La reforma local se estanca por el miedo del PP a perder apoyo electoral

Mariano Rajoy cree en las previsiones de Hacienda sobre el ahorro que supondrá la ley de reforma de los Ayuntamientos, pero los alcaldes, en quien descansa buena parte del poder electoral, no. Y al presidente se le agota el tiempo para tomar una de las decisiones difíciles de la legislatura. En unos días debería dar un impulso a la ley, de la que solo se conoce un informe del anteproyecto. Ese documento lleva desde febrero atascado de despacho en despacho por las enormes reticencias que ha encontrado entre los alcaldes de todos los grupos políticos, incluido el PP.

Sectores de ese partido apuntan a que el presidente se ha creído las previsiones de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre que facilitará un ahorro de 8.000 millones suprimiendo duplicidades en los servicios que prestan los municipios con las comunidades autónomas. Ese argumento, dicen, es lo suficientemente poderoso para el líder del PP como para imponerse sobre cualquier cálculo electoral. “Rajoy está recibiendo la presión de Bruselas de manera unidireccional, lo que se traduce en una reforma en el trasero de los Ayuntamientos, la parte más frágil del Estado”, analiza un regidor. “El presidente ha puesto toda su confianza en Montoro para hacer llegar ese mensaje a Alemania, pero la cifra de ahorro es falsa, es el cuento de los panes y los peces”, reflexionan desde una federación de municipios.

“Le va a imponer una dura reforma a sus filas, va a utilizar el criterio de que es un partido orgánico incluso a costa de que alcaldes del PP pierdan las elecciones”, asegura un cargo de Izquierda Unida. En la derecha no todos están tan convencidos. Piensan que finalmente la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) dominada por alcaldes conservadores, conseguirá su propósito de descafeinar la norma con innumerables enmiendas. Entienden que, tal y como está planteada, la ley es un ataque directo a la verdadera infantería del PP: sus miles de alcaldes, los que sostienen el peso de cada cita con las urnas, buscando votos.

La ley entrará en vigor un año antes de las elecciones autonómicas

Los municipios hacen sus propios cálculos: la reforma entrará en vigor, como muy pronto, en 2014, un año antes de que se celebren las municipales y la mayoría de las autonómicas. “Esta reforma no es una cuestión ideológica que se pueda aceptar de mejor o peor grado, va al bolsillo de muchos Ayuntamientos. El descontento va a crecer cuando vean que no pueden hacer frente a los gastos o que les quitan competencias. En esa situación los alcaldes no se van a partir el pecho por el candidato autonómico de turno, incluso en feudos del PP tan consolidados como Castilla y León”, analizan desde los municipios. En esa comunidad la ley ha caído como una bomba: el 95% de los núcleos de población (7.717) tiene menos de 20.000 habitantes y corren el riesgo de verse despojados de atribuciones en favor de las diputaciones.

Con los sondeos del CIS castigando sus expectativas de voto, una legión de alcaldes del PP de brazos caídos es lo último que el partido desea. Pero el ala más liberal, la que personifica Esperanza Aguirre, ha clavado sus espinas en el programa de reformas exigiendo menos gasto público y una poda “radical y sin precedentes” de las Administraciones. Aunque sus palabras irritaron al Ejecutivo, que el viernes se esforzó en recordar que “no se reforma la Administración pública en una hora” y que los recortes ya doblan la recaudación por la subida de impuestos, lo cierto es que Aguirre sigue teniendo una cohorte de seguidores que hubiesen preferido que a Rajoy no le temblase la mano para fusionar parte de los Ayuntamientos y suprimir concejales, algo que se planteó el verano pasado.

El anteproyecto de ley que se aprobó el 15 de febrero en Consejo de Ministros se quedó a medio camino: limita las competencias de los Ayuntamientos; prohíbe sueldos en pueblos pequeños y refuerza el papel de las diputaciones. Aún así, la FEMP quiere borrar los párrafos más duros de la norma, como el que amplía la intervención sobre los de menos de 5.000 habitantes; o el que permite despojar de competencias a los de menos de 20.000.

La Federación de Municipios quiere desactivar la norma con enmiendas

En medio de la pelea está el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), que actúa como bisagra pacificadora entre el Ejecutivo y los regidores. “El Gobierno está revisando en profundidad las alegaciones y pronto enviará la reforma a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). No son las objeciones de un partido, es el sentir general de todas las instituciones y grupos políticos”, asegura. Cree que la norma mejora la financiación local al forzar a las comunidades autónomas a que se hagan cargo de los servicios sociales con sus recursos. Pero la oposición sospecha todo lo contrario, que las comunidades rescatarán las competencias detrayendo financiación de los municipios. “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es retirar el texto”, exige el secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. “La reforma supone un recorte brutal para toda la sociedad”, añade el responsable municipal de IU y exalcalde de Seseña, Manuel Fuentes.

¿Qué hará el Gobierno? “No lo sabemos”, admite De la Serna, que recuerda que los Ayuntamientos no son los culpables del déficit y que “siguen representando solo el 13% del gasto público, lo mismo que al inicio de la Democracia”. Si, como dice Montoro, se aprueba un nuevo sistema de financiación local junto con el autonómico, la FEMP anticipa que pedirá más recursos participando en los ingresos de las comunidades. La piedra está en el tejado de Rajoy.