El símbolo de la corrupción del PP

El juicio a Carlos Fabra, a quien el mismo Mariano Rajoy no dudó en tachar de “ciudadano ejemplar”, representa el final de una etapa marcada por la corrupción y el despilfarro en el PP valenciano. Casi una década después de ser denunciado por un empresario, Carlos Fabra se sentará en el banquillo tras haber recibido el apoyo, solo “a nivel personal”, del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Poco calor para quien en los últimos años recibió homenajes multitudinarios y elogios de los dirigentes del PP, dispuestos a poner la mano en el fuego por quien controlaba con mano férrea su provincia desde la Diputación de Castellón.

Carlos Fabra, heredero de una amplia saga de caciques provinciales, siempre ha tenido habilidad para ampliar su influencia más allá de los límites de Castellón. A mediados de los 90, forjó una alianza con el PP alicantino para aupar a Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. Y una década más tarde la rompió para arrebatarle el control del PP regional a Zaplana y consolidar a Francisco Camps como presidente valenciano.

Escenarios que Carlos Fabra siempre supo aprovechar para blindar al PP de la provincia de Castellón ante injerencias ajenas. Y con los que supo obtener el apoyo del Gobierno valenciano para proyectos que, como el aeropuerto de Castellón, hoy parecen descabellados. Tal fue la tolerancia de Camps hacia sus excentricidades que una gigantesca escultura inspirada en Carlos Fabra preside hoy la instalación aeroportuaria sin aviones.

Ello explica que, cuando a finales de 2003, el empresario Vicente Vilar presentó dos denuncias contra el entonces presidente de la Diputación de Castellón —por cobrar dinero a cambio de agilizar permisos fitosanitarios en el Ministerio de Agricultura— nadie se atreviese a poner en cuestión la figura de Carlos Fabra.

Eduardo Zaplana, entonces portavoz del Gobierno de Aznar y todavía presidente del PPCV, se mostró “convencido de la honorabilidad” del castellonense. Y Francisco Camps, apenas recién elegido presidente de la Generalitat, se apresuró a garantizarle “todo el respaldo personal y político mío, del Gobierno, del PP de la Comunidad Valenciana y de toda España”. Fue el principio de una cascada de apoyos y muestras de afecto de la cúpula popular, a las que también se sumaría en una visita a Castellón en julio de 2008 Mariano Rajoy, necesitado del apoyo de los populares valencianos. “Un ciudadano y político ejemplar para el PP”, dijo Rajoy de Fabra.

A principios de 2007, el barón popular de Castellón ya había dejado claro que solo asumiría responsabilidades políticas con una sentencia condenatoria firme. Y tras revalidar su mayoría absoluta en las elecciones municipales de ese año no tuvo ningún pudor en asegurar que había sido “absuelto por el pueblo”.

Fabra marcó con claridad la senda por la que transitaría, a partir de entonces, el presidente valenciano Francisco Camps. Tanto que en el congreso regional del PP de 2008, Camps impulsó la modificación de los estatutos del partido para dejar claro que “la suspensión automática de funciones y militancia” solo se produciría “cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso”.

Con la doctrina Fabra asentada, Camps hizo extensivo, hasta su dimisión en julio de 2011, el trato otorgado al presidente de la Diputación al resto de cargos imputados en escándalos de corrupción.

Ello explica por qué los ocho diputados autonómicos del PP imputados en el caso Gürtel y el caso Brugal siguen en sus escaños. Y por qué Rafael Blasco, imputado en el caso Cooperación, no fue apartado del Grupo Popular hasta la llegada al poder de Alberto Fabra, que el año pasado logró que abandonase su escaño Pedro Hernández Mateo tras ser condenado por amañar, como alcalde, la contrata de basuras de Torrevieja.

Camps siempre consideró las imputaciones por corrupción de los altos cargos de su partido un “linchamiento político”, del que él mismo se sintió víctima, y nunca llegó a abrir, siquiera, un simple expediente informativo a los imputados.

Tras la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat y el PP valenciano, el nivel de tolerancia con la corrupción y el despilfarro ha cambiado. Pero, aún así, Alberto Fabra ha permitido que Carlos Fabra fijase el calendario de su retirada. Primero abandonó el puesto de presidente de la Diputación en las municipales de 2011 —no sin antes condicionar el nuevo equipo de gobierno— y, posteriormente la presidencia provincial del partido.

El mismo Alberto Fabra, exalcalde de Castellón, le debe su carrera al otrora poderoso barón provincial del PP, que ha mantenido hasta hace muy pocos meses la presidencia de Aerocas, la empresa de la Generalitat que gestiona el Aeropuerto de Castellón. Todo un aterrizaje suave para quien fue un político de altos vuelos. Por lo menos en Castellón.