Del posible pacto a un “bodrio que abre la puerta a la privatización”

La reforma de la Administración local aprobada hoy por el Gobierno iba a ser el primer gran proyecto pactado entre los dos principales partidos y ha quedado en una de las leyes más criticadas por la oposición. El rechazo ha sido prácticamente unánime. La reforma local no gusta a nadie, e incluso provocó una rebelión de los alcaldes del PP, cuando Mariano Rajoy prometió hace un año acabar con un tercio de los concejales sin apenas tocar las Diputaciones. El recorrido de la norma, cuya aprobación en el Consejo de Ministros ha sido aplazada una y otra vez también por las duras críticas del Consejo de Estado, ha reflejado desencuentros constantes entre socialistas y populares hasta la ruptura de las conversaciones.

El PSOE ha tachado esta tarde la reforma de "bodrio que abre la puerta a la privatización". Así se ha pronunciado el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, quien considera que  "la ley nace sin el necesario consenso, no soluciona nada, no evita duplicidades ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales, y tampoco solventa sus problemas financieros". 

"Se trata simple y llanamente de un bodrio difícil de aplicar que abre una puerta muy peligrosa la privatización, cuando no al desmantelamiento de los servicios que se prestan por parte de los Ayuntamientos", ha denunciado Zarrías al advertir que "los ciudadanos son los grandes perdedores, ya que tendrán servicios más caros y menos eficientes".

El Grupo Parlamentario Socialista exige, por tanto, "la retirada inmediata de la ley para buscar el consenso necesario que permita su aplicación". En caso contrario, el PSOE ya ha anunciado que presentará la enmienda a la totalidad, puesto que la reforma, en su opinión, “despojará directamente de competencias a Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes”.

Para Javier Arenas, responsable de política autonómica del PP, al que muchos señalan como verdadero ideólogo de la norma, “se trata del proyecto de Ley más consensuado y más participativo de la democracia", en referencia a las negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, tanto en esa institución como en la oposición y en los sindicatos el rechazo es inequívoco.

Izquierda Unida ha indicado que dará una “respuesta contundente en las instituciones y en la calle” al proyecto de ley "que busca imponer el Gobierno de Mariano Rajoy". Para la formación de Cayo Lara, “el Gobierno del PP ha estado mareando la perdiz’ y, finalmente, solo ha introducido algunos cambios cosméticos en la última versión del proyecto". "Buscan dar una falsa impresión de flexibilidad negociadora con los representantes de los municipios y que han atendido las recomendaciones del Consejo de Estado. Pese a estas mentiras, la contrarreforma local mantiene sus claves más reaccionarias, entre ellas la recentralización, su afán privatizador de servicios y el recorte de competencias municipales”", ha manifestado el responsable de Política Municipal de IU, Manuel Fuentes. 

Comisiones Obreras y UGT han advertido de que la ley supondrá una ingente destrucción de empleo en las corporaciones locales, donde ya más de 200 personas pierden cada su empleo. En opinión de Joan Gasull, secretario general del Sector Estatal de Administración Local de FSC-CCOO,  "estamos ante un capítulo importante de los recortes a las Administraciones públicas en beneficio de los intereses económicos privados".