“Es homeopatía, no heroína”

Gabriela González, de 45 años, tiembla aún hoy cuando se le acerca un uniforme. Se dio cuenta de esa secuela cuando un policía irrumpió en su taller mecánico, Autosport, de la pedanía de Torrenueva (Motril, Granada) para averiguar de dónde procedía el sonido de una alarma. Al verle entrar, se descompuso y corrió al servicio. La imagen del agente le hizo rememorar aquella mañana en que su marido la acompañó a una estafeta de correos para recoger un paquete que su hermano Luis le había enviado desde Uruguay, su país natal. La tarde anterior, alguien colocó en su buzón una notificación para que fuese a recoger un envío postal. Llevaba una semana esperándolo. Ella y su marido, Fernando Amador, de 49 años, madrugaron para estar los primeros en la estafeta de Motril, a cinco kilómetros de Torrenueva. Fernando había quedado a las nueve de la mañana con clientes para entregarles sus coches ya reparados. Alto y bonachón, se quedó fuera esperándola: dejó el coche mal aparcado. Era el 23 de julio de 2010.

"Déjeme su documento de identidad", pidió el jefe de la oficina a Gabriela. La miró a ella, luego el DNI y entró en un despacho. Regresó enseguida e hizo un gesto a los dos policías de paisano situados sigilosamente detrás de ella. La esposaron: "Queda detenida por tráfico de drogas y contrabando...", la informó uno. La sacaron a la calle, donde había dos coches policiales camuflados que acechaban a su marido. Los agentes tuvieron que emplearse a fondo para ponerle a él los grilletes.

Gabriela lleva 14 años en España. Tiene la nacionalidad y está casada con Fernando, un granadino que en 2004 abandonó Barcelona para regresar a su tierra, donde reformó una acogedora casa-cueva que se abre a la bahía de Motril. El matrimonio regenta el único taller mecánico de Torrenueva. Diez días llevaba la policía de Vigilancia Aduanera de Motril tras sus pasos. Y pensaron que el paquete de la estafeta era la prueba definitiva, corroborada por el narcotest, contra la pareja, que acabó en los calabozos.

Los agentes la llevaron primero a su casa para un registro. De la misma sustancia hallada en el paquete, ella guardaba un poco en un frasco. De nada sirvieron sus explicaciones de que aquel polvo blanco era su tratamiento homeopático contra su mielitis idiopática, que dificultaba su caminar. Delante de ella, un policía asió una tira blanca del narcotest, la untó con los restos de la sustancia que Gabriela conservaba en casa y le esparció un espray que extrajo de un maletín. "Si se pone de color rojo, es cocaína; si se pone azul, heroína", avisó el agente a la pareja. El blanco de la tira empezó a adquirir pronto un tono azulado que terminó consolidándose: "Es heroína", se ufanaron los agentes, ante la atónita mirada del matrimonio.

Fernando no sabía qué decir. Mientras miraba la tira, cavilaba si alguien habría metido droga en el paquete durante el viaje desde Uruguay a Barajas, y de ahí a la Aduana de Motril. Y espetó:

—¿Pero cómo va a ser eso heroína, si mi mujer se toma una cucharada disuelta en agua todas las mañanas?

—¿Una cucharada? Eso es imposible —repuso un policía.

—Pues es así, y tras tomarla va al gimnasio una hora entera a hacer ejercicio, elevó la voz Fernando. Traigan a un forense que le analice la sangre y verán que ella no se droga —exigió.

Ni caso. La pareja se miraba sin saber cómo salir de ese calvario. Los clientes se habían quedado esperando para recoger sus coches. También pensaron en los vecinos (apenas 2.500 y todos se conocen).

—¿Sabe usted que esa droga vale 15.000 euros en el mercado negro? —dijo el fiscal a Gabriela.

—Pues muy tontos tienen que ser los dueños de la farmacia, porque yo he comprado eso por 1.500 pesos uruguayos (unos 50 euros) —replicó la mujer.

El gran argumento incriminatorio de la juez era que hubiesen traído desde Uruguay una sustancia que, de ser lo que ellos decían, se puede adquirir en España. Así que dedujo que era heroína. Pasadas las seis de la tarde, quedaron en libertad con cargos y sin el pasaporte, y perdieron unos billetes de avión para viajar a Uruguay. "Nos privaron de la libertad. Para mí, aquello era la cárcel", se emociona Gabriela durante su encuentro con EL PAÍS. Casi tres años después, sigue con rabia en sus labios (desde aquello está en tratamiento psicológico).

La prensa aireó poco después la noticia de que se había interceptado en Motril "un paquete con 220 gramos de heroína camuflada en medicamentos homeopáticos". Durante toda esta odisea, si algo dolió especialmente a la pareja fue la actitud de la familia de Fernando, que vive en Cataluña. "Sin hablar con nosotros, se creyeron lo que decían los periódicos. Y nos hicieron un vacío".

En los tres meses que permanecieron en libertad con cargos, Gabriela no cesó de aportar pruebas exculpatorias al juzgado. Una y otra vez iba para exigir que se remitieran de una maldita vez los polvos a un laboratorio de Sanidad de Málaga para su análisis. Lo que debía analizarse eran dos frascos en los que se podía leer GLUCALCH (que contiene carbonato de calcio, gluconato de magnesio, ácido ascórbico y caseinato de calcio). Un facultativo de Uruguay se lo había prescrito. Y le iba bien para atemperar sus lesiones. "Cuando se me agotó el tratamiento, le pedí a mi hermano que me enviase más, con la aprobación del médico. Y eso hizo".

Casi tres meses tardó Vigilancia Aduanera, que culpa de ello al juzgado, en remitir a Málaga la sustancia. Y apenas una semana empleó el laboratorio en certificar que aquel polvo no contenía ninguna droga. "¡Menudo narcotest!", se encrespa Gabriela. Pero no acabaron ahí sus disgustos. Le costó muchos mareos lograr que el juzgado ordenase a la policía la devolución de su tratamiento.

En los pasillos policiales se topó, cuenta Gabriela, con el ideólogo de la operación, Miguel Algárate Heredia, jefe de Vigilancia Aduanera de Motril. No le dijo nada. "Salí de allí con mucha rabia por la ineptitud de este señor que, deseoso de ponerse medallas, atropelló a dos inocentes que jamás han tenido contacto alguno con drogas", dice. Apenas salió por la puerta, con sus frascos, volvió sobre sus pasos y se fue hacia Algárate. Lo miró a los ojos y le dijo: "¿Es que ni siquiera se le ha ocurrido a usted disculparse?". "Eso te pasa por traer medicación de Uruguay", le espetó Algárate.

Ante tan "decepcionante" respuesta, Gabriela se mordió la lengua y se marchó sin mirar atrás, llevándose "una indignación brutal y preguntas sin respuesta". Por ejemplo: "¿Por qué demoró casi tres meses el traslado a Málaga de los frascos para su análisis? Y, dado que nos siguieron durante 10 días, ¿por qué no se aprovechó ese tiempo para remitir una muestra del maldito polvo a Málaga antes de ponernos las esposas?".

Posdata. Aun hoy, en la comisaría de Motril, permanecen en sus ordenadores dos fichas policiales con el perfil y las huellas dactilares de Gabriela y Fernando. Pese a que tienen un auto de archivo judicial, en comisaría siguen toreándolos cuando piden que les "borren de allí y eliminen sus fotos de semipresidiarios". "Es increíble que aún nos tengan con antecedentes policiales", se indigna Gabriela. "Me han marcado para siempre. Esto fue una arrogancia policial". Gabriela denunció los hechos ante el Consejo del Poder Judicial, que culpa de lo sucedido a la policía. El jueves pasado el Consejo desestimó su solicitud de reparación del daño sufrido. Por todo esto, Gabriela tiembla aun hoy cuando se le acerca un uniforme.