El juez pide al Supremo que impute a Barcina por el caso de las dietas

La presidenta navarra, Yolanda Barcina (UPN), calificó hace un mes la actual legislatura como “la más difícil de la democracia” en la comunidad foral. Que lo termine siendo dependerá de los dos años que restan de mandato, pero sí parece claro que lo será para ella. A la crisis económica y a la minoría parlamentaria se suma hoy la decisión de la juez de instrucción de Pamplona, María Paz Benito, de entender que el caso de las dietas de Caja Navarra debe ser enviado al Tribunal Supremo, que es el que puede interrogar a la presidenta como imputada debido a su aforamiento.

La magistrada, en un auto emitido este martes, entiende que el testimonio de la presidenta es el único que falta dentro de la instrucción de un posible delito de cohecho impropio por el cobro de dietas por parte de cargos de UPN por asistir a la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la extinta entidad financiera. La juez Benito pide el parecer del fiscal y las partes personadas; el colectivo Kontuz y UPyD, para inhibirse en la investigación a favor del Supremo.

Benito relata, en los 15 folios de los que consta el auto, que en 2010 Caja Navarra decidió eliminar la representación política de su consejo de administración y creó un organismo consultivo llamado Junta de Entidades Fundadoras, en el que se sentaban ocho miembros de UPN y dos del PSN, en representación del Gobierno de Navarra, el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona, patronos de la entidad. Desde agosto de 2010 se reúne la conocida como Permanente de ese órgano, formada por el entonces presidente Miguel Sanz, Barcina y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda. Los interrogatorios de la juez muestran que ninguno de los miembros de la junta ordinaria conocían la existencia de esta Permanente y que las dietas que percibían sus miembros -2.680 euros para el presidente y 1.717 para el resto- no aparecen en las cuentas de la caja de ahorros ni se ponían en conocimiento del Banco de España. Tampoco apareció en los estatutos ni el reglamento de la entidad hasta junio de 2011, cuando se unió a la Permanente el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

En las actas de las reuniones, que tenían lugar por partida doble en un mismo día y con su correspondiente dieta, no se registra más contenido que la lectura de informes sobre el devenir de la caja, sin intervenciones de sus miembros. Por normativa foral, el gobierno navarro era el competente de la inspección en Caja Navarra, por lo que la juez aprecia indicios de cohecho impropio en este sistema de dietas y reuniones sin soporte normativo ni conocimiento público.

La juez Benito, por otra parte, ha rechazado la petición de la defensa del alcalde Maya para que se archivara la causa contra él. Pese a que el fiscal había apoyado la tesis del primer edil de que no existía cohecho en su actuación ya que cuando él entró en la Permanente ya tenía soporte estatutario, la magistrada mantiene la imputación junto al ex presidente Sanz, el ex consejero Miranda y el último director de la caja, Enrique Goñi.