El juez Castro investigará a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales
El magistrado incorpora las declaraciones de IRPF de la hija del Rey de los últimos 10 años
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, encomendó este viernes a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina. La cuestión “no queda cerrada, de momento”, indicó Castro. El pasado 7 de mayo, en el auto en el que dejaba sin efecto la imputación de la Infanta, la Audiencia de Palma marcaba un camino alternativo al magistrado. El tribunal señalaba a doña Cristina como “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos fiscales de su esposo en la empresa familiar conjunta Aizóon.
El juez Castro “asume” y “sin reservas” la invitación de la Audiencia de Palma para profundizar en la eventual defraudación mediante compras, obras e inversiones en bienes de la Infanta con fondos de origen irregular. Los magistrados calificaron a Aizoon como una sociedad pantalla, que “recibió dinero público y privado defraudando el Impuesto de Sociedades —se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles— y el impuesto sobre la renta”. El instructor entiende que la Audiencia le dio un “serio refuerzo” para la imputación de los supuestos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin.
El expresidente del Barça Joan Gaspart, entre los 25 testigos
El empresario hotelero y expresidente del Barça Joan Gaspart es uno de los 25 testigos que ha citado el juez José Castro para investigar a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales, según un auto hecho público hoy.
Los otros 24 testigos son Josep Oliver Marí, Isabel Guitar Feliubadalo, Vicens Tur, Ana Bartolomé Greenwood, Carolina Navarro Lópezm Eugeni Aguiló Pérez, Marco Antonio Robledo Camacho, Vicente Ramos Mir, José Amengual Antich, Antonio Valdivieso Amengual, Bernat Salvá Alloza, José Enrique Bigne Alcañiz, Amparo Sancho Pérez, Ángel Díaz González, Mar Vila Fernández-SantaCruz, Enrique López-Viguria, Antonio Dávila, Joan Ramis Pujol, Joan Gaspart Solves, Eduardo Fernández-Cantelli Suárez, Óscar Perelli del Amo, Sandalio Gómez Egea, Hermenegildo Seisdedos, Felipe González Abad, Margarita Latiesa Rodríguez.
El juez inicia ahora “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes. Castro asume que la Audiencia suspendió y dejó sin efecto la imputación de la Infanta “a expensas de que este juzgado se decidiera a asumir el ofrecimiento que se hacía”. El juez toma el envite. La Infanta técnicamente está siendo investigada aunque su imputación sigue en suspenso.
El instructor reclama a los inspectores de Hacienda más de media docena de indagaciones, análisis y cómputos tributarios, financieros y sobre los bienes y fondos de la infanta. Alude, además, a la posibilidad de incorporar datos bancarios de otros países. Castro recuerda a los técnicos que el plazo de posible prescripción penal del caso está salvado por el mismo auto de la Audiencia. Un funcionario experto en blanqueo de capitales del Servicio de Vigilancia Aduanera se incorporará como asesor directo del juez para que le asesore en sus indagaciones sobre la infanta. Castro quiere tener un refuerzo directo en líneas de investigación y análisis sobre las actividades económicas de Cristina de Borbón y su sociedad familiar Aizoon.
La franja de máxima intensidad investigadora se sitúa entre los años 2007 y 2010. El juez dio otro paso más al incorporar las diez declaraciones de la renta de la hija de Rey al sumario, que había mantenido al margen mientras se despejaba el campo y los sujetos de la investigación. En el auto rechazó que hubiera trato de favor o protección hacia la hija del Rey.
En un primer informe, el pasado 14 de enero, la Agencia Tributaria descartó que la hija del Rey pudiera ser responsable de los delitos fiscales de su esposo en Aizoon. El instructor emplaza ahora directamente a Hacienda a que “razonadamente colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción que en informes anteriores haya podido mediar sobre la real intervención” de la infanta en “supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales”.
El juez no quiere que los inspectores tributarios de Cataluña —los duques y Aizoon presentan sus declaraciones fiscales en Barcelona— le den detalles o clarificaciones, sino un pronunciamiento basado en un abanico de líneas de indagación económica. Ayer Castro vindicó su autoridad como instructor al señalar: “Yo no me responsabilizo de lo que dice la Agencia Tributaria”. Diferentes medios han atribuido una total exculpación de la Infanta sobre la base de un supuesto nuevo informe tributario, ignoto por no presentado en el juzgado ni solicitado aún por el juez hasta ayer.
De manera concreta el magistrado reclama también a Hacienda ahora que revise si el dinero defraudado por Urdangarin en Aizoón se invirtió en el palacete de Pedralbes y otras atenciones personales y familiares. Castro pide en su auto un informe “sobre las cuentas corrientes de las que doña Cristina de Borbón y Grecia sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión y depósitos de los que sea titular”.
El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach pidió la semana pasada que el juez solicitara un informe a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministero de Hacienda, para determinar si cabía imputar a doña Cristina por delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Antes de conocer la amplitud de la nueva indagación judicial —que no objeta—, el fiscal Horrach sostenía que no es posible acusar por ahora de delito fiscal a la Infanta. El juez, por otra parte, ha emplazado a Diego Torres a que deje de remitir emails que vulneren la intimidad.
