Rajoy presenta la reforma administrativa sin poder imponer nada a las autonomías

Después de 18 meses de Gobierno y ocho reuniones de una comisión específica creada en noviembre de 2012, Mariano Rajoy presenta hoy el informe sobre la reforma de la Administración, uno de sus proyectos estrella. El presidente lo prometió ya en la oposición, y ha necesitado casi la mitad de la legislatura para sacarlo adelante. De momento, no será una ley, sino un voluminoso informe de cómo está la situación, con mucho detalle de las duplicidades encontradas, del reparto de competencias, del número de empleados públicos dedicados a cada cosa en el Estado y en las autonomías. Y un largo elenco de recomendaciones para adelgazar y simplificar la administración.

Una auténtica radiografía de la estructura de la administración que según el Ejecutivo no se había hecho nunca, aunque el anterior Gobierno sí hizo un informe pero menos ambicioso. Rajoy presenta hoy las conclusiones principales en un acto en La Moncloa con empresarios, sindicatos y representantes de las autonomías. Sin embargo, diversos barones del PP han trasladado en privado su malestar porque no se ha contado con ellos en la elaboración de este plan que les afecta de lleno. Fiel a la estrategia de secretismo de La Moncloa, todo se ha cocido en el entorno de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y no se han intercambiado papeles con nadie para evitar filtraciones de un voluminoso texto de más de 200 páginas con todo tipo de detalles.

Tanto en el Gobierno como en el PP se empieza a temer ya por las expectativas creadas, que ven excesivas, ya que sobre todo se trata de un gran análisis y una larga serie de cambios para la Administración central y recomendaciones para las autonomías –las leyes no permiten imponerles casi nada- pero no decisiones radicales como la desaparición de las diputaciones –Rajoy siempre lo ha rechazado- la fusión de decenas ayuntamientos o la destrucción inmediata de miles de puestos públicos, como reclaman algunos sectores del PP.

En su análisis de la situación, con un equipo dirigido por Jaime Pérez-Renovales, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha encontrado multitud de pequeños escándalos, en su manera de ver las cosas, de organismos sin función clara o funciones evidentemente duplicadas. Y muchas de ellas se irán contando estos días para generar también un ambiente de opinión pública favorable a los cambios. Sin embargo el informe, cuando llega a la parte de las comunidades autónomas, se queda en recomendaciones. El Gobierno espera que sean las propias autonomías, ante la presión social al darse a conocer los datos y los puntos exactos donde hay excesos, las que los eliminen poco a poco, algo en lo que ya van muy retrasadas sobre lo acordado en 2012. Pero la complejidad es enorme.

Muchas instituciones que para el Ejecutivo son innecesarias, como los defensores del pueblo autonómicos o los consejos consultivos, están en ocasiones recogidas en los estatutos autonómicos o hay leyes de comunidades que se remiten a ellos. Eliminarlos no es por tanto sencillo. Además, el ahorro no es muy significativo. Habrá también muchas propuestas de modernización, de uso de nuevas tecnologías, de ahorro por esa vía.

El Gobierno quiere además poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora para ahorrar y, frente a los que dicen que ha recortado poco la administración, recuerda y detallará en este informe los 375.000 empleos públicos destruidos desde que llegó Rajoy a La Moncloa. Esta reforma de la administración traerá sin duda más destrucción de empleo público, el asunto más delicado y difícil de cuantificar, aunque el Ejecutivo quiere ir con cautela por las protestas y el desgaste que supone pero también porque es esa destrucción la que, según sus datos, explica en parte que el empleo no haya podido recuperarse todavía.