Castilla-La Mancha, o el laboratorio de Cospedal y Rajoy

“No les vamos a defraudar”. María Dolores de Cospedal iniciaba con estas palabras, la noche electoral del 22 de mayo de 2011, su andadura al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Tan solo un mes después, la secretaria general del PP, a quien Mariano Rajoy delegó el control casi absoluto del partido cuando se fue a La Moncloa, anunció los primeros recortes de su Gobierno.

Arrancaba así, hace dos años, una gestión marcada por constantes ajustes, que llega ahora a su ecuador y que, en más de una ocasión, ha sido un laboratorio de iniciativas adoptadas después por el Ejecutivo central. En medio quedan la supresión de organismos públicos, la eliminación del 60% de altos cargos y una retahíla de “medidas de ahorro y racionalización” que, en definitiva, suponen una drástica reducción de la Administración. Esto es, recortes en Sanidad y Educación, miles de despidos, supresión del sueldo de los diputados autonómicos, hasta el recién aprobado trámite para la reducción a la mitad de los parlamentarios regionales: de los 49 actuales hasta un mínimo de 25.

Para el Gobierno de Cospedal, que hoy hace balance de su gestión, no había alternativa pese a tratarse de un proyecto político impopular. Según fuentes del Ejecutivo regional, “gracias a la puesta en marcha de estas medidas, Castilla-La Mancha ha reducido el déficit del 7,8% del PIB que tenía a cierre de 2011 hasta el 1,5% de 2012”. Un esfuerzo que califican de “histórico” y “sin precedentes” en ámbito autonómico. La propia Cospedal reconoció recientemente: “Claro que hay servicios que han desaparecido”. No obstante, aseguró, “los derechos básicos de los ciudadanos se mantienen y se van a poder mantener en el futuro”. Para la oposición, liderada por el alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page, esta gestión supone, en cambio, “10 años de retroceso, más paro, más crisis, más impuestos, más listas de espera, menos médicos, menos profesores y menos derechos”.

En cualquier caso, lo que nadie niega, en Toledo y en Madrid, es que el camino emprendido por Castilla-La Mancha ha anunciado una y otra vez las reformas del Gobierno. Lo ilustra a la perfección el proyecto estrella de la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría: la reforma de la Administración presentada la semana pasada, que prevé un ahorro de 6.440 millones de euros en tres años y que en parte depende de que las autonomías cumplan las recomendaciones del Ejecutivo y eliminen defensores del pueblo, tribunales de cuentas y otros organismos.

Varios dirigentes del PP creen que las políticas de Cospedal fueron “pioneras”, puesto que estrenó su gestión anunciando la supresión del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia y Consejo Económico y Social. Mientras, la oposición señala ese momento como punto de inflexión que “en lugar de crecimiento económico”, ha llevado a un recrudecimiento de la crisis. “El déficit que les preocupa a los ciudadanos es el de los 100.000 parados más \[de alrededor de 310.000 en una comunidad con más de dos millones de habitantes\], que hay desde que Cospedal es presidenta”, denuncian los socialistas, con García-Page a la cabeza.

El PSOE acusa, además, al Gobierno regional de maquillar las cifras y de cumplir a costa de seguir endeudándose, lo que en opinión del consejero de Hacienda, es “un disparate”. “En Castilla-La Mancha el crecimiento de la deuda ha sido para financiar déficits pasados”, defiende Arturo Romaní. La diferencia, según el Ejecutivo de Cospedal, consiste en que el mecanismo de pago a proveedores —se acogieron 9.000 acreedores por un total de 3.000 millones de euros— convirtió la deuda con los proveedores en deuda bancaria. “El incremento de deuda financiera es una buena medida de cuánto se ha reducido la morosidad pública: es una buena noticia”, en opinión de Romaní.

El PP no ha llegado a ningún acuerdo de calado con el PSOE en esta legislatura y, dos años después, sigue escudándose en la herencia recibida de José María Barreda. Dos años que han sido un triunfo del bipartidismo en estado puro, puesto que en las Cortes de Castilla-La Mancha solo están representados los dos principales partidos. Y dos años en los que María Dolores de Cospedal ha logrado reducir el déficit a cambio</IL>, según la oposición, de “promover un modelo ideológico evidente: la privatización de la sanidad y el desmantelamiento de los servicios públicos”.