El recorrido de la polémica reforma balear

La reforma aprobada en junio de 2012 por el Parlamento balear para no exigir a los nuevos funcionarios el conocimiento de la lengua catalana ha sido una fuente de polémicas para el Ejecutivo presidido José Ramón Bauzá (PP). Con la modificación, el catalán pasaba de ser un requisito para los aspirantes a empleados públicos para convertirse en un mérito en las oposiciones que, sin embargo, afecta a un consenso lingüístico que data de 1986.

La medida contempla la excepción de los profesores y otros funcionarios que prestan atención al público, que sí deberán conocer el catalán para ejercer su función.

El presidente balear encontró una fuerte oposición a la medida, también en el seno de su partido. Antoni Pastor, alcalde de Manacor y exportavoz del PP en el Parlamento autónomo, rompió la disciplina voto en la sesión en la que la  reforma salió adelante, al considerar que suponía un "desprestigio” para el catalán. Y acusó a Bauzá de romper un pacto estable para la normalización lingüística y de crear con ello una fractura en la sociedad.

El presidente balear movió ficha y convocó a la comisión de garantías del PP para sancionar al diputado díscolo. “El PP certifica la defunción del catalán en la Administración, solo Antoni Pastor mantiene la dignidad”, dijo entonces Biel Barceló, líder del conglomerado nacionalista PSM-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca y Més Per Menorca.

El rechazo de la oposición ha sido unánime y frontal. El PSOE envió un recurso al Tribunal Constitucional en cuanto el texto fue aprobado por el Parlamento. Los socialistas argumentaron que la reforma a la Ley de Función Pública atenta "contra el pluralismo lingüístico” garantizado en la Constitución y que contradice el principio del estatuto de autonomía de "normalización progresiva de la lengua catalana". Francina Armengol, líder del PSOE balear, tildó la reforma de “disparate” y se refirió a la polémica como un "genocidio cultural” y un "atentado contra la lengua catalana".

Desde que estalló la polémica, el PP se ha defendido recordando que la modificación lingüística figuraba en su programa electoral y amparándose en la mayoría parlamentaria que le otorgan los casi 200.000 votos (el 46,7% del total) conseguidos en las elecciones autonómicas de 2011.