La guerra de las gasolineras flotantes

Cañete amenaza con sancionar una controvertida práctica del repostaje de buques en el mar que usan empresas gibraltareñas, pero carece de soporte legal

Es viernes por la tarde y frente al puerto de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, permanece fondeado un buque de 246 metros de eslora. En las últimas 24 horas no se ha movido. De hecho, lleva mucho tiempo allí, a juzgar por las fotografías que le han hecho en abril y octubre pasados aficionados a los barcos que cuelgan en shipspotting.com. Se llama Vemaspirit y es un petrolero construido en 1997 con capacidad para almacenar hasta 100.000 toneladas de gasóleo. Es una de las muchas gasolineras flotantes que trabajan en el Estrecho, en aguas que Gibraltar reclama como suyas, y que el Gobierno español prohibió en noviembre pasado.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció esta semana que piensa “endurecer” las sanciones a este tipo de repostaje en alta mar: buques cisterna cargados de gasóleo y fondeados que suministran combustible a gaseros, petroleros y grandes mercantes que cruzan el Estrecho. El anuncio llega en un momento delicado en las relaciones con Gibraltar. Hace nueve meses, España aprobó un real decreto que crea una “zona especial de conservación” (ZEC) alrededor del Peñón. Ya entonces los expertos alertaron de que no estaba claro que España pudiera adoptar medidas en unas aguas en disputa. De hecho, aunque el decreto prohíbe expresamente “el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible”, no ha habido sanciones a las empresas propietarias.

El término bunkering ha vuelto a la actualidad por las controversias entre España y el Peñón: “En la ZEC está prohibido el bunkering, es decir, el suministro mediante gasolineras flotantes fondeadas permanentemente”, dijo Cañete en Barbate. En realidad el bunkering es una actividad perfectamente legal que se realiza en puertos de todo el mundo. “Hacer bunker”, como lo expresa un marino mercante con décadas de experiencia, no es otra cosa que cargar combustible, tanto si se hace en el atraque del puerto o en fondeo. “Los protocolos y las medidas de seguridad son muy estrictas e iguales en los dos casos, pero cuando hay dos buques en movimiento aumenta el riesgo. Si hay mala mar se puede producir un derrame”, explica. “En Gibraltar hablamos de petroleros con depósitos que almacenan grandes cantidades. Si hubiera un siniestro, el riesgo es mayor”, añade.

Unos 110.000 buques cruzan el Estrecho cada año, lo que convierte esta zona en la gasolinera entre el Atlántico y el Mediterráneo. Los puertos del estrecho (Algeciras, Gibraltar y Ceuta) suministran más de siete millones de toneladas anuales de gasóleo. Solo los puertos holandeses, con 13 millones de toneladas, superan ese volumen en Europa. El bunkering es, pues, “un gran negocio” para los puertos del Estrecho, afirma Francisco Piniella, profesor de la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Un negocio que acapara Gibraltar, con cerca de un 60% del total. Su posición geográfica estratégica y los precios bajos atraen a muchos buques a repostar en ruta, y no durante la carga y descarga, como sucede en otros puertos. “Casi todo el bunkering en Gibraltar se hace en buques fondeados”, señala Piniella. Ocurre así porque Gibraltar “prácticamente no tiene muelle en el que atracar”, señala, y carece de superficie en tierra para almacenar el combustible en tanques. Así que estos enormes barcos cisterna trasvasan gasóleo a gabarras, que, a su vez, suministran a los buques. Se producen, por tanto, dos trasvases para una sola operación de repostaje, lo que aumenta el riesgo de vertido. El bunkering en fondeo es una operación más barata (no se pagan tasas de atraque) y más rápida, pero también más peligrosa, coinciden los expertos.

“Gibraltar desarrolla su actividad de bunkering en aguas que España no le reconoce por el Tratado de Utrecht”, explica Antonio Muñoz, de Verdemar-Ecologistas en Acción, que lleva una década denunciando los vertidos y la “bomba de relojería” que suponen las gasolineras flotantes. Las empresas utilizan una zona incluida en la de “especial conservación” decretada por el Gobierno donde se prohíbe explícitamente esta práctica. Muñoz asegura que se hacen más de 8.000 trasvases en alta mar y más de 5.000 en la bahía de Algeciras, a las que hay que sumar las que realizan las empresas entre sus propios buques (hay gasolineras flotantes grandes y otras, medianas). En total, según cálculos de Muñoz, 60.000 descargas de gasóleo de buque a buque.

El ecologista recuerda varios accidentes en la zona, como cuando en 2007 chocaron el chatarrero New Flame con el petrolero Torm Gertrud. “Hay barcos viejos y peligrosos pasando por el Estrecho”, añade. “Y Gibraltar está saturado. Hay mucha demanda de fuel porque vende barato, y los buques, que no caben en la bahía, esperan fuera, en el mar de Alborán, dando vueltas”. Las denuncias que su organización ante la UE no han surtido efecto. “Si los barcos tienen doble casco, no pasa nada. Ninguna directiva europea prohíbe esta práctica”.

Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente y Cañete —vinculado a la petrolera Ducar, que suministra combustible a barcos en los puertos de Ceuta y Gran Canaria— llevan días afirmando que las gasolineras flotantes no son legales, no hay ninguna norma internacional que las prohíba. Es decir, que si llega a imponer sanciones, lo hará basándose solo en su propio real decreto. Y eso plantea dudas a los expertos.

“En materia de aguas hay un mantra que se arrastra desde el franquismo: que Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales”, afirma Jesús Verdú Baeza, doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz. “Esa afirmación no tiene base real en el derecho internacional. Mantener esa posición es una manifiesta debilidad jurídica”, añade, a riesgo de que le tachen de “antinacionalista”. “Gibraltar debe disponer de sus propias aguas según la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982. Y esta premisa hace tambalear toda la política española sobre Gibraltar”. De hecho, España nunca ha tenido control de facto sobre esas aguas y ha respetado la declaración unilateral del Peñón, añade. Hasta ahora. Verdú considera que con el real decreto no se ha pretendido velar por el medio ambiente, sino hacer política. “Es curioso que el área protegida solo incluya las aguas gibraltareñas y no las vecinas del parque natural del Estrecho”, ironiza.

El Gobierno del Peñón contesta a Cañete que no van a tolerar interferencias. Pero si ambos Ejecutivos quisieran evitar el peligro de las gasolineras flotantes, no estarían tan lejos de un acuerdo. Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, concurrió a las elecciones de 2011 con la promesa de estudiar retirar los tanques en el agua y trasladarlos a tierra firme.

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