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Alfonso Alonso: “La ley del aborto no les va a gustar a los obispos”

El portavoz popular ironiza sobre el anuncio del PSOE de romper los acuerdos con el Vaticano

Anabel Díez
Alfonso Alonso (derecha) conversa con Cospedal y Jesús Posada durante la reunión del Grupo Popular.
Alfonso Alonso (derecha) conversa con Cospedal y Jesús Posada durante la reunión del Grupo Popular.PACO CAMPOS (EFE)

“La ley que estamos preparando no va a gustar seguramente a los obispos pero lo que vamos a hacer es recoger la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, a los obispos se les escucha pero los obispos no gobiernan”. Estas consideraciones del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, contrastan vivamente con la percepción que tienen distintos grupos de la Cámara, sobre todo el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, y parte del grupo Mixto, sobre el papel, la influencia y el predicamento de la Iglesia en el quehacer del Gobierno del PP.

Según los grupos de la oposición, la exigencia de ayer del presidente de la Conferencia Espiscopal Española, Antonio María Rouco Varela, de cambiar la ley del aborto y el anuncio inmediato del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que está en marcha demuestra la influencia de la Iglesia en el Ejecutivo de Rajoy, sobre todo después de meses de silencio sobre la reforma de la ley de interrupción del embarazo.

El anuncio de Justicia ha llevado al PSOE a reeditar su advertencia de promover la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede que ya lanzó su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en enero de 2012, cuando fue elegido líder de los socialistas. La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de CiU, ha rechazado dos preguntas de la diputada socialista Carmen Montón sobre la opinión del Gobierno acerca de la regañina de Rouco Varela para que se agilicen los cambios sobre el aborto y los matrimonios del mismo sexo.

Los dos partidos mayoritarios no enseñan sus cartas del todo. El Gobierno y el PP anuncian una reforma de la ley del aborto para eliminar los plazos que estableció el gobierno socialista y sustituirlos por “indicaciones”, borrando así las bases de una ley que parte del derecho de las mujeres a decidir. La ley que prepara Gallardón será muy diferente tanto a la de Zapatero como a la norma anterior, que duró casi 25 años, incluidos los ocho del Gobierno del PP presidido por José María Aznar. Si esa reforma se consuma, el PSOE denunciará el concordato. ¿Cómo? No lo dicen, aún.

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Alfonso Alonso, que ha recalcado que las leyes las hace el Parlamento y que los obispos solo pueden opinar, casi ha retado al PSOE a que denuncie los acuerdos con el Vaticano que se hicieron en 1977 y que se han mantenido con todos los gobiernos. “Es el típico anuncio del PSOE cuando está en la oposición pero nunca hace cuando está en el Gobierno; es el partido que más años ha convivido con el Concordato”, ha recordado el portavoz popular. De momento, tanto la vicesecretaria general, Elena Valenciano, como la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, han dado muestras evidentes de su absoluta protesta por las intenciones gubernamentales de cambiar.

Entre tanto, José Luis Centella y Joan Coscubiela de Izquierda Plural (IU, ICV, CHA) critican la influencia de los obispos en el Gobierno. “El cardenal Rouco parece el vicepresidente del Gobierno de Rajoy”, ha dicho Centella. A modo de exigencia, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha dicho al Gobierno “que no se deje chantajear por nadie”, tampoco por la Iglesia. Y en la misma línea se expresa Aitor Esteban, del PNV, y Olaia Fernández Dávila, del BNG.

A pesar de las presiones de Rouco Varela, la modificación de la ley del aborto aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero figuraba en el programa electoral con el que el PP ganó las últimas elecciones generales, aunque probablemente la norma que finalmente salga aprobada no tendrá el alcance que esperan los sectores más conservadores. Gallardón quiere reponer al máximo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho del nasciturus.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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