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Madrid echa un órdago a Rajoy: exige una nueva financiación en tres meses

EL PAÍS consulta a los barones del PP una alternativa a la propuesta Camacho

Todos los barones del PP creen que es el momento de hablar de un nuevo modelo de financiación

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Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó zanjar esta semana el debate, al asegurar que "la financiación ahora no toca". Pero varios presidentes autonómicos del PP y destacados dirigentes territoriales del partido mayoritario consideran que sí toca. El principal barón de la formación, Ignacio González, da este lunes un plazo de tres meses al Ejecutivo al asegurar, en un artículo que publica EL PAÍS, que "el 1 de enero de 2014 debería estar aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica", porque "así lo establece la ley, y así se acordó en la pasada Conferencia de Presidentes, hace un año".

El presidente de la Comunidad de Madrid, joya de la corona del PP por población y presupuesto, defiende "una reforma que acabe con las injusticias y las incoherencias del modelo actual" para lograr un modelo "donde los que más aportan no sean maltratados por el sistema de financiación y se vean representados los intereses de sus ciudadanos". La reflexión de González, quien rechaza mezclar debates identitarios y la crisis soberanista en Cataluña con la revisión del modelo, se parece, no obstante, a la propuesta de Alicia Sánchez-Camacho, que plantea limitar la solidaridad entre autonomías. El presidente madrileño reaccionó de forma airada, hace una semana, ante la propuesta de la líder del PP catalán y llegó a plantear la celebración de una consulta para preguntar a los madrileños qué régimen de financiación quieren.

La revisión del sistema de financiación ya está sobre la mesa, a pesar de que el Gobierno y Mariano Rajoy quieran enfriar el debate para evitar otro incendio y una nueva rebelión de barones. Pero, al margen de los términos empleados por cada uno, todos creen que ha llegado el momento de hablar de ese modelo, reclamar y formular propuestas. Y algunos piensan hacerlo hoy ante el presidente del Gobierno en el Comité Ejecutivo Nacional de los populares. La crisis soberanista en Cataluña ha acelerado el proceso y los populares han abierto otra caja de Pandora de la que han salido ideas tradicionalmente incómodas dentro del partido, como el reconocimiento de las singularidades y la limitación de la solidaridad entre autonomías.

En esto último consiste el plan de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, rechazado el pasado lunes por la cúpula nacional y los barones de la formación. Algunos de ellos reaccionaron de manera airada, como el presidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio González. EL PAÍS ha consultado a los presidentes autonómicos del PP y dirigentes territoriales su plan para revisar ese sistema y su propuesta para buscar una salida a la crisis política en Cataluña y al pulso entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. El debate está servido.

 

Apremiar al Gobierno.

Todas las comunidades autónomas quieren un nuevo sistema de financiación y, con matices, exigen al Gobierno que lo aborde con celeridad. Además de Madrid, el presidente valenciano, Alberto Fabra, lleva meses apremiando al Ejecutivo para mejorar el sistema que, asegura, perjudica a su autonomía. Fabra defiende que hay que romper la dinámica negociadora utilizada hasta ahora para reformar los distintos sistemas de financiación autonómica. Una dinámica basada en que el Estado aumentaba, en cada reforma, la cantidad de dinero a repartir entre las autonomías de régimen común sin alterar, en la práctica, los parámetros de un sistema que colocan a la Comunidad Valenciana en el furgón de cola. Así, la Generalitat valenciana ha hecho llegar al Gobierno una propuesta que apuesta por un nuevo sistema que garantice el mismo gasto por habitante en sanidad, educación y bienestar social en toda España. La propuesta también aboga por una financiación básica para el resto de competencias y una mayor autonomía tributaria a las autonomías para que puedan sufragar políticas diferenciadas.

La Región de Murcia también quiere un nuevo modelo. "Con el acuerdo de todas las comunidades", argumenta el presidente Ramón Luis Valcárcel. "Urge poner en marcha un sistema de financiación que no esté basado en criterios territoriales, como sucede actualmente, sino que responda a criterios objetivos de población y refleje la realidad de cada comunidad. Una financiación que no discrimine a unas autonomías frente a otras, como actualmente le sucede a la Región de Murcia, que, por estos motivos, recibe anualmente 245 millones de euros menos al año que la media nacional".

"La solidaridad no se toca".

Lo que más alarma algunos barones populares es la propuesta de poner límites a la solidaridad entre comunidades para mejorar la financiación de Cataluña, una circunstancia que creen que perjudicaría al resto. La propia María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y número dos de los populares, lo dejó muy claro. La revisión del modelo "aún está en fase de análisis" y se escucharán "voces todos los días y todas bien intencionadas". "La financiación tratará de igual manera a los españoles con independencia de cuál sea la parte del territorio donde vivan", enfatizó. Esto es, no debe haber trato de favor.

Esa es la postura que mantiene el Gobierno de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, donde se considera "una barbaridad" el plan de limitar la solidaridad. "No hay que romper nunca ese principio", en palabras del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiagó-Juárez. "Siempre unos van a aportar más que otros, pero los servicios tienen que ser los mismos". El PP, en opinión de Herrera, debe seguir apostando por un modelo "plurilateral" que solo reconozca las singularidades establecidas en la Constitución.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, considera que la financiación "no puede ser un instrumento para resolver las aspiraciones políticas o institucionales de un territorio, ni puede servir para buscar la discriminación o la desigualdad de un ciudadano respecto a otro en función del lugar donde vivan". También lo rechaza el barón andaluz, Juan Ignacio Zoido, y el balear José Ramón Bauzá, quien se opone a "sistemas singulares de financiación para cada uno". "No es posibles tener 17 sistemas singulares de finaciación. Y la singularidad que existe, que es el cupo, debería liquidarse de forma que aportara más a la solidaridad. Lo que sí defiende Baleares es que el nuevo sistema de financiación que negociemos se ajuste al ciclo de las economías regionales y observe una cierta ordinalidad en el resultado", mantiene Bauzá.

¿Un debate legítimo?

Los únicos dos barones que ven "legítimo" ese debate son Alberto Núñez Feijóo y Arantza Quiroga. El presidente de Galicia considera que "el sistema de financiación autonómica es manifiestamente mejorable". Y agrega: "Lo venimos diciendo desde el primer momento en que obligaron a las comunidades autónomas a asumir un sistema de financiación que se pactó entre el Gobierno central socialista y la Generalitat de Cataluña. Ahora a Cataluña no le vale. A Galicia no le vale desde hace mucho tiempo ese sistema, y ese sistema de financiación bilateral es manifiestamente mejorable". Feijóo rompe una lanza por Sánchez-Camacho, aunque descarta una solución bilateral entre el Estado y la Generalitat. "Ha hecho una propuesta. Si la propuesta es constitucional, es estatutaria y está en los principios básicos de la ley de financiación es una propuesta que conviene debatir. Cada uno lógicamente tendrá su postura. Pero el acuerdo tiene que ser multilateral y el dinero se ha de repartir entre todos. No es bueno pactar un sistema de financiación entre dos", afirma.

Quiroga, presidenta del PP vasco, también considera que es "bueno" que se debata sobre el modelo de financiación. "En estos tiempos hay que escuchar a las personas que están al frente de organizaciones territoriales". Esta última última reflexión cobra relevancia cuando el PP vasco quiere desempeñar un papel en la negociación en curso para la renovación del cupo —la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas— y en todo lo relativo al concierto económico. "Sánchez-Camacho pretende poner encima de la mesa una posible solución, que podrá ser compartida o no, pero que en cualquier caso es bueno que se debata y que cada uno dé su opinión. Debe enfocarse como un debate, no como una controversia", destaca.

Con información de Joaquín Ferrandis, Andreu Manresa y Javier Rivas.

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