El Gobierno revisa las medidas de seguridad de todo el sistema ferroviario

El goteo de propuestas sobre seguridad ferroviaria que han avanzado las distintas autoridades del sector desde el accidente de Santiago de Compostela, el pasado 24 de julio, desembocó ayer en el anuncio de una revisión de la totalidad del sistema ferroviario español. “Todo en este momento está sometido a revisión y todo está sometido a propuestas de mejora”. Un mensaje que llega a ser ambiguo: nada ha fallado pero todo se puede cambiar.

Con estas palabras, la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados un paquete de 20 medidas que suponen un análisis y un blindaje de la totalidad de “protocolos y sistemas” de la red de trenes. Dos semanas después de la tragedia que costó la vida a 79 personas, las circunstancias del siniestro; la desprotección de la curva de A Grandeira; la excesiva velocidad y el “despiste” de maquinista —quien hasta 11 segundos antes del descarrilamiento hablaba por el móvil corporativo con el interventor a 179 kilómetros por hora— han llevado al Gobierno a poner bajo la lupa toda la infraestructura y los procedimientos del sistema para corregir los posibles fallos,

La titular de Fomento dejó claro en su intervención que las soluciones de protección del trazado y, en última instancia, de la seguridad de los viajeros, pasan por el control y la revisión de la velocidad y la señalización. Y que este análisis llevará a revisar el cuadro de velocidades máximas en algunos tramos de riesgo que podrían tener una desprotección parecida a la de la curva de Angrois. No detalló si existen tales puntos y, si los hay, cuáles son las zonas negras en la red de 15.333 kilómetros de vías que recorre España.

Allí donde encuentren problemas similares, los técnicos de Adif instalarán un sistema de seguridad como el que días después de la catástrofe evita en Santiago un descarrilamiento a 180 por hora. El sistema trocea el tramo en tres distancias en las que se reduce la velocidad de 160 kilómetros por hora hasta 30, con un límite de carácter informativo a 60 desde 3.000 metros antes de la curva. Este sistema está dotado ahora de tres balizas con el dispositivo convencional de seguridad ASFA (Aviso de Señales y Frenado Automático). Y a esa propuesta apeló ayer Pastor al apuntar que “se dotará de protección con secuencia de balizas ASFA en los tramos en donde exista una disminución apreciable de velocidad”. Además, su departamento planea “promover el mayor desarrollo del ASFA digital, con la posibilidad de emisión de señales de voz, además de profundizar en la posible instalación de un sistema vía satélite para reforzar la señalización”.

Un día después del accidente, el 25 de julio, el Ejecutivo encargó una auditoría para analizar “todo el sistema ferroviario” y estudiar su mejora. Y para ello, tras los primeros informes preliminares y basándose en las recomendaciones de los técnicos, Fomento concluye que, al margen de la velocidad, pueden contenerse las posibilidades de error humano con un control más severo de los profesionales. Entre las medidas destacó varias propuestas que afectan a la plantilla. “Propongo aquí revisar los requisitos de acceso a los profesionales al sector y valorar la posibilidad de realizar una formación académica ad hoc”. La ministra anunció, además, que revisará “el protocolo de requerimientos psico-físicos del personal”, y se abre la posibilidad de “mejorar la grabación de la actividad profesional en los trenes”, algo que en parte ya hacen las cajas negras que registran lo que ocurre en la cabina.

Fomento anuncia una normativa sobre los derechos de las víctimas

Otras medidas tienen relación con la normativa del uso de los elementos de comunicación móviles “para implantar un sistema integrado y único donde el maquinista active la comunicación con un sistema de manos libres”, y también “más controles de las cajas negras, analizando periódicamente la información que contienen para promover medidas de mejoras”.

En contraste con lo que ocurrió el jueves tras la intervención en la comisión de los presidentes de Adif y Renfe, cuyas alambicadas explicaciones irritaron a buena parte de los diputados, la comparecencia parlamentaria de la ministra se produjo en un ambiente general de cordialidad, con cierta prudencia institucional incluso desde las posiciones más críticas.

La portavoz de la Izquierda Plural en la comisión de Fomento, Ascensión de las Heras, reiteró ante Pastor la petición de dimisión del presidente de Adif, Gonzalo Ferre. El diputado de IU Gaspar Llamazares también reclamó un gesto desde los pasillos del Congreso. “Si además de un factor humano hubo un fallo grave de seguridad debe asumirse una responsabilidad política”, razonó. Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, lamentó que tanto los presidentes de Adif y Renfe, que comparecieron el jueves, como la ministra de Fomento, no abundaran en las causas del siniestro, que están siendo investigadas. “¿Se podía haber evitado el accidente? Tengo la sensación de que no se hizo todo lo que se podía haber hecho para evitarlo”. IU, UPyD y el Bloque Nacionalista Galego consideraron que, si la seguridad del tren solo estaba en manos del maquinista, las autoridades no hicieron “todo lo posible” para evitar accidentes como el de Santiago.

En cualquier caso, no hubo salidas de tono. Todos los grupos agradecieron a la ministra que acudiera a la Cámara baja y, al margen del debate sobre la asunción de responsabilidades técnicas o políticas, todos coincidieron en la misma prioridad: las víctimas.

“He pedido que se revise palmo a palmo toda la red, pero no es porque no me fíe. Tenemos que decirle a los españoles que cuando ocurre una tragedia como esta todo está en revisión”, matizó la ministra. Y en tono solemne añadió: “No les vamos a devolver la vida a las personas que han perdido a sus familiares, pero sí podemos hacer lo posible porque no vuelva a pasar. Les pido su colaboración y también sus críticas. Porque sin críticas en política no se mejoran las cosas”.

Fomento ha creado una oficina de atención a los afectados y, paralelamente, ha iniciado el desarrollo de un real decreto “para la aprobación de una nueva normativa dirigida a reforzar los derechos de las víctimas y de sus familiares”. Esta norma se incluirá, según lo previsto, en “un plan nacional que coordine todas las actuaciones de atención a los afectados”. Precisamente ayer, 16 de esas personas acudieron a los juzgados de Santiago como denunciantes en la causa del descarrilamiento. Según el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, seis son familiares de fallecidos y otros 10, heridos, informa Belén Domínguez Cebrián.

IU insiste en pedir la dimisión del presidente de Adif por el accidente

Mientras en Santiago sigue abierta la vía judicial, en Madrid la mayoría de los grupos reiteraron su petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente. No obstante, Pastor solo aceptó y está de acuerdo en que se convoque una comisión de estudio del sistema ferroviario donde comparezcan técnicos y expertos, como solicitaba el PSOE. Si el proyecto sale adelante, se trataría de una subcomisión dentro de la comisión de Fomento que, según manifestó el portavoz socialista, Rafael Simancas, estaría dedicada a “la autocrítica y a la propuesta, para hacer acopio de información y analizar el estado de nuestra seguridad ferroviaria, determinar sus fallos y proponer soluciones”.

En cualquier caso, el principal partido de la oposición no renunciará a sus propuestas y así seguirá planteándoselas a Fomento. Por ejemplo, la “creación de una Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, siguiendo el modelo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “con recursos y autonomía para ordenar, regular, inspeccionar y sancionar la seguridad ferroviaria, y para determinar los análisis y la evaluación de riesgos en esta materia”.