Las ‘herriko tabernas’, 11 años después

Once años después del inicio del proceso, en 2002, y cinco años después de que el juez Baltasar Garzón concluyera el sumario, en 2008, el próximo jueves comparecerán ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 39 procesados acusados de “pertenencia a banda armada por supuesta financiación de ETA” a través de las herriko tabernas (tabernas populares).

Tres de ellos son dirigentes de la izquierda abertzale —Rufi Etxeberria, Joseba Permach y Joseba Álvarez— para los que el fiscal pide 12 años de condena. Un cuarto dirigente, Arnaldo Otegi, ha quedado fuera al haber sido condenado anteriormente por pertenencia a banda armada en el caso Bateragune. 20 procesados tienen una petición fiscal de 10 años y otros 16 de ocho años por colaboración.

La previsión judicial es que la vista se alargue, al menos, hasta febrero, al tener que comparecer, además de los 39 procesados, unos 110 responsables civiles de las herriko tabernas, además de testigos y peritos. La celebración de este nuevo macrojuicio preocupa en la Audiencia Nacional. “Había que terminar de hacerlo, pero a nadie le apetecía abordarlo. La investigación es caótica con una gran acumulación de documentos sin lógica alguna. Son 300 tomos con 85.000 folios que van a ascender a 200.000. Es un sumario inaprensible”, señalan en fuentes judiciales.

A su vez, la defensa no tiene interés en que este juicio se alargue. “No pretendemos que haya intervenciones largas. Queremos que se acabe cuanto antes”, señalan. La celebración de este juicio, cuando se va a cumplir el segundo aniversario del cese definitivo del terrorismo, causa malestar en la mayoría del espectro político vasco, a excepción del PP. Así, varios juristas, que en su día denunciaron el terrorismo, como el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, han denunciado “la petición de elevadas penas de prisión a dirigentes de organizaciones legales en el período de los hechos enjuiciados” y de “informes policiales sin ningún apoyo probatorio”. La denuncia de los juristas de un “nuevo juicio político” cuando el terrorismo ya ha cesado es suscrita, también, por el PNV, que añade que el sumario “carece de la más mínima y elemental base jurídica” y “se basa en el desbordamiento de colaboración con banda terrorista”. Termina pidiendo la absolución de los 39 procesados. El PSE piensa lo mismo, aunque no ha hecho pública su posición.

Existe un temor general en Euskadi de que este juicio sirva para reforzar a los sectores más radicales de la izquierda abertzale. Aunque no hay riesgo de vuelta al terrorismo, estos sectores pueden contribuir a que ETA no avance hacia el desarme, como le reclaman precisamente los dirigentes que se sientan en el banquillo.