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Las asociaciones de víctimas del terrorismo e Interior se enredan con la ley

Los damnificados por el terrorismo rechazan la nueva norma y su reglamento

El Ministerio no tiene previsto realizar "ninguna modificación"

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, Mari Mar Blanco, de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y Pilar Manjón, de la Asociación 11-M. Afectados por el Terrorismo, en la tribuna de invitados en el Congreso el pasado 27 de junio

El reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo ha conseguido que por primera vez todas las asociaciones de damnificados se pongan de acuerdo. El rechazo unánime se hizo explícito en la última reunión que tuvieron este lunes los colectivos con los responsables del Ministerio de Interior encargados de explicar cómo se iba a desarrollar la nueva norma, que ha tardado casi dos años en tramitarse.

Los damnificados coinciden en que el reglamento entorpece los derechos reconocidos por la recientemente aprobada Ley de víctimas que conllevan prestaciones económicas. "La Ley ya era mala, pero el reglamento es nefasto y contiene aspectos surrealistas", afirma Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M afectados por el terrorismo, quien tacha el texto de "chapuza administrativa".

Mientras las asociaciones estudian qué acciones tomar, el Ministerio del Interior cierra la puerta a toda rectificación. El ministro, Jorge Fernández-Díaz, dijo este martes que "no se dan las bases para que podamos modificar esa ley" y que "ni siquiera" existe "la necesidad" para hacerlo. La directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, descartaba este viernes en declaraciones a EL PAÍS cualquier cambio tanto en el texto que aprobó el Congreso el pasado seis de septiembre como en su práctica administrativa, aunque aseguró que el Gobierno tratará de atender las demandas de las víctimas por otros mecanismos, sin especificar cuales. 

Sin embargo, las alegaciones son muchas y profundas. discrimina de forma intolerable a los damnificados y crea la mayor desigualdad que hasta la fecha ha podido existir entre las víctimas del terrorismo", ha señalado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) en un comunicado. La asociación considera que la ley establece un "agravio comparativo" porque "penaliza a las víctimas que no tienen en su poder una sentencia condenatoria para sus victimarios". En palabras de su presidenta, Consuelo Ordoñez, "la norma defiende que la vida de quienes no han accedido a la justicia vale la mitad que la de aquellas víctimas que sí han tenido esa suerte".

Interior ofrece "diálogo constructivo" sin alterar el reglamento

Las asociaciones coinciden en que el reglamento pretende ahorrar el gasto destinado para las víctimas. Una de las críticas más compartidas es que en caso de que un ataque terrorista acabe con la vida de un feto, a éste no se considera víctima independientemente del grado de gestación. "Esto para ahorrarse 250.000 euros", acusa Manjón, a quien también escandaliza que los damnificados fuera de España reciban el 40% de la indemnización que recibiría dentro del territorio nacional o del que corresponde a un militar en acto de servicio en el exterior. Otro de los principales reproches reside en la supresión de ayudas escolares en el supuesto de que la víctima haya recuperado su puesto de trabajo. Según los asistentes a la reunión del pasado lunes, los responsables de Interior hicieron continuas alusiones al Consejo de Estado, al que responsabilizaron de los aspectos que disgustaron al colectivo.

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), reclama la posibilidad de volver a presentar enmiendas al texto. La Asociación 11-M víctimas del terrorismo planea reuniones con los grupos parlamentarios para expresar sus demandas y exigir una modificación de la ley. Desde el Ministerio del Interior se ofrece un "diálogo constructivo" a los colectivos para responder a las demandas sin alterar el reglamento.

El reglamento se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado seis de septiembre. Entre las principales novedades, se incluyó que las personas amenazadas por el terrorismo desde 1960 podrán recibir ayudas del Estado con carácter retroactivo.

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