Juristas de 15 países urgen al G-8 a castigar al banco que acepte dinero sucio

Jueces, fiscales y expertos anticorrupción de 15 países han enviado una carta a los líderes del G-8 -EEUU, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia- en la que urgen a los gobernantes de las ocho potencias que se reunirán la semana próxima en Irlanda del Norte a tomar pedidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales."Hemos sido testigos directos de los efectos perjudiciales de los saqueos al Estado llevados a cabo por políticos y funcionarios sin escrúpulos", comienza la carta, firmada, entre otros, por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el exfiscal anticorrupción de Argentina Manuel Garrido; el exconsultor del Banco Mudial Richard Messick y el presidente de la Red de Justicia Fiscal de EEUU y del comité de expertos en recuperación de activos de la ONU Jack A. Blum.

Los expertos proponen que los países del G-8 se comprometan a tomar medidas para impedir que se utilicen empresas pantalla para ocultar actividades criminales. "Todos los políticos corruptos, los evasores de impuestos y los criminales organizados utilizan redes complejas de empresas para esconder y lavar el dinero robado. Creemos que gran parte de la solución", aseguran, sería obligar a identificar a los "últimos dueños de todas las empresas". Es decir, que no se pudiera registrar una empresa a nombre de otra. Proponen, además, que esa información sea "de dominio público". Así, aseguran, sería más fácil "atrapar a los blanqueadores del dinero,y las empresas tendrían que rendir cuentas a los ciudadanos y a los periodistas por sus acciones".

El extesorero del PP Luis Bárcenas regularizó el año pasado 10 millones de euros que tenía en cuentas en Suiza ante la Agencia Tributaria. Su abogado, Alfonso Trallero, declaró que ese dinero opaco estaba registrado a nombre de varias sociedades y que Bárcenas lo legalizó aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo negó entonces. Era una verdad a medias porque efectivamente Luis Bárcenas no había legalizado aquel dinero, lo habían hecho sus sociedades. 

Los 15 juristas aseguran en la carta que "la gran corrupción no sería posible sin la ayuda del sistema financiero global, en particular, de los bancos que aceptan activos corruptos y normas de confidencialidad" . Por eso, otra de las medidas que proponen al G-8 es imponer "multas fuertes", verdaderamente "disuasorias" a los bancos que infrinjan las normas antiblanqueo así como a los "ejecutivos que no hacen nada cuando el dinero sucio pasa por sus bancos o a aquellos que descuidaron su función de asegurar que sus organizaciones tengan los sistemas correspondientes para la prevención del lavado de dinero".

Hervé Falciani, exempleado del HSBC -el cuarto banco del mundo por valor en Bolsa- extrajo de la entidad los datos de las cuentas de 130.000 clientes entre los que había miles de presuntos defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con vínculos con grandes cárteles del narcotráfico, grupos de criminalidad organizada de carácter trasnacional y organizaciones terroristas. Falciani colaboró con la justicia de varios países, entre ellos España, delatando a esos evasores.

Los 15 juristas y expertos anticorrupción que firman esta carta creen que es muy importante no solo que el G-8 ponga en marcha estas medidas, sino que "extienda la propuesta" a otros países. "La desarticulación del papel del sistema financiero en la facilitación de la corrupción será de gran ayuda para asegurar que nuestros países tengan los recursos necesarios para un desarrollo sustentable a largo plazo", concluyen.