“La impunidad está garantizada en España”

"La impunidad está garantizada en España. Ni investiga, ni coopera con las investigaciones abiertas en terceros países. No hay ningún otro delito ocurrido en España en que las víctimas hayan tenido que ir a otro país para buscar justicia", ha asegurado hoy Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional en España, al presentar el informe El tiempo pasa, la impunidad permanece sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

"Ya denunciamos en 2012 que existía una tendencia continuada a archivar estos casos. Pero la situación ha empeorado desde la sentencia del Tribunal Supremo que señala que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Se cierra así la única vía de investigación judicial existente en España", ha declarado Beltrán. Amnistía Internacional denuncia en el informe que de los 47 casos de víctimas del franquismo derivados de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales se habían archivado al menos 38. De los otros nueve restantes, la organización no sabe si permanecen abiertos porque les han denegado la información.

"España está haciendo un intento vano de pasar la página sin leerla", ha añadido Beltrán, y es una excepción mundial. "Amnistía Internacional ha participado en 25 procesos de verdad, justicia y reparación para víctimas de crímenes de derecho internacional. En algunos casos ha habido más verdad, que justicia, en otros más reparación que justicia, pero la tendencia mundial es esa. España se aparta de esa tendencia mundial porque no hay voluntad de investigar".

Tanto Beltrán como Ignacio Jotvis, autor del informe de Amnistía Internacional, han insistido en que la impunidad de los crímenes del franquismo en España es responsabilidad de los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo que no solo "no investigan, sino que obstaculizan la investigación abierta en otros países, como Argentina".

 Así, han recordado cómo la Fiscalía española contestó a la justicia argentina que en España ya se estaban investigando los crímenes del franquismo y que en cualquier caso, España tenía preferencia para investigar. "La jurisdicción universal es, por definición, concurrente y no subsidiaria. Es decir, no exige el fracaso de la investigación ante los tribunales del territorio donde se ha cometido el crimen para habilitar la competencia del tribunal extranjero. En el caso de que España estuviera investigando los crímenes, algo que no está pasando, ello no excluiría en ningún momento que Argentina o cualquier otro país también pueda hacerlo. La lucha contra la impunidad es de competencia universal", ha declarado el presidente de Amnistía Internacional. 

Dos de las 150 víctimas del franquismo que han acudido a la justicia argentina han participado hoy en la presentación del informe. "Mi caso no es especial, es el otra víctima más de la Guerra Civil, mi abuelo, Gregorio Mateos. Vivía en Navas (Asturias), estaba afiliado al PSOE y a UGT. Lo detuvieron cuando intentaba salir por mar hacia la Cataluña republicana y  le sometieron a un consejo de guerra con otras 20 personas del que salieron cinco condenas a muerte, entre ellas las de mi abuelo. El 5 de agosto de 1938 se ejecutó la sentencia en la Isla de San SImon. Mi abuelo no tuvo un juicio justo y a mi familia le expropiaron todos los bienes", ha recordado José Luis Mateos. Mateos, miembro de la Plataforma contra Impunidad del Franquismo, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno anule todas las sentencias emanadas de esos consejos sumarísimos, se derogue la ley de amnistía y se modifique la ley de memoria histórica, "absolutamente insuficiente".

Soledad Luque, otra de las querellantes en Argentina, ha contado su caso: "Estoy buscando a mi hermano mellizo, desaparecido en 1965 en la maternidad madrileña de O`Donnell. De un día para otro le dijeron a mis padres que había muerto y que no les podían mostrar el cadáver hasta el día siguiente. Cuando volvieron, lo habían incinerado. Mis padres no pensaban entonces que se lo habían robado. Pensaban  que todo era una mala gestión, pero cuando en 2010 empezaron a salir los casos de bebés robados, descubrí que mi hermano nunca había sido enterrado. Para entonces mis padres ya habían fallecido".

Luque ha criticado el "archivo masivo" de las denuncias por robo de bebés en fiscalías y juzgados, entre ellos, su caso, y ha reclamado una "investigación general" sobre todos los casos, convencida de que detrás había "una trama organizada". "Nos hemos encontrado miles de familias como nosotros, repitiendo las misas cosas".