La inclusión de la Corona impone límites en el acceso a la información

El Gobierno cambia su borrador para insertar a partidos, sindicatos y la jefatura del Estado

El Rey, junto a Florentino Pérez el pasado 30 de abril en el palco del Bernabéu.
El Rey, junto a Florentino Pérez el pasado 30 de abril en el palco del Bernabéu.LUIS SEVILLANO

Va a intentarlo y dice que en serio. La disposición del Gobierno para afrontar la ambiciosa Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, es de buscar acuerdos y no quedarse solo, con su mayoría absoluta, como es habitual desde que tomó las riendas del poder hace dieciséis meses. Hoy, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, recibirá a los portavoces de la oposición para que, con documentos sobre la mesa, pasen revista y delimiten los acuerdos de los desacuerdos, antes de empezar oficialmente la tramitación parlamentaria de la ley. El paso por la Comisión Constitucional del Congreso de más de una treintena de expertos ha abierto otros campos que no figuran en el anteproyecto -aprobado en marzo de 2012- y, sobre todo, los avatares políticos han determinado que se incluya bajo la lupa de la futura ley instancias en las que el Gobierno no pensó inicialmente y sí la oposición.

Al incluirse la Corona, los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica y las confesiones que reciban subvenciones públicas, la ley tendrá un serio replanteamiento porque llevará a establecer diferenciaciones porque los partidos, y las nuevas incorporaciones, no podrán tener el mismo tratamiento ni las mismas obligaciones respecto a los ciudadanos que sí tienen que cumplir las administraciones. Las fuentes consultadas reconocen que hay que establecer límites de manera que no toda la información puede ser de dominio público.

Sí han servido las comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional del Congreso. Así lo reconocen los portavoces de la misma, que han pasado muchas horas atentos a las intervenciones de profesores, empresarios, expertos en comunicación y profesionales vinculados a la información, la documentación, el Derecho, la defensa de los derechos humanos, la Defensora del Pueblo, el periodismo y los lobbies. Ninguno de ellos ha albergado la duda de que dentro de la ley debían estar los partidos políticos, los sindicatos y la Corona.

Tanto se ha hablado en las comparecencias de controles y medidas para evitar las irregularidades en las administraciones, que cierta sensación de barullo se ha instalado en torno a esta norma al exigirle poderes casi infinitos. “Parecía que esta tenía que ser la ley anticorrupción”, señala un portavoz, en línea con la percepción de la mayoría de los participantes en la comisión. Esto desvirtuaría la norma, según reconocen tanto Gobierno como la mayoría de los grupos de oposición.

Ahora se trata de delimitar campos, y sin dejar atrás las partes más llamativas y populares, como es la inclusión de la Corona y los partidos, retomar los aspectos que deben hacer de esta ley un instrumento al servicio de los ciudadanos para que tengan acceso a la información de todas las administraciones. Los portavoces conocerán en la reunión con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes cómo ha encajado las piezas del puzzle. También la disposición al pacto y sus posibilidades.

Esta es buena por parte de todos pero nadie lanza las campanas al vuelo. Ha habido conversaciones informales entre el Gobierno y el PSOE que no son indicativas de sus respectivas posiciones. Queda mucho tiempo porque esta norma es de tal envergadura al implicar a todas las administraciones que tras ser aprobada necesitará un tiempo de adaptación. La intención es que resulte aprobada en el Congreso en otoño y, definitivamente, tras su paso por el Senado, a final de año. Para ello el mes de julio se empleará en su debate. Sí se ha puesto ya de manifiesto el vivo interés de los portavoces de la Comisión Constitucional en trabajar en esta ley, de la que gozan los países con raíces democráticas profundas.

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Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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