Los establos de Augías

Nuestra diferencia con el relato mítico consiste en que aquí nadie tiene voluntad de limpiar unos establos, cuya suciedad encierra el peligro de ahogarnos a todos. No solo en las democracias es ley de cumplimiento general que la corrupción es mucho más que un subproducto ocasional del sistema político, pues acaba infiltrándose en su funcionamiento y en las relaciones de poder hasta pervertirlo.

Pero si en regímenes autoritarios y dictaduras el imperio de la corrupción orquestada desde el vértice forma parte de su naturaleza, en una democracia resulta incompatible con su supervivencia como tal. No lejos de esa situación se encuentra hoy España. Resulta, en consecuencia, lícito plantear la exigencia de su eliminación cuando la metástasis alcanza al nivel del Gobierno y este la tolera.

Solicitar la dimisión de Mariano Rajoy no es un acto demagógico, en la medida que bajo su doble presidencia, del Gobierno y del partido, han tenido lugar espectaculares procesos de corrupción, con apropiación de grandes cantidades de dinero público, por individuos que desempeñaban posiciones relevantes en el organigrama del PP, sin que sobre todo ello existiera el necesario control. Además, hay indicios de trato benévolo por su parte en el caso Bárcenas. Un líder político en su posición no puede pretender que cuando actos delictivos tienen lugar a cargo de gentes de su partido, incluso con altas responsabilidades, nada de eso tenga que ver con él. Y, por supuesto, no sirve esgrimir la presunción de inocencia hasta que se pronuncien los jueces en última instancia. Los casos Gürtel y Bárcenas, o el caso Gürtel-Bárcenas, ofrecen la imagen de un Partido Popular infectado por la corrupción, lo cual ciertamente a Rajoy debiera preocuparle por encima de los resultados electorales. Con negar una y otra vez la evidencia no se disipan las razonables sospechas.

Con negar una y otra vez la evidencia no se disipan las razonables sospechas

Desde hace mucho tuvo los medios para resolver la situación, si de veras ignoró su génesis, ya que no solo se trataba de comportamientos individuales, sino de actuaciones que comprometían al partido, proporcionando simultáneamente a los corruptos grandes beneficios económicos. En su poder estaba haber puesto en marcha una investigación interna, atendiendo así a un deber moral hacia los suyos y hacia la sociedad española, dado el punto a que habían llegado las cosas. Nada hizo, y amparó las palabras y los hechos de los dirigentes del PP negándolo todo. Amparó también la ofensiva de los suyos que contribuyó a la destrucción del juez descubridor de la trama.

Por los mensajes cruzados con Bárcenas hasta mediados de marzo, conocemos tanto la puesta en práctica de su habitual táctica de cautela, de no mojarse directamente, como el apoyo al extesorero, a quien aconseja resistir. Estas revelaciones del enriquecido personaje ofrecían a Rajoy la ocasión de al menos esbozar una explicación de lo sucedido, ya que la estrecha relación entre ambos se convertía en innegable. Tampoco lo hizo y difícilmente lo hará el 1 de agosto. Solo que, a estas alturas de los acontecimientos, el silencio es indicio de culpabilidad personal y factor de desprestigio para el conjunto de su partido y para la propia democracia española.

Entre las virtudes políticas de Rajoy se encuentra la de ofrecer un discurso que en sí mismo apenas ofrece blancos para la crítica. Nunca explica nada, se limita a afirmar que siempre hace lo que tiene que hacer, sería peor que no lo hiciera y, en el plano económico, que la culpa es de la herencia recibida. Era así ya como ministro, cuando tropezaba con un tema vidrioso —le recuerdo en el tema de los archivos de Salamanca y Cataluña—, buscando evitar todo desgaste. Ahora, a la vista del visto bueno dado por el Supremo a la actuación de Jaume Matas, pues no otra cosa es su condena a unos meses, Rajoy jugará a exigir respeto a la actuación de los jueces sobre los casos que le conciernen. El tiempo pasará y la factura política quedará impagada.

La debilidad de la oposición reside en que la basura de la corrupción también la alcanza, si bien en menor medida. La dimisión de Griñán en Andalucía es al tiempo un signo y una buena noticia, ante la previsible evolución del caso de los ERE. Pero también aquí encontramos una actitud opaca de los gestores socialistas, sin la menor intención de esclarecer las cosas por sí mismos, incluso disfrazando la Junta su intervención en el proceso como una acusación pública que deviene instrumento de defensa. La riada depuradora de Hércules no deja por ello de ser necesaria.