La Fiscalía General del Estado anuncia que se investigará el informe de la Infanta

Torres-Dulce ha encargado a Anticorrupción que examine la información tributaria de la hija del Rey El ministro Montoro se desentiende del informe de la Agencia Tributaria

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado este lunes que la Fiscalía Anticorrupción estudiará el informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso Nóos que atribuye a la infanta Cristina la venta de propiedades inmobiliarias. "Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examinen el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar", ha contestado Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado desconocer el contenido del informe de la Agencia Tributaria sobre las ventas de terrenos a nombre de la infanta Cristina. "La elaboración de esos informes corresponde a la Inspección de la Agencia Tributaria y se envían al juez, yo no conozco el contenido de los informes que se hacen sobre los contribuyentes", ha defendido el ministro, quien ha matizado: "La Agencia Tributaria dará las explicaciones necesarias si se hubiese cometido algún error".

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Un informe remitido por la Agencia Tributaria al juez que investiga el caso Nóos, José Castro, señala que la Infanta había vendido fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de Barcelona. El dossier enviado al juez Castro refleja que doña Cristina enajenó 13 pisos, casas y tierras por un valor 1,43 millones de euros. El mismo informe señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones en el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. "En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer la consecuencias y hasta este momento no se me ha dado traslado de estas consecuencias", ha declarado el fiscal general del Estado.

La Infanta negó la noche del pasado viernes a EL PAÍS, a través de un portavoz autorizado, que hubiera hecho tales transacciones: “Esa información es falsa y carece de toda base”. El Ministerio de Hacienda ha rehusado también aclarar el asunto, alegando que lo prohíbe la Ley General Tributaria. Los presuntos compradores, por su parte, han manifestado su extrañeza de verse envueltos en este inexplicado embrollo, aunque aseguran que ellos no adquirieron ni inmuebles ni solares a la hija menor del Rey.

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