Gallardón cede ante el Tribunal Supremo y enmienda la ley del poder judicial

El PP modifica la figura del vicepresidente en aspectos que el tribunal consideraba control político El resto del cuestionado texto permanece casi inalterado

Gallardón y Montoro, ayer en el Senado.
Gallardón y Montoro, ayer en el Senado.ÁLVARO GARCÍA

El Ministerio de Justicia ha aceptado modificar la parte de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que provocó protestas y malestar en el Tribunal Supremo. El Partido Popular ha presentado en el Senado enmiendas a su propia y cuestionada reforma legislativa, impulsada por el Gobierno y aprobada en el Congreso solo con el voto del PP, pero casi todas se refieren a la nueva figura del vicepresidente del Supremo, cuya regulación había provocado inquietud entre los magistrados del alto tribunal por el peligro de que se convirtiera en un control político. El resto de aspectos polémicos del texto, como la posible elección de 10 vocales por separado en cada Cámara (ahora es en bloque) por mayoría de tres quintos —mayoría que en estos momentos tiene el PP en el Senado— o la dedicación exclusiva al CGPJ de solo 7 de los 20 vocales, no han sido modificados.

 Los únicos que han logrado cambios significativos en el texto han sido los magistrados del Supremo. Tras las enmiendas populares del Senado, la figura del vicepresidente del tribunal —ahora inexistente—, poco tiene que ver con la que inicialmente se aprobó en el Congreso. En primer lugar, no será ya vicepresidente del Supremo y del Consejo, sino solo del primero. Además, este cargo no tendrá por qué ser un vocal del CGPJ, como antes se preveía, sino que podrá ser nombrado entre cualquier magistrado del Supremo que reúna los requisitos para ser presidente de sala. El hecho de que se tratara de un vocal había sido recibido con inquietud, dado que los vocales son nombrados por los grupos parlamentarios y muchos magistrados no veían con buenos ojos que un cargo con tanto poder en el tribunal fuera elegido políticamente.

Por otro lado, su permanencia en el cargo se dejaba en manos del presidente del Consejo y del Supremo, que podía destituirlo en cualquier momento, algo que también causó malestar. Pero este punto ha sido eliminado por el PP. Según el nuevo texto, el vicepresidente podrá ahora “ser cesado por el pleno del Consejo por causa justificada, con el voto favorable de tres quintos de los miembros del pleno”.

Se han “reordenado” también las funciones de este cargo. De acuerdo con las enmiendas del PP, podrá ejercer “la superior dirección del gabinete técnico”; será “miembro nato” de la Sala de Gobierno; y podrá actuar como presidente en funciones del Consejo en caso de cese del presidente. Se han eliminado algunas competencias, como la presidencia del tribunal de conflictos de jurisdicción entre los juzgados y la Administración, de la sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y los órganos judiciales militares y de la sala de conflictos de competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional. Esta cuestión, que podría incluir decisiones sobre quién debe juzgar un caso determinado, preocupó a los magistrados por la posible intervención política en asuntos jurisdiccionales.

Más allá del Supremo, y sobre el resto de los temas, hay pocos cambios significativos. El PP añade una disposición transitoria sobre el procedimiento de renovación del Consejo para asegurarse de que la próxima renovación, después del verano, se lleva a cabo ya con arreglo a las nuevas normas establecidas por el Gobierno. Deja claro que el procedimiento se iniciará “al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, y sin que resulte de aplicación el plazo de cuatro meses de antelación en él previsto”. Una vez que estén disponibles todas las candidaturas, las Cámaras dispondrán de un mes para designar a los vocales. El final del texto deja claras las nuevas reglas del juego que desea el PP: “Queda sin efecto cualquier actuación que hubiese podido realizarse con arreglo a la normativa derogada por la presente ley encaminada a la renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

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