El exconseller balear José Juan Cardona ingresa en prisión

La Audiencia de Palma ha ordenado el ingreso inmediato en la cárcel de Ibiza de José Juan Cardona, exlider del PP en la isla y exconseller de Comercio en el Gobierno de Jaume Matas (2003-2007). Lo ha ordenado a petición de la Fiscalía de Palma. Cardona fue condenado este lunes a 16 años de prisión y a pagar una multa de 2,2 millones de euros por su responsabilidad directa al frente de una trama organizada para el saqueo de hasta 8 millones de euros en su consejería, posee la pena de prisión más alta impuesta a un político español.

Es la mayor pena impuesta a un político en Baleares. La sentencia le obliga al pago de una multa de por el expolio las arcas públicas, que estaba integrada por cargos políticos y proveedores del Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB). La responsable de este organismo, Antònia Ordinas, destapó una caja con 220.000 euros enterrada en su jardín.

La casi totalidad de los reos juzgados (16 de los 18 imputados) asumieron los hechos, fueron arrepentidos y cargaron contra Cardona, con lo que merecen la rebaja de penas solicitadas por la Fiscalia Anticorrupción que, por otra parte, reclamará en una vistilla el ingreso inmediato en prisión del político pese al anuncio de recurso contra la condena.

La sala de Audiencia de Palma está formada por Francisca Ramis, Ana Cameselle y Rocío Martín, la ponente. El político Cardona, abogado de profesión, es considerado autor de los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación y falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, así como fraude a la administración.

El exconsejero y exdiputado balear del PP negó siempre los hechos y las acusaciones. Se quedó solo en el banquillo y explicó en el pacto con la fiscalía las acusaciones vertidas contra él. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau actuaron con el apoyo de los que se manifestaron corruptos y asumieron los delitos y las penas y desvelaron detalles de la actuación.

En 2008, en el huerto de la casa de la exgerente del Consorcio CDEIB, Antònia Ordinas, se hallaron dos cajas de Cola Cao enterradas con 220.000 euros de dinero sucio. Ordinas está casada con Isabel Roselló, una soprano, también imputada. Mientras la pareja estaba en la cárcel pidió confesar, desvelar su sistema corrupto y retornar dinero: 800.000 euros hasta ahora. La operación se llamó Scala por la implicación de la cantante de ópera.

El pacto de colaboración con la Justicia, de conformidad y reparación del daño causado, implicó el reingreso de más de 1,2 millón de euros del dinero malversado, a cambio de condenas inferiores, de hasta un tercio menores de la calificación fiscal inicial.

El exconsejero Josep Juan Cardona se negó a sumarse al pacto con la acusación para reducir a siete años su posible condena. Se proclama inocente y asegura que miente su exdirector general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que ha confesado que le dio cinco sobres de dinero, de 20.000 euros cada uno, en cuatro años.

“Es cierto que he recibido comisiones en efectivo”, ha proclamado Viaene en una confesión escrita, en la que detalla el funcionamiento de su organización corrupta de contratos, viajes, campañas de publicidad así como el reparto de pagos. También señala que el exconsejero Cardona ordenó desviar 10.000 euros públicos al pago de folletos de la campaña del PP de Ibiza. El partido está incurso en la causa por su posible responsabilidad civil.

La petición de pena para el arrepentido Viaene pasó de 20 años de cárcel a 5 años. Para Ordinas baja de 20 años a cuatro años de cárcel. Estos dos colaboradores de la justicia cumplirán penas de prisión. Ambos han estado internos preventivamente.

José Juan Cardona es el primer consejero del Gobierno de Matas que afronta un juicio de presunta corrupción. El presidente Matas ya fue condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Palma, pero su condena inicial ha sido rebajada este mes de julio a nueve meses por un solo delito de tráfico de influencias por el Tribunal Supremo.

Anticorrupción afirmó que existió un “saqueo sistemático” de las arcas públicas en el denominado caso Scala, bajo un principio: “A más facturación mayor comisión”. La facturación desviada se calculó en 8,2 millones. La fiscalía habló de un sistema de complicidades y pactos secretos propio de un grupo mafioso, con hombres de paja y sociedades pantalla.