “un país que acaba de salir recientemente de un conflicto de 12 años de duración”. Los transportistas cuentan que el embajador va a reunirse con ellos para tratar de solucionar el problema.

En España, sus familias ya no pueden más. “Ni mis hijos ni yo tenemos trabajo y no vamos a poder hacer frente a los pagos”, cuenta angustiada Carmen Crespo, la mujer de Luis María. “Con mi sueldo tengo que mantener una casa, hijos, seguir pagando los seguros de los camiones... y enviar dinero a José para que sobreviva”, explica Eva Báguena, mujer de Mocholí.

Prieto asegura que su situación es ahora mucho peor que antes porque toda su familia le ha ayudado con préstamos o avales a los que ahora debe responder. Pese a las calamidades que ha pasado, y a que todavía no puede recuperar una de sus máquinas, no descarta una nueva aventura: “Tal y como estoy, me marcho aunque me manden a hacer agujeros a la Luna”.