El presidente del PP de Castellón medió ante dos ministerios por un negocio familiar

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esta provincia, y sus colaboradores Miguel Prim, diputado nacional del PP, y Vicente Sánchez Peral, subdelegado del Gobierno en Castellón, hicieron gestiones ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para acelerar la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios de Artemis 2000, una empresa propiedad de la mujer de Fabra y de la esposa de Vicente Vilar, el empresario que le ha denunciado. De esas gestiones ha quedado constancia en escritos oficiales.

Vicente Vilar, propietario de Naranjax, empresa que fabrica y comercializa productos fitosanitarios, afirma que pagó más de 100.000 euros a Fabra por sus gestiones para lograr las autorizaciones del Ministerio de Agricultura. Fabra negó el viernes haber percibido "compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios de su provincia".

Los favores, tal como sostiene Vilar, se centraron en la mediación, visitas y presiones realizadas ante distintos cargos de los Ministerios de Sanidad y Agricultura para intentar acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las empresas solicitantes de dichas autorizaciones eran Arcavi y Naranjax, propiedad de Vilar, y Artemis 2000, propiedad de su ex esposa, Monserrat Vives, y de la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y en la que Vilar figuró como administrador único hasta el pasado mes de abril, cuando fue destituido de su cargo.

El diputado del PP por Castellón Miguel Prim fue uno de los que se dirigió al Ministerio de Agricultura para interesarse por el estado de la tramitación y aclarar si había algún problema especial con las concesiones, ya que Vilar consideraba que éstas se estaban retrasando demasiado. Sin embargo, Prim no fue el único ya que el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, también realizó varias gestiones sobre las empresas de Vilar y la de la esposa de Fabra.

Información directa

Incluso el propio presidente de la Diputación recibió información directa desde el Ministerio de Sanidad acerca de la situación en la que se encontraban las solicitudes formuladas por la empresa de su esposa.

Vicente Sánchez Peral no ha querido responder sobre su participación en este asunto, mientras que el propio Vilar ha tratado de justificarlo alegando que "únicamente realizaba las gestiones que le exigía Fabra". "Yo nunca le he entregado nada y pienso que es una excelente persona", añadió.

Las gestiones realizadas por Sánchez Peral durante 2000 y 2001 tuvieron como interlocutores al subdirector general de Medio de Promoción Agrícola, Juan José Guitián, y al director general de Agricultura, Rafael Milán.

En los documentos a los que ha tenido acceso este diario, Guitián hace referencia a una entrevista mantenida con Sánchez Peral sobre los productos de Vilar, y le remite oficios sobre defectos encontrados en las solicitudes, que "serán igualmente recibidos por los interesados en fechas próximas".

Por su parte, Rafael Milán remitió a la subdelegación del Gobierno un detallado informe de la situación en la que se encontraban 30 expedientes de autorizaciones solicitadas por las empresas de Vilar y de las esposas de éste y de Fabra.

Las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios se solicitan en Agricultura pero es en el Ministerio de Sanidad donde han de pasar los exámenes más estrictos para su posterior visto bueno. Así, el diputado Miguel Prim se dirigió en junio de 2001 al entonces Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para hacerle saber las "dificultades" en la tramitación de autorizaciones para dichas empresas.

En su contestación, Arias- Cañete le indicó que la evaluación de los productos concernía a la Dirección General de Salud Pública y subrayó: "Debes entender que se trata de aspectos sobre los que no me corresponde emitir opiniones ni juicios".

Un portavoz del Ministerio de Agricultura justificó la actitud de Arias-Cañete: "Es la respuesta a una carta que le envía el diputado Prim sobre cómo va la tramitación de unos determinados productos, y se le contesta. El ministro aclara que no va a emitir ningún juicio de opinión, porque no es su competencia". Agricultura no ve anómalo que este diputado pidiera y recibiera información por un circuito privado en lugar de hacerlo mediante pregunta parlamentaria, dada su condición. "La carta no la hizo el ministro, se la hicieron los servicios correspondientes y la firmó él", señala el portavoz.

Prim se dirigió al mismo tiempo a la Dirección General de Salud Pública, en Sanidad, ocupada entonces por María Dolores Flores, "interesándose" por los expedientes. La directora general rehusó otorgarle información sobre los mismos ya que, según explicó en su escrito, "las personas a las que la Administración debe informar son únicamente los titulares de la solicitud de autorización de cada producto".

"Es que yo soy muy funcionaria. Llevo 25 años en la Administración y soy muy cumplidora del procedimiento", señaló Flores a este periódico para justificar su respuesta. "Me puede venir quien me venga, que los procedimientos son los establecidos porque creo que es lo que da transparencia y organización. Esos años hubo un incremento porque todas las empresas empezaron a pedir registros de una manera desorbitada. Y había un procedimiento que había que cumplir: ver qué repercusión tenían en la salud humana los productos que se presentaban. Y había un orden de entrada y un orden de salida. Según entraba, así salía", explicó Flores.

Sin embargo, nueve meses después, Flores obvió supuestamente esta circunstancia y redactó un escrito, que Fabra haría llegar a Vilar por fax, en el que detallaba "los nombres de las sustancias y productos" que había firmado recientemente para dar salida al Ministerio de Agricultura. De los ocho productos a los que la directora General de Sanidad hacía referencia, seis eran registros solicitados por la empresa de la esposa del propio Fabra. Flores manifestaba en su nota su optimismo: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Niega conocer a Fabra o haber enviado tal nota fuera del Ministerio de Sanidad.

Nueva versión

Flores, tras mantener inicialmente que jamás habría firmado un documento de tal tenor y sin membrete, cuando este diario le remite por fax su propia nota revisa su versión: "Sí, es mi firma, pero tiene que faltar el membrete de arriba, a quién se lo enviaba yo. Creo que es una nota interna del ministerio porque me habían pedido alguna información". ¿Quién? "No me acuerdo quién me pediría información dentro del ministerio". Flores sólo aclara que no fue ni la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ni el subsecretario, Domingo Menéndez Menéndez, quienes le pidieron datos: "Porque estábamos de acuerdo en que no íbamos a mover nada".

Tras pensar unos minutos en aquella nota, Flores intenta recordar quién le pudo pedir los datos sobre esos registros fitosanitarios: "Podría haber sido Rubén Moreno Palanqués, secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, quien me pidió la información. Es que Rubén es de Castellón". Moreno, que abandonó el ministerio con la salida del equipo de Celia Villalobos en julio de 2002, ni era superior de Flores, que dependía del subsecretario, ni tenía competencias sobre fitosanitarios. "Del ministerio, la única persona, sin ningún tipo de presión, muy normal, que me preguntó '¿esto cómo está?', fue Rubén Moreno; y yo le dije está de esta manera".

Flores insiste en que nunca adelantó irregularmente ningún producto, ni se saltó ningún requisito porque afectaba a algo tan serio como la salud humana. "Esto no es autorizar un yo-yo. Si se aprobó algo es que cumplía todos los requisitos y se hizo cuando le tocara", proclama.

Flores no mentía: cuando redacta su nota había dado salida ya desde Sanidad a los citados productos de Artemis 2000, que fueron registrados y autorizados definitivamente entre junio y octubre de 2002 en Agricultura.