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Doce políticos baleares a la sombra

Diez cargos del PP y de UM cumplen condenas firmes y

Otros dos están encarcelados por riesgo de fuga

Todas las penas son por casos de corrupción en el archipiélago

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Ordinas, el lunes, de camino a la cárcel de Palma.

Doce políticos del Partido Popular (PP) y Unió Mallorquina (UM) pasan un verano a la sombra, aunque sin mar ni piscinas. Cargan con el peso de la ley y cumplen penas en las cárceles de Mallorca e Ibiza por sus delitos de corrupción. Reiteradas sentencias demuestran y castigan sus negocios sucios en la cara oculta del poder. Entre los reos recientes, hay exprimeras figuras y autoridades: una expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, tres exconsejeros de Gobierno y un exdiputado. La última en entrar fue este lunes la exgerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antonia Ordinas.

En Baleares SA, apodo de la política de las islas por el sistema de complicidades de clanes de tipo mafioso, según la Fiscalía Anticorrupción, se cobraban comisiones ilegales del 40%, se exigían sobornos de cuatro millones en UM y se daban sueldos públicos de 12.000 euros a militantes para pagar favores y a cambio de no hacer nada. La tasa penal por estos últimos pagos se ha elevado a tres años de cárcel. Ya hay cuatro condenas y doctrina del Supremo.

En una sola consejería balear del PP está probado que se saquearon seis millones de euros. Para no recordar aquellos casos de corrupción, el Gobierno balear ha descolgado de su galería de honores el retrato del expresidente (y exministro) Jaume Matas, condenado por el Tribunal Supremo por tráfico de influencias a nueve meses, rebajando al máximo los delitos y los seis años a los que fue condenado inicialmente. Matas tiene una larga carrera pendiente. En diciembre se someterá a un jurado popular por un supuesto cohecho: un supuesto empleo ficticio con sueldo real para su esposa.

La Audiencia de Palma ha ordenado en los últimos días el ingreso en la cárcel de cuatro exaltos cargos de UM, la minoría bisagra que durante dos décadas decidió y controló las mayorías de gobierno en Baleares y Mallorca, ya fuera con la derecha o la izquierda (PSOE y PSM). Los casos sentenciados corresponden a etapas de gobierno de derechas, pero también progresistas. Ningún político de izquierda está preso.

Entre los reos, dos exprimeras figuras: los expresidentes de UM Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, y un exconsejero de Turismo, Xisco Buils. También entró en prisión un cargo intermedio de Turismo, Antoni Rebassa. Entre rejas, con tres años de reclusión, está el exsecretario general y diputado del partido Tomeu Vicens que, agotada su paciencia, confesó tramas, cobros y delitos e implicó en otras causas a los dos exlíderes, con un horizonte aún complicado.

Munar, compungida en el locutorio

A.M.

Maria Antònia Munar, la exlíder de UM, se percató de la nueva realidad que afronta el primer día que acudió al pasillo acristalado de los locutorios de la cárcel para comunicar con su letrado y su esposo. Entró la primera, desde la enfermería, a la sala de visitas. Era por la tarde, acababa de ingresar en la cárcel y esperaba de pie distraída. Al otro lado del cristal, un solo observador, otro abogado, con quien se saludó tímidamente. De golpe más de 20 presas entraron, inquietas, para hablar cara a cara con sus familiares y letrados. Y se toparon con la expresidenta presa. Y unas y otra quedaron paradas, sorprendidas. La nueva interna, aún vestida con su elegante ropa urbana, se mostró incómoda y bajó la mirada entristecida.

Munar era el partido de Unió Mallorquina (UM), clave para decidir el poder en Baleares, Mallorca y muchos municipios entre los años 1983 y 2010. Solo tenía 800 afiliados reales. En las últimas elecciones a las que acudió, las autonómicas de 2007 sumó 27.178 votos, el 6,88% sobre una población electora de 699.000. UM apoyó al PP y al PSOE-PSM-IU, indistintamente. En 2010 UM saltó por los aires, devorada por los escándalos de corrupción.

Por riesgo de fuga —como en el caso de Munar, expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlamento, con dos condenas recurridas—, la Audiencia ordenó el encarcelamiento en Ibiza del exconsejero del Gobierno de Matas (2003-2007), José Juan Cardona, el exalto cargo público del PP (y un auténtico peso pesado) con mayor condena: 16 años. Los jueces situaron a Cardona como jefe de una asociación ilícita en el llamado caso Scala, un asunto marcado por la caja de Cola-Cao con 240.000 euros sucios que entregó la gerente de un consorcio económico público, Antònia Ordinas. Condenada a tres años y ocho meses, por su actuación como arrepentida, Ordinas entró este lunes en la cárcel de Palma.

"Yo soy culpable. Me he equivocado y pagaré", manifestó al entrar en la cárcel de Palma Kurt Viaene, político del Gobierno de Matas del PP. Está condenado a cinco años y medio de reclusión, una pena reducida por colaborar con la Justicia. Viaene, belga, fue director general de Industria con el consejero de Comercio José Juan Cardona, con quien, dijo, se repartió cuantiosas comisiones por contratos y asesorías fingidas. Tras Viaene entrará en el centro penitenciario el exsobrino político de Jaume Matas, el exconcejal del PP de Lloseta Felipe Ferré —otro arrepentido que ha cantado—, con una pena de tres años y tres meses por negocios corruptos con la Administración.

En la cárcel de Palma cohabitan desde hace tiempo un núcleo de tres condenados del PP en el caso Andratx, paradigma de la corrupción ligada el urbanismo desaforado, un práctica destapada en 2006 y ratificada en decenas de condenas por los tribunales. El exalcalde de Andratx, el exguardia civil Eugenio Hidalgo, acumuló penas que suman cuatro años de máximo cumplimiento y ya tiene permisos.

Hasta ocho años de cárcel carga el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, exjefe de Urbanismo de Andratx, de quien se pregonaba que "era el que más sabía de las islas". Un funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, el celador de obras Jaume Gibert, suma cinco años por reiteración de condenas, aun siendo uno de los primeros arrepentidos que ayudó a la Fiscalía Anticorrupción a desnudar los líos y negocios raros del Ayuntamiento.

Personaje al margen es Javier Rodrigo de Santos, que fue número dos del Ayuntamiento de Palma y gerente de la campaña electoral de Jaume Matas. De Santos cumple pena de cinco años por abusos sexuales, tras ser condenado a dos años por malversar fondos con la tarjeta bancaria de la empresa pública de infraestructuras de Palma. De Santos, con cinco hijos, activista católico integrista, tiene permisos de salida.

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