Alcaldes de PSOE e IU vuelven a plantar la FEMP en protesta por la reforma local

La mayoría del PP vota a favor de seguir negociando la reforma con el Gobierno

Lo hicieron el 28 de mayo y lo repitieron esta mañana, aunque en otro de los órganos de decisión de la Federación Española de Municipios. Los alcaldes del PSOE, entre ellos el vicepresidente del organismo, Abel Caballero, e Izquierda Unida abandonaron poco después de su comienzo el consejo territorial de la FEMP que arrancó al filo de las doce y media. Como ocurrió en mayo, ambas formaciones, esta vez junto a la Federación Canaria, solicitaron introducir en el orden del día del encuentro la convocatoria de una asamblea de alcaldes para debatir la reforma de la administración local que prepara el Gobierno. El PP aceptó el formalismo pero frenó con su mayoría la propuesta para convocar a los 7.331 regidores españoles que están integrados en la organización argumentando que la reforma "está progresando", según miembros presentes en el consejo.  Abel Caballero, vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, reiteró tras el plante de hoy que la reforma se basa en un concepto, el de "coste estandar", que no tiene sentido económico ni jurídico y que sólo ayudará a que se privaticen servicios a un coste mayor. El PSOE ya anunció que presentará un recurso al Tribunal Constitucional cuando se apruebe la ley.

Si entonces el presidente, Íñigo de la Serna, calificó el plante como un "hecho aislado que forma parte del juego político", hoy la FEMP aseguró que no habría declaraciones tras el encuentro. En un comunicado enviado por la tarde, la organización reiteró que ha acordado "seguir negociando con el Gobierno los aspectos aún pendientes de incorporar a la reforma local desde la máxima lealtad institucional pero con firmeza".

Entre esos aspectos destacan cuatro: que se defina con más claridad "que los interventores no puedan entrar en cuestiones de oportunidad política sino limitarse a su función de control";  la retirada de una frase incorporada a última hora que habla de intervención temporal de municipios previa a su disolución;  que se refleje que, "en relación a las competencias de Educación, hasta que no se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, los Ayuntamientos sigan prestando los servicios como hasta ahora", sin financiar a las Comunidades Autónomas por su gestión; y, por último, que el coste estándar de los servicios se determine con participación de la FEMP. 

En el PP el ambiente entre los alcaldes es tenso. La mayoría rechazan la reforma, y en especial la aplicación de un coste para la prestación de servicios que no podrán exceder, bajo amenaza de perderlos en favor de las diputaciones. Pero Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local, se está empleando a fondo en intentar convencer a los suyos. En los últimos meses ha mantenido rondas de reuniones con el ministro de Hacienda; con alcaldes de las ciudades más grandes de España y dirigentes del PP autonómicos y provinciales.

Ayer Arenas culpó al PSOE de no querer llegar a un acuerdo: “Merecía la pena pactar con la oposición, pero los líos internos del PSOE lo ha impedido”, dijo tras una reunión con alcaldes de su partido. Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal del PSOE, replicó asegurando que única negociación posible es mediante la retirada del texto, que ve como un ataque al corazón de la autonomía local que enmascara la privatización de los servicios en manos de las diputaciones. Lo mismo opina Izquierda Unida, que a través de su responsable de política Municipal, Manuel Fuentes, calificó la actitud de los alcaldes del PP como "nuevo el servilismo", que opera "como un rodillo en defensa del Gobierno de Rajoy y de la despiadada reforma local que aborda en solitario". Para Fuentes "está en juego la autonomía local, la esencia del municipalismo".

El texto del anteproyecto está ahora en manos del Consejo de Estado, que el jueves emitirá, según algunas fuertes, un duro informe previo a su tramitación parlamentaria. La sección primera del Consejo de Estado, presidida por Landelino Lavilla, ha sido la encargada de redactar el dictamen. Mañana miércoles está convocada una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

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Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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